¿Terrorismo o Delincuencia Organizada?; El Debate que Mantienen las Fuerzas Políticas de México
Ernesto L. Quinteros
Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo que su gobierno podría intervenir directamente en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga, han encendido las alarmas en Palacio Nacional y en todo el aparato político del país.
No es la primera vez que un mandatario estadounidense utiliza este tipo de retórica, pero el contexto actual de violencia y la creciente presión internacional han colocado a México en una posición complicada, diplomática y políticamente.
En medio de estas tensiones, el debate interno se ha intensificado a raíz del ataque perpetrado con un “coche bomba” en el municipio de Coahuayana, Michoacán. Un hecho que, hasta antes del estallido, era apenas conocido por la mayoría de los mexicanos.
Pero hoy, ese pequeño municipio se ha convertido en el epicentro de una discusión nacional que podría redefinir la postura del Estado frente a la violencia extrema.
Expertos en seguridad, analistas y organizaciones internacionales han coincidido en que la utilización de un explosivo para atacar a fuerzas de seguridad tiene características claras de terrorismo.
El gobierno mexicano, sin embargo, se resiste a catalogarlo de esa manera, pues hacerlo abriría la puerta a implicaciones legales y diplomáticas de gran peso, entre ellas, la posibilidad de que otros países -particularmente Estados Unidos- argumenten la necesidad de intervenir bajo la justificación de combatir una amenaza terrorista.
Pero más allá de las etiquetas, el fondo del asunto es que México enfrenta una situación cada vez más crítica. La violencia no solo ha escalado en métodos, sino también en audacia y crueldad.
La delincuencia organizada actúa en diversas regiones del país con una capacidad operativa que pone en evidencia las debilidades del Estado y la falta de una estrategia integral para recuperar territorios y garantizar la paz.
Hace apenas unas semanas, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo mostró la fragilidad institucional que viven los municipios. Tras ese crimen, cientos de elementos federales llegaron para realizar operativos y reforzar la seguridad temporalmente. Sin embargo, como ha sucedido en repetidas ocasiones, la presencia de fuerzas federales no parece trascender más allá de la coyuntura del momento, y una vez que se retiran, los grupos criminales retoman el control o se reorganizan para continuar operando.
Lo ocurrido en Coahuayana es un síntoma más de un problema que se ha extendido por años y que sigue sin resolverse: la ausencia de una estrategia de seguridad sólida, coherente y sostenida. La llamada “política de abrazos y no balazos” se ha convertido en un eslogan insuficiente frente al nivel de violencia que vive el país. Los grupos delictivos no solo han ampliado sus territorios, sino que han diversificado sus tácticas, sus actividades ilícitas y su capacidad de intimidación.
El debate sobre si estamos frente a un acto terrorista o uno más de delincuencia organizada no debería ser, en sí mismo, el centro de la discusión. Lo realmente urgente es replantear el modelo de seguridad, fortalecer las instituciones, reconstruir policías locales, mejorar los sistemas de inteligencia y romper las redes de corrupción que permiten que estos grupos se fortalezcan. Sin ello, cualquier definición legal será irrelevante ante una realidad sangrienta que avanza sin ser contenida.
También debemos reconocer que la violencia tiene un impacto directo en la percepción internacional del país. Cada incidente de alto impacto, como el coche bomba, deteriora la imagen de México ante socios comerciales, inversionistas y gobiernos extranjeros. Y cuando un país es visto como incapaz de controlar su propio territorio, se vuelve vulnerable a presiones diplomáticas, económicas y geopolíticas.
Hoy, más que nunca, México necesita asumir que el problema de la violencia no puede seguir siendo atendido con medidas fragmentadas, improvisadas o meramente reactivas. Se requiere una política de Estado, no de sexenio. Una visión de largo plazo que trascienda colores partidistas y que reconozca que la seguridad es un derecho ciudadano antes que un instrumento político.
La pregunta no debería ser si estamos ante terrorismo o delincuencia organizada. La verdadera pregunta es: ¿qué está dispuesto a hacer México para recuperar la paz? Mientras no exista una respuesta clara y contundente, los grupos criminales seguirán avanzando, el país seguirá perdiendo terreno y los ciudadanos seguirán viviendo entre el miedo, la incertidumbre y la frustración. El tiempo se agota. Y la violencia ya no espera. ¿Alguien dijo que quería un cambio?
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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