Austeridad con Blindaje Premium: la Justicia También Viaja en Camioneta Nueva
Ernesto L. Quinteros
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación la balanza no solo mide derechos y constitucionalidad; también pesa suspensiones reforzadas, asientos de piel y estándares de seguridad que, curiosamente, solo parecen alcanzarse a bordo de vehículos recién salidos de la agencia.
Porque mientras al ciudadano se le pide apretarse el cinturón -metafórica y literalmente-, en el máximo tribunal del país se decidió que era momento de aflojar la cartera institucional.
La Corte confirmó, sin rubor y con un lenguaje pulcro, la adquisición de nuevos vehículos para las nueve Ministras y Ministros. No habló de marcas ni de costos, como si omitir el nombre del lujo lo hiciera invisible. Pero la realidad, terca como siempre, se filtró: camionetas de alta gama, con un precio que ronda lo que muchas familias mexicanas no verán junto ni en varias vidas laborales.
El argumento es impecable en forma, aunque frágil en fondo: las unidades anteriores ya no cumplían con los “estándares adecuados de seguridad”. Es decir, la justicia estaba en riesgo… por el modelo del vehículo. No por la violencia estructural, no por la crisis de credibilidad, no por los rezagos judiciales, sino porque el parque vehicular ya no ofrecía la protección necesaria para trasladar a quienes deciden sobre el destino legal del país.
Eso sí, todo se hizo con “opiniones técnicas”, “criterios de prevención” y “apego estricto a la normatividad”. La austeridad, al parecer, también tiene manual, siempre y cuando incluya una cláusula que permita reinterpretarla cuando el asiento ya no es lo suficientemente cómodo. Porque en el México de hoy, la austeridad no se cancela: se ajusta… hacia arriba.
El detalle más fino del discurso institucional es que la compra no fue “discrecional”. Qué alivio. Saber que no fue un capricho, sino una necesidad administrativa, tranquiliza profundamente al ciudadano que usa transporte público inseguro, carreteras deterioradas o vehículos viejos porque no hay presupuesto -ni personal- para renovar nada más que el discurso.
Para evitar “un gasto mayor”, la Corte explica que desincorporó otros vehículos. Una suerte de trueque moral: se van varios viejos, llegan pocos nuevos, pero muy buenos. Porque la lógica es clara: si se va a gastar, que se note… aunque no se mencione.
Este episodio no es solo una compra cuestionable; es un símbolo. Refleja la distancia entre quienes administran la justicia y quienes la esperan. Mientras se predica austeridad republicana en el discurso público, en la práctica se reafirma que hay niveles: unos viajan apretados a la realidad y otros, blindados contra ella.
Tal vez no sea ilegal. Tal vez esté normado. Pero en un país donde la austeridad se vende como virtud y se exige como sacrificio colectivo, la justicia sobre ruedas de lujo no solo incomoda: exhibe. Porque cuando la Corte necesita camionetas nuevas para sentirse segura, lo que realmente queda en evidencia es que la austeridad, una vez más, se quedó estacionada afuera.
PC Estatal Coordina Emergencia Sanitaria en Tapachula.
Las contingencias representan una prueba fundamental para la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, especialmente cuando está en juego la salud de la población. El incendio registrado en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos de Tapachula derivó en una emergencia sanitaria que demandó acciones inmediatas, coordinación efectiva y una atención prioritaria por parte de los distintos niveles de gobierno.
En este contexto, la intervención del Gobierno del Estado fue determinante. Desde el inicio de la contingencia se activaron mecanismos de coordinación interinstitucional que permitieron articular capacidades técnicas y operativas, ordenar esfuerzos y atender de manera integral una situación que impacta directamente en el bienestar de miles de familias.
La participación de la Secretaría de Protección Civil del Estado, junto con autoridades federales y municipales, así como con cuerpos de seguridad y auxilio, reflejó un ejercicio de corresponsabilidad institucional orientado a la protección de la población. La suma de esfuerzos entre dependencias civiles y fuerzas de apoyo permitió fortalecer la atención de la emergencia y avanzar en la mitigación de riesgos.
Tapachula enfrenta desafíos complejos en materia ambiental y de salud pública, por lo que esta experiencia reafirma que la coordinación entre instituciones no es opcional, sino indispensable. La presencia activa del Gobierno del Estado en momentos críticos contribuye a generar certidumbre social y a fortalecer la confianza ciudadana, demostrando que la atención oportuna y el trabajo conjunto son pilares fundamentales de la gestión pública.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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