Vania Pérez Morales
La designación de diversos cárteles mexicanos como ForeignTerroristOrganizations (FTO) por parte del gobierno de Estados Unidos representa uno de los cambios más profundos en la política de seguridad hemisférica de los últimos años.
Aunque el debate público en México se ha concentrado en la posibilidad de intervenciones militares o en las implicaciones diplomáticas de la medida, el verdadero impacto podría encontrarse en otro lugar: el sistema financiero y su asfixia.
La UnitedStatesCounterterrorismStrategy 2026 y la NationalDrug Control Strategy 2026 revelan una estrategia integral que combina herramientas jurídicas, financieras, de inteligencia y seguridad nacional para combatir a organizaciones consideradas amenazas transnacionales.
Bajo este enfoque, dado a conocer en las últimas semanas por el gobierno vecino, los cárteles dejan de ser grupos criminales dedicados al narcotráfico y pasan a ser tratados como organizaciones terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos y del hemisferio, en la lógica de la estrategia Escudo de las Américas, abanderada junto con otros líderes de la región.
El cambio de categoría transforma las reglas económicas, pues las autoridades estadounidenses ya no se dedican exclusivamente a la persecución de líderes criminales o al decomiso de cargamentos de droga, como históricamente hemos visto en agencias estadounidenses como la DrugEnforcementAdministration (DEA).
Ahora buscan desmantelar los ecosistemas económicos, comerciales y financieros que permiten la operación de estas organizaciones. Ojo: la globalización y el crecimiento transnacional del crimen hacen necesarias estas medidas.
La decisión tiene su origen en la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump a finales de enero de 2025, denominada DesignatingCartels and OtherOrganizations as ForeignTerroristOrganizations and SpeciallyDesignated Global Terrorists. Desde entonces, la narrativa estadounidense, impulsada desde la White House, ha endurecido progresivamente sus posiciones, vinculando cada vez con mayor frecuencia fenómenos de corrupción política, tráfico de drogas, migración irregular y seguridad nacional.
Nos guste o no, la promesa realizada por Trump a su electorado ha sido consistente: atacar la capacidad financiera de los cárteles y de todas las estructuras que faciliten, directa o indirectamente, sus operaciones.
La estrategia busca generar una asfixia económica sobre los círculos concéntricos que rodean a estas organizaciones, extendiendo el riesgo a proveedores, intermediarios, prestadores de servicios, transportistas, operadores financieros e incluso empresas que pudieran mantener relaciones comerciales con actores vinculados a las organizaciones designadas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la FinancialCrimesEnforcement Network (FinCEN), ha comenzado a emitir alertas dirigidas a instituciones financieras para reforzar la vigilancia sobre actividades consideradas de alto riesgo.
Las implicaciones para México podrían ser devastadoras. Señalo a continuación las tres más relevantes:
La primera es la expansión del concepto de material support to terrorism. Bajo este criterio, empresas, proveedores, intermediarios o particulares podrían enfrentar riesgos legales si proporcionan bienes, servicios, financiamiento, transporte, infraestructura o cualquier otro apoyo a organizaciones designadas como FTO.
El umbral de riesgo se amplía considerablemente y genera incertidumbre para sectores económicos enteros; no solo para los proveedores de precursores, sino hasta para la tiendita que provee empaques o la empresa transportista que, sin saberlo, colabora con ellos.
La segunda es el congelamiento de activos y el bloqueo financiero. La designación facilita la imposición de sanciones, restricciones operativas y cierres preventivos de cuentas bancarias.
La tercera es la presión creciente sobre la banca mexicana. Las instituciones financieras tendrán incentivos para endurecer sus mecanismos de conocimiento del cliente KnowYourCustomer (KYC), debida diligencia, identificación de beneficiarios finales y monitoreo transaccional. También podría incrementarse el fenómeno conocido como de-risking o sobrecumplimiento, mediante el cual bancos y empresas prefieren excluir clientes, regiones o sectores completos para evitar riesgos regulatorios.
Lo que comienza a incomodar es hasta dónde llegará esa lógica.
Si la estrategia consiste en seguir el dinero, rastrear relaciones económicas y desarticular redes de apoyo, ¿qué ocurrirá con los entornos políticos señalados en investigaciones estadounidenses?
¿Qué sucederá con contratistas, proveedores, operadores financieros o empresas vinculadas a gobiernos locales cuyos funcionarios han sido objeto de señalamientos o investigaciones? ¿Podrían convertirse también en sujetos de escrutinio por parte de autoridades extranjeras?
¿México está preparado para las consecuencias? Sun
