*LA POLICÍA FEDERAL ESTA DETENIENDO VEHÍCULOS Y CHOFERES AL DETECTAR LA ANOMALÍA. *EMPRESARIOS DE LA REGIÓN QUE HAN ADQUIRIDO UNIDADES, SE QUEJAN QUE LES ESTÁN GENERANDO GASTOS EN PAGOS DE ABOGADOS, ARRASTRE DE UNIDADES, CUSTODIA Y PENSIÓN EN LOS CORRALONES OFICIALES.
Tapachula, Chiapas; 23 de Octubre.- La Secretaría de Hacienda en Chiapas está entregando placas para el servicio público, supuestamente nuevas, pero que en la plataforma nacional de seguridad aparecen con reporte de robo y, por ello, la Policía Federal ya empezó a detener a los vehículos y a sus choferes, aún cuando son inocentes.
Un grupo de empresarios de la región acudieron a esta Casa Editorial para denunciar los hechos, porque independientemente de que los están tratando como delincuentes, les están generando gastos muy grandes en pagos de abogados, arrastre de sus unidades, custodia y pensión en los corralones oficiales.
De acuerdo a lo que relataron, compraron sus vehículos -nuevos o usados- para el uso particular o de las operaciones propias de sus empresas y acudieron a la Secretaría de Hacienda para hacer los trámites de emplacado.
Ahí presentaron la documentación que les requerían, hicieron los pagos correspondientes y, después de algunos días, obtuvieron sus placas, todo aparentemente legal y sin problema alguno.
Sin embargo, señalan que en los operativos implementados recientemente por la Policía Federal en la región Soconusco, les han detenido varias unidades y a los conductores, porque las placas corresponden a vehículos con reporte de robo.
Según narraron, los carros son trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado y después, con el uso de una grúa, hacia algún corralón de la sociedad.
Para ello, lo empresarios y particulares afectados tuvieron que emprender un engorroso proceso para comprobar la inocencia de quien adquirió el vehículo, las placas y del que conducía el carro en ese momento.
Así, con facturas originales han podido acreditar ante el agente del Ministerio Público que los vehículos no tienen ningún problema judicial.
Al profundizar las investigaciones, las autoridades se percataron que los números de serie de cada unidad detenida, ubicados en la parte frontal de los tableros, motor, chasis, laterales y en otras partes ocultas, coincidían entre sí, no presentaban alteración y tampoco aparecían en el listado nacional de vehículos robados.
Es decir, el problema está en las placas que, efectivamente, fueron de vehículos que tienen reportes de robo en los últimos 18 años.
La situación es grave porque pudieran ser miles de unidades que estén transitando con ese tipo de placas estatales en Chiapas y que, en cualquier momento, los conductores o propietarios pueden ser detenidos y llevados ante una autoridad, para que comprueben su inocencia o ser procesados.
Para calcular la magnitud del problema, a una sola empresa de Tapachula le han detenido cinco vehículos, dos de ellos en la última semana.
Estos son: una camioneta Nissan, modelo 2016, con placas CX-69-165; un Chevrolet Duty, 2005, CW-77-180; y un camión Mercedes Benz Sterling M-6500, 2007, CW-77-198.
De igual forma, otro camión Mercedes Benz de características similares, modelo 2003, CW-77-175; y una camioneta Silverado 1500, del 2003, y placas CW-77-176.
Por ejemplo, en el caso de la camioneta Nissan, según la Plataforma Nacional, las placas corresponden a un vehículo robado el 20 de Abril del 2006 en la Entidad y denunciado ante la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), de Chiapas, tres días después.
Mientras que las placas que la Secretaría de Hacienda entregó al propietario del Chevrolet Duty, corresponden a una unidad robada el 20 de Julio del 2003, también en Chiapas, y denunciado penalmente los hechos ese mismo día.
En tanto que las placas que la dependencia entregó para el uso de uno de los camiones Mercedes Benz, la CW-77-198, corresponden a un vehículo que fue robado el 18 de Agosto del 2000.
Luego del proceso administrativo y judicial que han tenido que emprender los propietarios de las unidades detenidas y los choferes, las autoridades han comprobado que ellos no tienen delito alguno qué perseguir y los han tenido que dejar en libertad
Tal es el caso del camión Mercedes Benz con placas CW-77-175, que la fiscal del Ministerio Público, María del Rosario Cruz Morales, entregó a su propietario, de acuerdo al oficio 1063/0841/2018, tras comprobar que el vehículo no era robado.
Pensando que ya había resuelto todo y lo conducente se reducía a recoger su camión, el propietario se presentó al corralón oficial y ahí empezó otro calvario.
Le informaron que para que pudiera llevarse su vehículo, en el que no se cometió delito alguno de acuerdo a lo que resolvieron las autoridades, debería de pagar los gastos de traslado a ese lugar.
Según la factura 6003, de la empresa Grúas Nasa, presentada por el afectado a este rotativo, le cobraron 3 mil 600 Pesos, solamente por concepto de arrastre del vehículo que, por cierto, en el momento de su detención trabajaba con toda normalidad y sin falla alguna; o sea, podía llevarse al corralón sin problema.
También le requirieron el pago de mil 600 Pesos por la pensión de la unidad, durante los ocho días en que estuvo encerrado en ese lugar; más dos mil por concepto de custodia; mil 153 Pesos del Impuesto al Valor Agregado; y 144 de la retención del IVA, haciendo un total de 8 mil 217 Pesos.
De acuerdo al Registro Público Vehicular (REPUVE), la unidad a la que originalmente le fue asignada esas placas, fue robada el 2 de Junio del 2001 y por ello se abrió una averiguación previa ese mismo día.
Pero el mismo REPUVE dio a conocer que el camión detenido por esas causas, al verificar los números de serie resultó que no cuenta con reporte de robo; o sea, confirmó que el problema son las placas.
Así está el resto de los expedientes de los carros detenidos hasta el momento, en donde el común denominador es que todos son vehículos sin problema judicial alguno, que fueron comprados y facturados con todos los requisitos que marca la ley, pagaron sus impuestos y recibieron a cambio placas de circulación con reportes de robo.
Se desconoce hasta el momento cuántos casos sean en total en Chiapas, pero podrían ser miles, incluso de una sociedad que aún no sabe que circula bajo esas condiciones, o de aquellos que compraron sus carros directamente a las agencias y que, confiados de ser los únicos dueños, desconocen que podrían ser detenidos en las próximas horas por robo de vehículos, es decir, como delincuentes.
Tampoco se sabe si esos hechos pudieron ser derivado de actos de corrupción de funcionarios de esa dependencia o cuáles son los motivos para ese grave error.
La actuación de la Fiscalía General de Justicia, para garantizar la transparencia en la aplicación de la ley, sería la de profundizar las investigaciones y fincar responsabilidades a quien o quienes estén involucrados, incluso si son servidores públicos.
Así también, dar parte a otras dependencias, como la Contraloría General del Estado, para que, por su lado, también se lleve a cabo una auditoría que permita precisar cuántos miles de afectados pudiera haber y lo que se va a proceder.
Hasta el momento no se sabe quién les regresará los gastos originados a los propietarios de los vehículos sancionados, ni tampoco qué pasará con aquellos conductores que no tengan dinero para pagar los abogados que comprueben su inocencia y para sacar sus carros de los corralones o, quizá, ya existan esos casos y los choferes o propietarios pudieran estar detenidos, sin que la sociedad lo sepa. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
