* DEL 2006 AL 2011 EL ROBO DE GAS A PEMEX SE DIMENSIONÓ, YA QUE DIVERSOS GRUPOS CRIMINALES ROBARON GAS Y COMBUSTIBLE EN CONTUBERNIO CON EMPLEADOS DE LA PETROLERA, SUS CONTRATISTAS Y EMPLEADOS ADUANALES, PARA EXPORTARLO A TEXAS.
El robo de combustible adquirió una dimensión internacional entre 2006 y 2011, cuando el diversas organizaciones criminales robaron condensado de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en contubernio con empleados de la petrolera, sus contratistas y empleados aduanales, para exportarlo a Texas.
Ante ello, Pemex Exploración y Producción (PEP), filial de la ahora empresa productiva del Estado, entabló tres demandas ante la Corte del Distrito Sur de Texas contra 24 empresas y seis individuos acusados de apropiación indebida proveniente del uso de propiedad robada, enriquecimiento ilegal, recepción de dinero ilícito, conspiración civil para cometer un delito y violaciones de las leyes de Responsabilidad por Robo -de Texas- y la de Organizaciones Corruptas e Influidas por la Mafia.
Pero ese intento por recuperar más de 300 millones de Dólares de grandes conglomerados -como BASF Corporation, Shell, Marathon Petroleum y ConocoPhillips- falló, pues Pemex apenas recobró unos ocho millones.
El 10 de Junio de 2010, PEP interpuso la querella 4:2010cv01997, el 29 de Mayo de 2011 el legajo 4:2011cv02019 y el 10 de Abril de 2012 el expediente 4:2012cv01081.
En esos documentos -consultados por Proceso- la empresa relató las operaciones efectuadas por los acusados, la mecánica de la rapacería y los daños económicos padecidos.
En el periodo aludido, PEP operaba unos 2 mil 800 pozos de gas en el Activo Integral Burgos -que se extiende por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas-, cuyos hidrocarburos fluyen a unas 150 estaciones de recolección y de las cuales los ductos parten hacia tanques en uno de los 52 sistemas de distribución de la filial de Pemex.
De ese ramal, la subsidiaria traslada el material, vía tendidos o carrotanques, a una terminal de almacenamiento en Reynosa, Tamaulipas.
El expediente 4:2012cv01081 describe que los miembros de los cárteles hurtaban el condensado de los sistemas de distribución, secuestraban los transportes de PEP e incluso construyeron túneles y sus propios ductos para sustraer el hidrocarburo.
Los importadores estadunidenses adquirían el condensado y enviaban a México camiones cargados con agua pero rotulados como si fuera gasolina. Al trasponer la frontera los vaciaban y luego rellenaban con el hidrocarburo robado.
Los exportadores falsificaban documentos de Pemex y hacían pasar la carga como si fuera de solventes, combustible o cualquier otro hidrocarburo y que terminaba en las localidades texanas de Rio Grande, George West, Ingleside, San Antonio, Houston y Port Arthur.
En los expedientes, PEP argumentó que la mayoría de los acusados estaba consciente de que vendía un producto saqueado.
Pero, pese a que sabía que su material estaba siendo robado aproximadamente desde 2006, fue hasta el 7 de Junio de 2010 cuando presentó la primera demanda civil.
El retraso en la presentación de las demandas, que suman más de 700 archivos, provocó que fuese imposible la persecución legal de varios de los implicados.
Para Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Escuela Schar de Política y Gobierno, de la Universidad George Mason, fue el asalto de un grupo armado el que cambió la faz del huachicoleo, con la exportación ilícita a EU dentro de una estrategia de diversificación de actividades criminales.
“En 2007 extraditan a Osiel Cárdenas (capo del Cártel del Golfo) y pierde el control. Los Zetas se independizan y ahí se agudiza el robo de combustible en Burgos. Empiezan con condensado de gas que termina en Texas. Usaban esquemas de corrupción bien ajustados”, explica a Proceso la autora del libro ‘Los Zetas Inc.’ (2017).
En su libro, Correa-Cabrera indica que “La Compañía”, como también se le conoce, ha estado infiltrando a Pemex para diversificar sus fuentes de ingreso. Incluso el tráfico de grandes cantidades de hidrocarburos ha surgido como una de las principales, más que el secuestro de migrantes y casi tanto como el narcotráfico.
Relata también que en 2010 bandas criminales tomaron el control del pozo Gigante-1, que produce gas natural y se localiza en Nueva Ciudad Guerrero, cerca de Nuevo Laredo. Esos grupos empezaron a robar hidrocarburos en la zona y los vendieron a empresas e individuos en ambos lados de la frontera.
La obra, que diagrama la operación y estructura de los cárteles como empresa criminal globalizada, señala que la cercanía de la frontera ha permitido a esos grupos utilizar las redes de narcotráfico para exportar combustible robado de Pemex de forma muy sofisticada, lo cual demuestra claramente la ausencia de adecuados mecanismos de vigilancia y el posible involucramiento de funcionarios públicos.
Para Correa-Cabrera, la Operación Reckoning muestra la colusión entre Pemex y los grupos criminales, con conocimiento de los directivos de la paraestatal. Apro
