Tapachula, Chiapas; 10 de Junio.- Con el uso de la fuerza pública, este lunes por la mañana, poco más de dos mil comerciantes ambulantes fueron desalojados de las calles, banquetas y otros espacios del primer cuadro de la ciudad.
En las acciones, en la que participaron 120 policías y unos 30 inspectores del Departamento de Servicios Públicos, hubo resistencia de parte de los ambulantes, hasta llegar al enfrentamiento, con un saldo de varios detenidos.
El operativo, que comenzó en las primeras horas del día, se realizó en el cuadrante de la 10ª Avenida Norte, entre la 1ª y la 9ª Poniente.
En algunas de esas calles, como lo ocurrido en la 5ª Poniente, los comerciantes informales se habían apoderado literalmente del afluente vehicular y, por ello, las unidades del servicio público tuvieron que modificar sus rutas en ese sector y se formaba un caos vehicular.
También fue retirada la mercancía que los propietarios de locales establecidos tenían en las banquetas y en las arterias vehiculares.
Esta es la tercera ocasión en lo que va del año en que los policías municipales se enfrentan con los ambulantes y otra hacia recolectores de basura.
En la primera ocasión que retiraron a los vendedores informales de algunas calles de la ciudad, al otro día se instalaron de donde ahora fueron retirados.
Algo similar ocurrió hace unos días en las inmediaciones del Hospital Regional, en donde se utilizó la fuerza pública para retirarlos porque en ese nosocomio se daría el arranque a las acciones en contra del Dengue y participarían autoridades federales y estatales.
Pero, una vez que se fueron los funcionarios, todo volvió a la normalidad y de nueva cuenta los informales se instalaron en uno de los dos carriles de la calle.
En todos los casos, se cree que las arremetidas sirven solamente para aumentar las cuotas que les piden para instalarse.
Ahora se dijo que las acciones emprendidas son de acuerdo a lo que establece el nuevo Bando de Seguridad y Buen Gobierno, aprobado apenas la semana pasada.
Mientras eso ocurre, algunos ambulantes argumentaron que no los podían desalojar porque estaban amparados y que, para ello, habían pagado a “los abogados”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello