* Extranjeros que Cumplen con los Requisitos Legales Para la Residencia Siguen sin ser Entrevistados, Notificados o Resueltos
Tapachula, Chiapas; 3 de Enero del 2026.- La crisis migratoria en la frontera sur de México continúa agravándose sin respuestas claras por parte de las autoridades. Cientos -e incluso miles- de personas migrantes de diversas nacionalidades permanecen varadas en Tapachula, atrapadas en un limbo administrativo debido al rezago en los trámites de regularización ante el Instituto Nacional de Migración (INM).
Esta parálisis administrativa tiene consecuencias directas y graves. Las personas migrantes, al no contar con documentos migratorios vigentes, quedan expuestas a detenciones arbitrarias, extorsiones, discriminación, abusos de autoridad y a la violencia del crimen organizado. Vivir sin estatus legal en Tapachula se ha convertido, para muchos, en una condición de riesgo permanente.
Organizaciones y defensores advierten que el problema no es nuevo, pero se ha normalizado peligrosamente. La falta de transparencia, la opacidad en los plazos de resolución y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas han profundizado la desconfianza hacia las autoridades migratorias. Mientras tanto, la ciudad continúa funcionando como una frontera de contención, donde miles de personas sobreviven sin acceso pleno a trabajo, salud ni seguridad.
El cierre de 2025 deja en evidencia que el modelo actual de gestión migratoria en el sur del país está rebasado. De cara a 2026, resulta urgente que el Estado mexicano atienda este rezago estructural, garantice el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y cumpla con los plazos y obligaciones que marca la ley.
Resolver la crisis migratoria en Tapachula no puede seguir siendo una promesa postergada. Es una deuda humanitaria y legal que debe enfrentarse con voluntad política, transparencia y acciones concretas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros
