Tapachula, Chiapas; 3 de Enero del 2026.- El abogado José Luis Pérez Jiménez denunció públicamente la situación de riesgo extremo que enfrenta una joven migrante nicaragüense en la frontera sur de México, quien huyó de su país tras ser perseguida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, debido a su participación en manifestaciones opositoras.
La mujer, identificada como Neisis Mercedes Rostrando, de 27 años de edad y nacionalidad nicaragüense, relató que salió huyendo de Nicaragua tras recibir múltiples amenazas por parte de la policía del régimen, al ser considerada activista política contraria a la dictadura. Aseguró que su vida corre peligro si regresa a su país, donde -afirma- no existen garantías mínimas para su defensa.
Pérez Jiménez sostuvo que el caso encuadra plenamente en el artículo 13, fracción II, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en el artículo 5 de su reglamento, al existir un temor fundado de persecución política.
Además, invocó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente el precedente del caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, sobre la figura de “angustia extrema” o situación de insoportabilidad jurídica.
El abogado recordó que en años recientes más de 200 activistas nicaragüenses fueron privados de su nacionalidad y desterrados, sin acceso a recursos judiciales efectivos, lo que los convirtió de facto en apátridas. Afirmó que Neisis Mercedes podría convertirse en una nueva víctima de ese mismo patrón represivo.
Ante ello, exigió al Instituto Nacional de Migración (INM), específicamente a la Subdirección de Regulación Migratoria en la Zona Sur, que agilice de inmediato su trámite migratorio y le otorgue la residencia permanente, conforme al artículo 52, fracción IX, de la Ley de Migración, advirtiendo que su integridad está en riesgo incluso en territorio mexicano.
El litigante alertó sobre la presunta presencia en Chiapas de agentes de inteligencia extranjeros que vigilan y amedrentan a disidentes de sus propios países, y llamó al Estado mexicano a garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las personas migrantes.
Finalmente, subrayó que, aunque existen garantías jurídicas en la Constitución y en la ley, la aplicación real de estos derechos sigue siendo una deuda pendiente para el sistema político mexicano. EL ORBE/ JC
Abogado Denuncia Riesgo Inminente para Migrante Nicaragüense en la Frontera Sur
