* Denuncian uso de Recursos Públicos Para Fines Personales.
Tapachula, Chiapas; 27 de Agosto.- Alrededor de 3 mil habitantes de Tuxtla Chico solicitaron por escrito la intervención del gobernador Manuel Velasco Coello, porque aseguran que el aún alcalde de ese municipio, Juan Carlos Orellana García, está utilizando los recursos del erario para beneficiar a su negocio particular.
En entrevista exclusiva para este rotativo, representantes de comités ejidales y autoridades rurales, dijeron que su protesta también la están remitiendo a los órganos fiscalizadores del Gobierno Federal y del Estado, así como de organismos internacionales.
Se trata de la construcción de un pozo profundo que el Alcalde insiste en construir a unos metros de un centro recreativo de albercas, propiedad de su familia, aún cuando los habitantes de ese municipio están en contra.
Con documentos en mano, comprobaron que desde antes de que entrara en funciones el actual Ayuntamiento, hubo irregularidades en ese proyecto.
Por ejemplo, según señalan, en Septiembre del 2015 y aún sin haber tomado protesta al cargo, la actual síndico, Mayra Santiago Castellanos, firmó la donación de un terreno que se encuentra cerca al Deportivo Valeria, rumbo a Suchiate, para que se realizara ese proyecto, aunque nunca se puso una sola piedra ahí.
Sin embargo, pobladores de la comunidad de 1ª Sección de Medio Monte, realizaron una asamblea el 9 de Septiembre del 2015 y acordaron firmar un acta en la que expresaron abiertamente no estar de acuerdo con el proyecto.
Contrario a ello, aseguran que el Alcalde ha buscado todas las formas posibles para llevar ese pozo lo más cerca que se pueda a su negocio, el cual consume cantidades industriales de agua.
Desde entonces y hasta mediados del año pasado, los pobladores y las autoridades rurales firmaron actas para dar a conocer su inconformidad a las autoridades de los tres niveles de Gobierno.
Por ejemplo, en un documento señalan que, reunidos en la Agencia Municipal, acordaron los habitantes de las comunidades de ese sector, incluyendo a Las Trozas, El Aguacate, Las Palmas, Ortiz, entre otros, estar en desacuerdo de ese proyecto por no requerir de agua potable.
Así también, que no daban su aprobación para la introducción de los tubos que llevarían el vital líquido desde el pozo y pasarían por sus propiedades, en busca de llegar hasta las albercas del balneario.
Ese documento fue firmado por el agente municipal, Christian Martínez Santeliz; el juez rural, Jesús Mejía Miranda, y los pobladores de esas comunidades.
Ante la insistencia de Orellana, el Agente Municipal de la Segunda Sección de Izapa, Marvin Hernández Mejía, también atendió a las comunidades de otro sector y levantó un acta el 15 de Diciembre del año pasado, la cual después remitió a las autoridades.
En la misiva expresa claramente la inconformidad generalizada de los habitantes en torno a la construcción del pozo profundo, además de que, para esa obra, el Alcalde nunca tomó en cuenta a la población.
Y es que de acuerdo a los manifestantes, el pozo profundo absorberá gran parte del agua en el subsuelo para satisfacer las necesidades del parque acuático, y dejará secos los pozos artesianos que hay en cada vivienda y con ello el líquido sería monopolizado por las décadas siguientes.
Obviamente, el Edil no escuchó esos reclamos y siguió con su proyecto. Ante ello, las autoridades rurales y representantes ejidales acudieron el 01 de Febrero de éste año ante la Subsecretaría de Gobierno del Estado, donde se firmó una minuta.
Entre otras cosas, las autoridades se comprometieron atender esa problemática y buscar la adecuación para la construcción del pozo profundo, en un lugar donde hubiera el consenso social.
A mediados de ese mismo mes, hubo también una reunión en la que se integraron los representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Delegados y otras autoridades.
Ese día había sido citado el Presidente Municipal, pero no llegó a la reunión. Por lo mismo fue levantada un acta circunstancial.
A finales de Febrero, los pobladores de la Segunda Sección de Izapa también realizaron una asamblea, encabezada por el juez rural, Adán Pérez Godínez, en donde concluyeron que impedirían la construcción del pozo.
Mientras, en esas mismas fechas hicieron un documento firmado por alrededor de 3 mil pobladores, dirigido a Velasco Coello, en el que explicaron detalladamente lo ocurrido.
Días después, según argumentan, recibieron amenazas de parte de trabajadores de la constructora y de dos patrullas de la Policía Municipal, de que si no dejaban que se construyera el pozo, los iban a detener y a remitir al Ministerio Público.
Revelaron que, para lograr sus objetivos, el Presidente nombró a la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Carmela de la Cruz López, como la titular del Patronato de Agua Potable de ese sector.
A partir de entonces, según revelaron, han acudido a infinidad de reuniones con autoridades federales y estatales, tanto en Tapachula como en Tuxtla Gutiérrez, se han firmado más minutas, pero el problema ha ido creciendo.
La obra siguió su paso y, ante los oídos sordos, los habitantes decidieron bloquear en reiteradas ocasiones esos trabajos que, en al menos dos ocasiones, aseguran ha habido enfrentamientos, en donde la Policía Municipal ha llegado a proteger a la constructora. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello
