*Debe Esclarecerse: Juan José Canul.
Tapachula, Chiapas; 16 de junio.- Ante las constantes denuncias públicas de cobro de dádivas, incumplimiento de reglas de operación y uso de medios de presión hacia beneficiarios del programa “Sembrando Vida”, Diputados Federales exigieron investigar a fondo y castigar a quienes resulten responsables.
Juan José Canul Pérez (PRI), secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR), realicen esas indagatorias, por señalamientos de presuntos actos de corrupción.
A nombre de esa Comisión, llamó a esos órganos a emprender una investigación y fiscalización integral, sobre los recursos ejercidos.
Destacó que se trata de uno de los programas más relevantes del Gobierno Federal, por los supuestos empleos que genera y la población que ocupa. Debido a ello, al iniciar el año el Presidente dio a conocer la ampliación de su presupuesto y el área geográfica de intervención.
“Lamentablemente, desde su implementación se han dado a conocer una serie de irregularidades que ponen en duda sus beneficios, impactos al medio ambiente y bienestar de las familias, incluso se ha convertido en un mecanismo de extorsión y engaños a los campesinos de nuestro país”, manifestó.
Asimismo, que “son permanentes las quejas sobre el incumplimiento en los cronogramas de entrega de semillas o su distribución una vez terminada la temporada de lluvias; este panorama poco alentador se agrava debido al reparto de plantas muertas, falta de herramientas de trabajo y nulos mecanismos de riego, acceso y tratamiento de agua”.
Por si fuera poco, la carencia de plantas adecuadas y suficientes para los requerimientos de cada región, ha quedado plasmada en sus actas de sesiones, de manera particular, las limitantes bajo las cuales las comunidades de aprendizaje de campesinos laboran en viveros y zonas de plantíos.
Incluso consideró que “se trata de un programa caracterizado por su falta de transparencia en cómo se realizan los padrones de beneficiarios, mecanismos de adjudicación, compra de material y en general, el uso de los recursos públicos”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
