Más de 50 Mil Migrantes se Encuentran Varados en la Ciudad Fronteriza de Tapachula

* Activistas Piden la Implementación de la Ley de Migración Para que los Extranjeros Puedan Regularizar su Situación y Abandonar el País.

Tapachula, Chiapas; 15 de Febrero de 2026.- Tapachula se ha convertido en un símbolo de la creciente crisis migratoria que azota la frontera sur de México.
A pesar del silencio oficial, las calles de esta Ciudad chiapaneca son testigos del desbordamiento de miles de migrantes atrapados en un limbo legal y administrativo.
La situación ha alcanzado dimensiones alarmantes, con más de 50,000 migrantes varados, en su mayoría de Venezuela y Cuba, sin opciones claras de regularizar su estatus.

Luis García Villagrán, defensor de los derechos de las personas migrantes, denuncia que el contexto de deportaciones masivas impulsadas por la administración de Donald Trump, junto con la creciente xenofobia y agresividad de las políticas migratorias, ha exacerbado aún más la crisis.
“No estamos ante un fenómeno aislado, las deportaciones continúan mientras siguen llegando nuevos migrantes, muchos de ellos venezolanos, que superan los 20,000 y buscan regularizar su situación”, afirma García Villagrán.
Según cifras extraoficiales, en Tapachula y municipios cercanos como Huixtla, Suchiate, Metapa y Tuxtla Chico, se estima que hay alrededor de 50,000 migrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Mientras tanto, las autoridades reportan entre 13,000 y 14,000 personas en trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Sin embargo, la discrepancia entre las cifras oficiales y la realidad en el terreno pone en evidencia la opacidad en la gestión migratoria.
El núcleo de las denuncias recae en la falta de aplicación del Artículo 52 de la Ley de Migración, que establece la entrega de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias a migrantes en situación irregular.
Este documento, válido por un año y que les permitiría transitar legalmente por todo el territorio nacional, ha sido suspendido por decisiones discrecionales del INM.
Como resultado, los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, expuestos a extorsiones tanto por parte de autoridades como de grupos delictivos.
Con el aumento de deportaciones proyectado para los próximos meses, organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen una respuesta inmediata y efectiva del Gobierno mexicano.
Activistas, migrantes y organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a los legisladores para que intervengan y garanticen que la ley sea aplicada sin excepciones, poniendo fin a la corrupción y la falta de transparencia que han marcado la gestión de la migración en la región. EL ORBE/Nelson Bautista