La Cárcel Femenil Perjudicada por la Austeridad; Suma 21 Suicidios

«Yo como mamá tengo derecho a saber la verdad», dice la madre de Jheralding Marcela Pantoja Botero, mujer colombiana que murió el pasado 6 de febrero en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso) 16 en Coatlán del Río, Morelos. Su caso es el último de una serie de 21 suicidios registrados desde 2020 en el penal federal.
Jheralding fue detenida en México por presunta posesión de armas. Se le aplicó prisión preventiva oficiosa y fue recluida en el Cefereso 16 durante siete años sin sentencia. Su madre, Mónica Botero, rechaza que el deceso de la mujer fuera un suicidio. «Mami, ya mero salgo y apenas llegue a Colombia, quiero que me prepare mi comida preferida», le dijo la joven colombiana a Mónica poco antes de su fallecimiento.
Tras la muerte de Jheralding, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para esclarecer las presuntas violaciones a los derechos de la reclusa y la aplicación de los protocolos de atención en el caso.
No fue la primera vez que la institución se pronunció por hechos ocurridos en el Cefereso 16, pues en 2024, la comisión emitió recomendaciones por los suicidios de 13 mujeres en el penal registrados entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, de 2020 a 2025, 21 mujeres se han quitado la vida en esta cárcel. Las cifras superan significativamente al segundo penal federal con más suicidios en el mismo periodo: el Cefereso 12, que contabiliza 13 suicidios desde 2020.
Una política de «ahorro» que cobra vidas
Viridiana Molina, quien se convirtió en activista tras ser absuelta de los cargos que la llevaron a estar recluida en el Cefereso 16, atribuye el aumento de suicidios a la concentración de mujeres privadas de la libertad por delitos tanto del fuero federal como del fuero común.
La convivencia de reclusas por delitos de distinto orden tiene su origen en una serie de acuerdos del gobierno federal, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con las empresas encargadas de administrar las cárceles.
Las negociaciones se realizaron luego de que el exmandatario se quejara de un gasto «leonino» en los penales federales, pues los contratos con las empresas que operan las prisiones implicaban un gasto fijo mensual, con independencia del número de personas reclusas en los Ceferesos.
Ante este panorama, en 2021 el gobierno acordó medidas para generar un ahorro de más de 10 mil millones de pesos, entre ellas, el traslado de personas recluidas en penales estatales a cárceles federales, como el Cefereso 16. Así, personas privadas de la libertad por delitos del fuero común, como homicidio y extorsión, terminaron bajo el mismo techo que aquellas procesadas por delitos del fuero federal, como narcotráfico y delincuencia organizada.
Denuncian falta de adecuada atención sicológica.
Viridiana Molina señala a Gabriela Cerón, exdirectora del Cefereso 16, como responsable de repartir antidepresivos a «diestra y siniestra». Geovana C. coincide en que no hay un control adecuado en la administración de medicamentos dentro del centro penitenciario y advierte también una atención precaria a la salud mental de las internas.
Mónica Botero señala que, durante las videollamadas de 10 minutos con su hija, en algunas ocasiones la veía con golpes, pero Jheralding se limitaba a decir que había tenido problemas con una custodia. A veces la veía «dopada», pues estaba siendo medicada, sin embargo, Mónica nunca tuvo conocimiento de qué medicamento se le estaba administrando.Sun