* Por Presuntos Actos de Corrupción del Alcalde.
Cacahoatán, Chiapas; 3 de Enero de 2026.- Habitantes del municipio de Cacahoatán solicitaron a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que investigue la administración municipal encabezada por el alcalde Víctor Pérez Saldaña, ante presuntos actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, particularmente por los elevados sueldos asignados a funcionarios de primer nivel, los cuales califican como desproporcionados.
El Edil, emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se ha visto envuelto en diversos señalamientos y escándalos a poco más de un año y tres meses de gestión, situación que -aseguran los inconformes- ha generado un clima de desconfianza y descontento social.
Entre las principales irregularidades denunciadas se encuentran los excesivos salarios y prestaciones laborales que presuntamente se habrían autoasignado altos funcionarios del Ayuntamiento, así como la adjudicación de obras públicas sin cumplir con los procesos de transparencia, en las que incluso se acusa al Alcalde de favorecer a familiares y personas cercanas.
Otra de las acciones cuestionadas es la autorización de un basurero en la comunidad de La Soledad, donde, según denuncias ciudadanas, se habrían utilizado recursos públicos de manera irregular para su instalación, sin atender el impacto ambiental ni social para la población.
A estos señalamientos se suma la serie de rezagos que enfrenta el municipio, como la falta de alumbrado público, pavimentación, drenaje y suministro de agua potable en diversas colonias y comunidades, problemas que continúan sin resolverse.
En los primeros días de este 2026, también ha trascendido que el Edil mantiene diferencias con funcionarios de primer nivel, a quienes habría retirado su confianza debido al incumplimiento de acuerdos internos, lo que refleja una administración fracturada y sin rumbo claro.
Ante este panorama, ciudadanos exigen una revisión a fondo del ejercicio de gobierno municipal y que las autoridades fiscalizadoras actúen para esclarecer las presuntas irregularidades y garantizar el uso correcto de los recursos públicos. EL ORBE/ Mesa de Redacción
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