Tapachula, Chiapas; 15 de Marzo del 2026.- El reciente rechazo a la reforma político-electoral impulsada por el Ejecutivo Federal generó diversas reacciones en el ámbito jurídico y político del país.
Para el doctor en Ciencias Jurídicas y abogado litigante Manuel de Jesús Márquez González, este episodio refleja la complejidad de modificar las reglas del sistema democrático y la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas.
El jurista explicó que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formaba parte de una serie de transformaciones planteadas desde el sexenio anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la reforma al Poder Judicial, que se concretó el año pasado.
Entre los puntos más relevantes de la propuesta electoral se encontraba la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y cambios en la representación legislativa, particularmente en el número de Diputados plurinominales en la Cámara de Diputados de México.
Sin embargo, la iniciativa no alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, ya que se necesitaban dos terceras partes de los votos del Congreso. Aunque obtuvo más de 250 sufragios a favor, la cifra quedó lejos de los 332 necesarios para avanzar en el proceso legislativo.
Márquez González señaló que uno de los temas centrales en la discusión fue el riesgo de generar una sobrerrepresentación política que pudiera favorecer a un solo partido, lo que podría afectar el equilibrio democrático.
Asimismo, subrayó que el financiamiento a los partidos continúa siendo un tema sensible para la sociedad, debido a los altos recursos que reciben anualmente del erario público.
Desde su perspectiva, las reformas electorales son necesarias para actualizar las instituciones del país; sin embargo, consideró que estos cambios deben surgir de un amplio consenso social y político.
El abogado también indicó que, tras el rechazo de la iniciativa constitucional, podría abrirse un nuevo escenario legislativo mediante posibles modificaciones a leyes secundarias, lo que algunos sectores han denominado un “plan B”.
Finalmente, enfatizó que más allá del debate político, la ciudadanía mantiene como prioridades temas como seguridad, salud y educación, asuntos que influyen directamente en el desarrollo social y económico del país y que continúan siendo demandas centrales para millones de mexicanos. EL ORBE/ JC





