Celia Marín Sasaki
En menos de una semana, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pasó de anunciar con entusiasmo la anticipación de las vacaciones de verano, con el fin de que niñas, niños y adolescentes vivieran de cerca el Mundial de Futbol 2026, a cancelar por completo la medida. El vuelco, repentino como estridente, destapó un problema de fondo: la toma de decisiones sobre las rodillas en asuntos donde debería prevalecer el interés superior de la niñez.
El artículo 87 de la Ley General de Educación establece que la autoridad educativa federal determinará, para cada ciclo un calendario aplicable a toda la República con un mínimo de ciento ochenta y cinco y máximo de doscientos días efectivos de clase, añade que las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y conforme a los lineamientos que expida la Secretaría, pueden ajustar dicho calendario siempre y cuando prevean medidas para cubrir los planes y programas de estudio.
Bajo este marco, adelantar las vacaciones sin una justificación razonable contraviene la propia regla que exige salvaguardar la integridad de los planes y programas.
El Ejecutivo Federal defendió el anuncio afirmando que «padres y maestros» habían sido consultados; sin embargo, no se han transparentado ni la metodología ni la representatividad de esas consultas. Organizaciones de padres de familia advierten que, sin actas, informes o datos desagregados, no es posible verificar la validez de la supuesta consulta y las comunidades rurales y marginadas, difícilmente tuvieron voz en el proceso.
El impacto académico no es menor. Alterar de forma abrupta las jornadas lectivas agudiza las brechas de aprendizaje, especialmente en matemáticas y lectura, áreas donde México arrastra rezagos históricos. A ello se suma que el futbol no despierta el mismo interés en todo el alumnado; para una parte importante de niñas, niños y adolescentes los partidos carecen de atractivo, de modo que la suspensión de clases les habría impuesto horas ociosas que, lejos de enriquecer su formación, habrían diluido la continuidad pedagógica.
El zigzag oficial también erosiona la confianza de familias y docentes. Anunciar primero y dar marcha atrás después proyecta la imagen de una política educativa sujeta a impulsos coyunturales, cuando debería descansar en diagnósticos sólidos, datos verificables y procedimientos claros de consulta. Si bien es cierto que es de sabios cambiar de opinión, más sabio hubiera sido no improvisar una medida que, desde el origen, parecía ignorar la letra y el espíritu del artículo 87, así como el mandato constitucional de colocar el interés superior de la niñez en el centro de toda decisión pública.
La rectificación deja una lección ineludible: el calendario escolar no puede doblegarse ante el fervor de un espectáculo deportivo y para la SEP, la prioridad debe ser consolidar una educación robusta y de calidad, inmune a los vaivenes populistas.
Es tiempo de mujeres. Sun
