Gabriel Velázquez Miguel, declarante.
* GRUPOS OPUESTOS SE DISPUTAN EL CONTROL DE LA CONSESIÓN DEL TRANSPORTE EJIDAL.
* HABITANTES SEÑALAN OMISIONES DE LA AUTORIDAD, INSEGURIDAD, VENTA INDISCRIMINADA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, ENTRE OTROS PROBLEMAS.
Tapachula, Chiapas; 29 de Marzo.- La asamblea general del ejido Toquián Grande-Pavencul acordó en las últimas horas una serie de acciones en contra de un sector de la población de esa región indígena de la zona rural alta de Tapachula, que ha provocado enfrentamientos
El saldo, hasta ahora, es de al menos 9 viviendas incendiadas y varios vehículos destrozados, disparos de arma de fuego, caminos bloqueados y gente que huye entre los montarrales tratando de salvar sus vidas.
Uno de los afectados, Gabriel Velázquez Miguel, Oficial del Registro Civil 06 con sede en esa comunidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que la asamblea del ejido, basada en usos y costumbres, llegó a esa determinación, “para demostrar que ellos son la ley”.
El funcionario estatal, oriundo de esa misma zona y con 14 años en el cargo, confirmó que, en su caso, le incendiaron su vivienda y le quemaron un vehículo.
“Afortunadamente logré salir antes, con mis hijos y mi familia, no pude sacar nada. Son habitantes de esa comunidad que quieren mandar en todo y nosotros no nos dejamos manipular, nos oponemos porque nuestros principios son otros, ya estaba la espinita, pero ahora se pasaron. En realidad, lo que quieren es mi cargo”, comentó.
Acompañado de un grupo de abogados con los que se presentó a la Fiscalía de Distrito Zona Costa para presentar su denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables, el agraviado afirmó que no regresará más a Pavencul.
“No lo voy a hacer por mis hijos; volver a esa comunidad es como poner más gasolina al fuego. Es el ojo del huracán”, indicó junto al resto de su familia, quienes también acudieron ante las autoridades.
Confió en que se hará justicia y aplicarán la ley conforme a derecho, “porque atrás de todo eso hay alguien, un actor intelectual y un fin. La gente está manipulada”.
En su narración afirmó que mucha gente logró salir de sus viviendas antes de que fueran atacadas, y se encuentran huyendo entre los montarrales para salvar sus vidas, mientras que otros siguen escondidos encerrados en sus casas.
Confirmó también que se encuentran bloqueados los caminos que llevan hacia esa comunidad y, por lo tanto, la única manera de salir de ahí es caminando.
Por su parte, Hilario López Morales, vecino de esa comunidad, señaló en entrevista que gran parte de la culpabilidad de todo el problema la tiene el también ejidatario, Melesio Ángel Mejía y su grupo, quienes mantuvieron en su poder, durante muchos años, una concesión del transporte en esa región, con el que se amparaban varias unidades.
Luego de muchos conflictos, las autoridades estatales resolvieron el año pasado restituir esa concesión a sus verdaderos dueños, es decir, a los ejidatarios.
“La gente siempre ha sido respetuosa, de diálogo; son personas de trabajo y por eso no es cierto lo que dicen de nosotros, porque la asamblea trató el asunto y llegó a ese acuerdo”, abundó.
Según su punto de vista, las cosas tienen origen por “las desobediencias, la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, el resentimiento por la concesión, y por la imposición que trató hacer el Ayuntamiento en torno a sus autoridades administrativas, como el Agente y el Delegado Municipal”.
Algunas versiones señalan que el acuerdo de la asamblea fue precisamente atacar a una serie de familias y sus propiedades, afines al grupo de Melesio Ángel, según sus usos y costumbres.
Los primeros informes afirman que, en los disturbios en contra de las viviendas y otros bienes, participaron unas 50 personas, quienes supuestamente advirtieron que continuarían con ese “cometido”.
Mientras que otras autoridades ejidales confirmaron que cuando se les iba aplicar la ley en contra de un “grupo de vándalos”, estos realizaron disparos de armas de fuego “y eso molestó a la Asamblea y se tomó la decisión de quemar las diez viviendas”.
Se tiene conocimiento de que un grupo de personas mantiene retenido a un policía auxiliar y que un Juez Rural había sido golpeado en sus oficinas.
El conflicto fue notificado desde el miércoles a las autoridades de Tapachula, pero no llegaron los refuerzos para evitar los incidentes.
En la noche de este viernes continuaban llegando a la Fiscalía de Distrito varias familias que aseguraron son víctimas de los incendios a viviendas en esa comunidad.
Cada uno de ellos está solicitando, por separado, la intervención de las autoridades, aunque se trata de un caso global con infinidad de afectados.
Lo peor de todo es que, hasta el cierre, no habían enviado a funcionarios ni a policías que pudieran restablecer el orden, ante el temor de que sean retenidos por la población.
La dificultad para llegar a esa zona del municipio, así como la irritabilidad de la población, ha impedido tener mayores detalles sobre lo que está ocurriendo, aunque se teme que el conflicto se pueda agravar en las próximas horas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
