Vacas Mortales
Oscar D. Ballinas Lezama
Pequeños productores de ganado en la costa del Soconusco han lanzado un desesperado grito de advertencia a los consumidores de carne de ganado y sus derivados como la leche, quesillo y crema, que al parecer pueden estar contaminados por virus de tuberculosis o brucelosis.
Manifestaron que no se trata de asustar a nadie, sino de advertir y solicitarle a las autoridades de salud pública de los tres niveles de Gobierno, intervengan a la brevedad posible para investigar qué está sucediendo dentro de la ganadería de la costa, donde al parecer, una gran cantidad de ganaderos utilizan el clembuterol para engordar de manera rápida sus vacas, sin importarles que este anabólico afecte la salud del consumidor.
Los denunciantes manifiestan que una res necesita ser alimentada durante un año para engordarla de manera natural, sin embargo, se están dando casos que los productores de ganado no tardan más de 90 días en tenerlas con suficiente peso para su venta; sospechándose que para lograrlo utilizan demasiado clembuterol, el que de acuerdo a las organizaciones de salud internacional, es un anabólico que puede producir cáncer.
Afirman los quejosos que hasta ahora la Secretaría de Salud en sus tres órdenes de Gobierno, supuestamente no han exigido al Comité de Protección Pecuaria efectúe el debido control del ganado que se destaza para venderlo en la región del Soconusco, al grado que al parecer existe mucho ganado enfermo de brucelosis y tuberculosis, que suponen sale de los rastros que carecen de control alguno por parte de las autoridades correspondientes.
Añadieron que además de éste problema de salud pública en una región donde se vende no menos de 5000 reses al año, siendo un buen número de ellas de dudosa calidad o ‘chocomiliadas’, como se les conoce en el argot ganadero a las engordadas artificialmente con anabólicos cancerígenos, suponen que existe corrupción en el manejo de los recursos que otorga la Federación para los programas de apoyo a productores de ganado.
Los supuestos afectados en el sector ganadero, argumentan que desde la Confederación de Organizaciones Ganaderas, pasando por el Comité de Protección Pecuaria, la Coordinación del SINIEGA, la Unión Ganadera de la Costa, Salubridad, Sagarpa y guardarrastros, deben ser investigados a fondo sobre posibles actos de corrupción, sobre todo en el manejo de los programas como los del barrido para la brucelosis y tuberculosis en los semovientes, así como el areteo de vacas y novillos.
Señalaron algunos pequeños productores de ganado que al menos 150 mil aretes para las reses debieron entregarse en forma gratuita a los ganaderos y facilitarles la venta de sus animales, pero no llegaron en forma directa a manos de los supuestos beneficiados, pero presumen que fueron acaparados por los ‘coyotes’, que luego se los venden entre 150 a 200 Pesos por areteada.
Las quejas son también en cuanto a las presuntas trabas que les ponen dentro del Comité de Protección Pecuaria para entregarles los aretes y supuestamente, cuando lo hacen, les cobran 30 Pesos por areteada, al grado que terminan vendiéndole el ganado a muy bajo precio a los coyotes; ignorando cómo obtienen estos los aretes que regala la Confederación Nacional del Campo y para el Campo.
Mencionaron que las autoridades correspondientes deberían llevar a cabo una profunda investigación sobre el ganado que proviene de Tabasco y Veracruz, que en su mayoría son semovientes flacos y al parecer enfermos que se engordan con clembuterol para luego destazar en rastros que al parecer carecen de control sanitario, sobre todo en la zona de Mapastepec y Pijijiapan, de donde distribuyen la carne para su consumo en los municipios de la Costa y centro de Chiapas.
Independientemente del traslado que se le da a ese producto, que sale de los rastros en los que no se guardan medidas suficientes de higiene, como tampoco se hace en la transportación que muchas veces son camiones batidos de estiércol de ganado, expuestos al aire contaminado con basura y otros contaminantes que hacen dudar de la buena calidad de la carne.
Consideran los denunciantes que en este problema de salud pública tienen mucho qué ver la Secretaría de Salud, la Organización de Productores de Ganado, Sagarpa y las autoridades municipales, quienes tienen la obligación de investigar si en verdad hay actos de corrupción en el manejo de la venta, matanza y distribución de la carne de res y sus derivados; sobre todo si en verdad están poniendo en riesgo la salud y la vida de los consumidores.
