Carina García
Ciudad de México.- Morena está a punto de quedarse fuera de la contienda por los gobiernos de Guerrero y de Michoacán debido a que aplicó una estrategia para evadir las reglas de fiscalización electoral, las cuales buscan evitar el flujo de dinero irregular en la política.
En su corta existencia de casi ocho años este partido ha insistido en que no realiza precampañas en sus procesos internos de selección de abanderados, y que los participantes en ellos no son precandidatos sino, como los llamó eufemísticamente en 2017, “promotores de la soberanía nacional”, o en este año: “coordinadores estatales en defensa de la Cuarta Transformación”.
Hoy ese discurso podría resultarle costoso, pues el pasado 25 de marzo el Instituto Nacional Electoral (INE) le cerró la posibilidad de tener candidatos en esas dos entidades por obviar sus obligaciones en materia de fiscalización, y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que acudió Morena, el que diga la última palabra.
Pero en el exceso, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, a quien le fue cancelado el registro como candidato al gobierno de su entidad, mismo que ya le había otorgado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, aseguró ante el INE que pudo haber sido suplantado y su cuenta verificada de Facebook quizá fue vulnerada, por lo que negó haber realizado actividades proselitistas.
Al comparecer en el proceso de revisión del INE, negó haber publicado videos para hablar de sus aspiraciones políticas, no se reconoció en ellos y, más aún, dejó entrever que las 146 notas periodísticas que sobre él se publicaron durante casi dos meses de precampaña pudieron ser fabricadas, pues a quienes escriben “generalmente no les constan los hechos en los que me mencionan”.
Además, sostiene que la expresión “vamos con toro” –expresada por quien aparece en el video haciendo alusión a su sobrenombre– “se refiere a un animal vacuno” y no a él.
En Michoacán, Morena también se quedó, al menos por ahora, sin abanderado, pues el líder magisterial Raúl Morón perdió su derecho a obtener su registro.
En este caso, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE también le detectó publicaciones en redes que acreditarían la realización de actividades de precampaña y posibles gastos que no fueron reportados.
Así, por omitir la presentación de informes de ingresos y gastos, y ante el hallazgo de posibles erogaciones, el INE tomó la decisión de aplicar la sanción máxima prevista en el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe): la pérdida de registro de candidaturas o del derecho a solicitar ese registro.
La medida detonó una nueva disputa entre la dirigencia de Morena y el INE, con nuevos amagos de remoción de consejeros. En este caso, sostienen especialistas electorales, el Instituto no tenía margen de acción más que aplicar la ley.
La Legipe establece que hay precampañas cuando los partidos tienen un proceso interno para definir a sus candidatos, sea en asambleas, en encuestas o cualquier mecanismo de valoración de perfiles. El segundo momento es la campaña, ahora si entre candidatos de partidos y coaliciones.
“Pero en ambos momentos están obligados por ley a presentar sus informes de ingresos y gastos o serán sancionados. Esa es la esencia de la fiscalización, no es una ocurrencia del INE”, reclama José Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).
Por eso, abunda Woldenberg, “no me puedo imaginar que mañana la ley dijera pueden gastar lo que quieran y pueden obtener recursos de donde sea sin informar. ¿A quién se le puede ocurrir eso? No, la obligación de reportar debe mantenerse pase lo que pase, o si no la fiscalización no sería posible”.
Fiscalización trunca
Uno de los ejes de la reforma electoral de 2014 fue reforzar las auditorías y las sanciones. Se estableció la fiscalización en línea y en tiempo real para cerrar el paso a la práctica de realizar doble contabilidad. Se ordenó a los partidos registrar en un sistema a sus precandidatos y candidatos para que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE auditara sus informes de ingresos y gastos y pudiera, con sólo sus nombres, solicitar información sobre operaciones bancarias, fiscales y, recientemente, cruzar datos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Pero en este proceso electoral fueron cuatro partidos los que omitieron presentar informes de cualquier ingreso y gasto de sus precandidatos: Morena, PRI, PT y Fuerza por México, y sólo al primero se le detectaron proselitismo y posibles gastos.
Sin siquiera nombres de los precandidatos, ni reportes de ingresos y gastos, la actividad fiscalizadora se vio obstruida, determinó el INE, pues se careció de certeza sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos.
Aunque la obligación de rendir los informes es de los partidos, el TEPJF ordena que, en caso de que éstos no lo hagan, debe requerirse a los precandidatos para garantizarles el debido derecho de audiencia, medida adoptada desde que en 2016 Morena también estuvo a punto de quedarse sin candidatos en Zacatecas y Durango por el mismo argumento: en ese partido no había precandidatos.
Esa posibilidad de audiencia salvó a Morena ese año, y el Tribunal regresó a la boleta a los morenistas David Monreal y Guillermo Favela.
Sin embargo, en esa sentencia el TEPJF fue claro al marcar que aún en ceros, los precandidatos y partidos deben entregar informes al INE sin importar el método de selección que elija el partido. Apro
