Claudia Ruiz Massieu
Senadora de la República
Hace unos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a la Cámara de Diputados la estructura programática para el proyecto de Presupuesto de Egresos 2022. En ella, algo que preocupa es que no se contemplan recursos para el Seguro Médico Siglo XXI, un programa establecido para garantizar los servicios de salud a menores de cinco años incorporados al Sistema de Protección Social en Salud. De acuerdo con el Coneval, en 2019 se registraron más de 4.4 millones de niñas y niños protegidos por este instrumento, ahora en riesgo de desamparo.
Esta alarmante decisión es consistente con otras determinaciones de la administración federal en materia de salud. Por un lado, el desmantelamiento de las capacidades institucionales para centralizar los servicios en el Instituto de Salud para el Bienestar, que despreció la experiencia acumulada de casi dos décadas de vigencia del Seguro Popular. Por el otro, los recortes al presupuesto para la salud, el subejercicio de recursos en dependencias como el IMSS, así como la eliminación de instrumentos diseñados para garantizar servicios médicos para la población más vulnerable, como el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Las consecuencias de estas decisiones han configurado una situación crítica. Hoy miles de pacientes padecen el desabasto generalizado de medicamentos: desde los más especializados, como los fármacos oncológicos o los antirretrovirales; hasta los más cotidianos, usados contra la hipertensión o la diabetes.
Es preciso reconocer que los problemas en los servicios públicos de salud no son nuevos, pero sí lo es la crisis generalizada del sistema en su conjunto, reflejada en realidades como el desabasto de más de 40% en piezas de medicamentos en el primer trimestre de 2021. Una crisis que pudo haberse evitado tomando las previsiones adecuadas. Pero no fue así.
Un sistema universal de salud no se construye de la noche a la mañana. Sin embargo, si se pretende consolidarlo, son las personas quienes deben estar al centro de la toma de decisiones. No la austeridad, ni mucho menos la corrupción.
Conscientes de que garantizar el acceso a la salud no es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Federal, sino un interés superior del Estado mexicano, no podemos soslayar la urgencia de reconocer los desaciertos, de rectificar; pero, sobre todo, de dialogar para construir una solución a la crisis. Los pacientes y sus familias no pueden esperar más. Sun
