En Tercera Persona
Héctor de Mauleón
Desde el 22 de noviembre pasado, visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que formaron parte de la Oficina para el Caso Iguala, han estado recibiendo un oficio en el que, sin explicación ni fundamento legal alguno, se les cita en el edificio «Héctor Fix Zamudio», en la oficina del director de Supervisión de la Progresividad, el ingeniero Juan Manuel Estrada.
La cita, de acuerdo con el oficio, es para que informen «lo relacionado con el Caso Ayotzinapa».
Algunos de estos oficios fueron firmados por Blanca Berenice Trujillo Subías, directora general de análisis de la CNDH.
Al acudir, cada uno por separado, a su cita, los visitadores fueron conducidos, no a la oficina del director de Supervisión, sino a un espacio del 7º piso, a un lado de la Sala del Consejo Consultivo.
Detrás de esa puerta los aguardaban siete funcionarios, quienes los sentaron en un banquillo, por decirlo así, y les pidieron su consentimiento para ser videograbados. Toda una transgresión a los derechos humanos en las propias oficinas donde se «defienden» los derechos humanos.
El interrogatorio a los visitadores comenzó sin que se les hubiera informado el motivo de la diligencia.
Todos los visitadores citados tuvieron a su cargo una parte de la investigación del caso Iguala que en su conjunto terminó por conformar un expediente de un millón de hojas y una Recomendación (la 15 VG/2018) de más de 2 mil hojas, sin incluir los anexos.
Comenzó el interrogatorio. Que si efectivamente ellos habían investigado y escrito las partes de la Recomendación que leyeron durante la rueda de prensa en que dicha Recomendación se dio a conocer. Que si alguien les había impuesto las conclusiones. Que si estaban conscientes de que estas conclusiones eran contrarias a las que arribaron otras instancias internacionales (el famoso GIEI).
Que si la investigación se había alineado con la «verdad histórica» de la PGR. Que si el documento había sido encauzado para que señalara que los sucesos no se habían tratado de un crimen de Estado. Que si su investigación había sido solo documental (como acusaron Alejandro Encinas y el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo).
Que si en la investigación se habían violado derechos humanos de las víctimas. Que si consideraban que había errores en la investigación. Que si las víctimas habían sido revictimizadas. Que si al aplicar el Protocolo de Estambul a los inculpados se habían violado sus derechos humanos…
El procedimiento inquisitivo siguió. La intención: hallar elementos que permitieran desacreditar la investigación realizada por los visitadores a lo largo de cuatro años, a fin de facilitar la imposición de una «nueva verdad».
El clima de persecución, con métodos fascistoides y despóticos, en contra de quienes investigaron el caso Iguala, así como constantes violaciones a las leyes y al Estado de Derecho, han encendido focos rojos, de alarma y preocupación, entre el personal de la CNDH.
En una época en la que se gobierna a «decretazos», la ombudsperson ha emitido un acuerdo para que el caso Iguala sea reabierto, aun cuando la ley y el reglamento interno de la CNDH impedían la reapertura de casos en los que se hubiese determinado que hubo violaciones a los derechos humanos, y se hubiera emitido una recomendación.
Ahora ha creado un grupo «Gestapo» dentro de la CNDH, encargado no de exigir sanciones en contra de quienes violentaron derechos humanos durante la noche de Iguala, sino de acosar visitadores a fin de destruir todo obstáculo que impida la imposición de una «nueva verdad»: la llamada «verdad alterna». Sun
