Juan Omar Fierro
Ciudad de México.- Gracias a la votación que fragmentó las impugnaciones presentadas contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un respiro a la reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa para fortalecer la posición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a sus competidores privados, particularmente contra aquellas compañías que apostaron por la producción de la llamada energía “limpia”.
Cuestionada por afectar el derecho a un medio ambiente sano y la libre competencia en materia de generación y comercialización de energía, la LIE vigente desde el 9 de marzo de 2021 se salvó de una declaratoria de inconstitucionalidad y las 15 fracciones normativas que fueron impugnadas mediante dos acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional, se seguirán aplicando por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía.
A pesar de que siete ministros se pronunciaron por decretar la inconstitucionalidad de los principales apartados de la LIE que fortalecen a la CFE frente a las centrales eléctricas privadas, principalmente las de generación eólica y fotovoltaica, no se logró la mayoría calificada para invalidar las normas cuestionadas.
Sin embargo, el pleno de la Corte tampoco se pronunció de forma expresa por la constitucionalidad de la LIE, por lo que es previsible que en el corto plazo se reactiven los cerca de 250 juicios de amparo que fueron presentados por empresas del sector, despachos de litigio estratégico ligados a cúpulas empresariales y organizaciones ambientalistas.
La resolución de todos estos recursos legales se encontraba suspendida desde el pasado febrero mediante un acuerdo emitido por la presidencia de la SCJN, con el fin de evitar que se dictaran sentencias contradictorias a la que se alistaba en el máximo tribunal para resolver las tres impugnaciones que existían sobre la constitucionalidad de la LIE.
Ante la falta de un pronunciamiento del Pleno de la Corte sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad sobre el orden de prelación sobre el despacho para la distribución del fluido eléctrico, la desaparición de las subastas como esquema único de compra del fluido eléctrico, la imposición de un costo unitario para la compra de electricidad, sustituyendo el modelo marginalista que se rige por la ley de la oferta y la demanda, y la posibilidad de otorgar Certificados de Energía Limpia a centrales existentes de la CFE, ahora corresponderá a jueces y magistrados federales emitir resoluciones individuales en cada caso.
Eventualmente, cada uno de estos conflictos podría regresar al máximo tribunal del país para ser resuelto en el pleno, por lo que los litigios en la industria energética se podrían alargar mientras se discute en el Congreso de la Unión una nueva reforma constitucional que el presidente López Obrador busca aprobar para seguir fortaleciendo a la CFE y restringiendo aún más la participación del sector privado con el argumento de conservar la eficiencia y operación del Sistema Eléctrico Nacional en todo el país.
La votación
En total, más de 15 artículos o fracciones de la Ley de la Industria Eléctrica fueron impugnados por senadores de oposición, el gobierno de Colima y la Cofece. La pretensión de los accionantes o quejosos era invalidar 15 artículos que favorecen a CFE por encima de los privados, pero en ningún caso se logró la mayoría calificada de ocho ministros que prevé el artículo 105 de la Constitución Mexicana para invalidar las normas impugnadas.
En el bloque de ministros que se pronunciaron por declarar la inconstitucionalidad de los principales apartados de la LIE se encuentran Luis Maria Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Ana Margarita Ríos Farjat, misma que llegó al cargo a propuesta de López Obrador.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf (quien elaboró los proyectos de sentencia que fueron rechazados por la mayoría) y el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, votaron por la constitucionalidad de la LIE en todos sus aspectos y validaron la reforma eléctrica de López Obrador, pero sin poder emitir una declaratoria de constitucionalidad a su favor.
Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fueron decisivos en las votaciones, ya que el primero consideró que la LIE no afecta el derecho a un medio ambiente sano, aunque sí afecta la libre competencia en materia de generación y comercialización de energía eléctrica; mientras que el segundo consideró que las regulaciones previstas en las nuevas leyes eléctricas no dañan la libre concurrencia, aunque sí existe una violación al medio ambiente.
De esta forma, la votación dividida de ambos ministros fue fundamental para desestimar la acción de inconstitucionalidad relativa a ambos temas.
Derivado de que no se emitió una sentencia a favor de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la LIE, la determinación del pleno de la Suprema Corte no tiene ningún efecto concreto sobre los litigios que están en trámite. Proceso
