Irene Savio
Roma.-La barbarie ocurrida en pueblos como Bucha y Borodianka, que durante un mes hicieron las veces de escudo ante el avance del ejército ruso sobre Kiev, conmocionó al mundo por el reguero de cadáveres de civiles inermes descubiertos esta semana después de la retirada rusa.
El gobierno ucraniano acusó directamente a Moscú, y Rusia respondió que se trata de un “montaje”, al mismo tiempo que múltiples voces se hicieron oír para exigir que estos hechos sean juzgados en tribunales internacionales. Con ello se abrió un debate sobre cómo investigar y enjuiciar a los responsables de estas matanzas, un proceso que los expertos creen que llevará años e incluso podría no completarse.
De hecho, en la actualidad existen una serie de infracciones aplicables al caso ucraniano y previstas en los Convenios de Ginebra de 1949 y el Estatuto de Roma, adoptado en 1998. Se trata del delito de lesa humanidad, que implica haber cometido, de forma sistemática y a gran escala, ataques contra la población civil (se excluye a los militares).
Luego están los delitos tipificados como crímenes de guerra en sí, donde la responsabilidad es individual y que incluyen el homicidio y la violencia sexual en situación de guerra. Y se suman al grupo dos más: el genocidio, que aplica cuando se denuncia la intención de un plan para destruir a un grupo nacional, étnico o religioso como tal, y el delito de agresión, el último reconocido por la Corte Penal Internacional (CPI) en 2018 y que se contempla cuando existe un atacante que va contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado.
Pero todo ello, por supuesto, se tiene que demostrar, lo que empieza con la recolección de las declaraciones públicas y de los testimonios de supervivientes y testigos, así como la recopilación de las pruebas, que hoy día pueden incluir tanto imágenes de satélite y fotografías en el terreno –algunas ONG ucranianas están usando apps para que la población pueda colaborar–, como material digital difundido en redes sociales y en medios de comunicación.
Aun así, tanto especialistas ucranianos como internacionales afirman que consideran que existen “elementos que corroboran que estos delitos han sido cometidos”, como dice Sergei Petukhov, profesor de derecho internacional y exviceministro de Justicia de Ucrania. “En el caso del delito de agresión, el presidente ruso (Vladimir Putin) comunicó públicamente sus intenciones en Ucrania, y la Asamblea General de la ONU lo ha condenado”, ejemplifica Petukhov, al advertir que, sin embargo, estos procesos podrían alargarse “muchos años”, especialmente “si la guerra no se detiene”.
“Claramente en Ucrania se han cometido crímenes de guerra, y la tecnología ayuda”, coincide la abogada argentina Irene Victoria Massimino, especialista en derecho internacional y cofundadora del Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio. Aun así es “muy difícil” que Putin acabe sentado en un banquillo, ha subrayado el jurista español Ángel Sánchez Legido, en una reciente entrevista con una agencia española.
De hecho hay grandes “peros” a la posibilidad de juzgar, en un tribunal internacional, los crímenes cometidos en Ucrania o imputar a Putin.
El primero reside en la intrincada tarea de establecer cuál es el tribunal con más posibilidades de tener éxito. De hecho el Kremlin revocó en 2016 su firma del Estatuto de Roma, algo que es un gran obstáculo para que las denuncias puedan dirimirse por completo en la CPI porque supone que los ciudadanos rusos no pueden ser directamente juzgados por este órgano, salvo que así lo disponga el Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual Rusia tiene derecho de veto.
Más aún: tampoco Ucrania es un Estado parte en el Estatuto de Roma, por lo que el fiscal de la CPI tiene que contar con el aval de Kiev para avanzar en un eventual enjuiciamiento, algo que, sin embargo, ya ha ocurrido en el pasado.
Otra opción es la creación de un tribunal penal internacional específico, como ha pedido el jurista francobritánico Philippe Sands, profesor del University College de Londres y director del Proyecto Sobre Cortes y Tribunales Internacionales de la institución.
Una tercera alternativa es llevar las denuncias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU y que tiene la misión de dirimir conflictos entre Estados.
De hecho el gobierno de Kiev ya presentó una demanda contra Moscú por la ofensiva rusa lanzada el 24 de febrero, a la que la CIJ respondió –en sus conclusiones preliminares– exigiendo a Rusia suspender inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania.
La argumentación de Rusia es que su operación militar en Ucrania fue lanzada para parar el “genocidio” que Ucrania habría llevado a cabo en las zonas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, el argumentario que Putin ha repetido en más de una ocasión. Pero tampoco en este caso hay consenso entre los expertos sobre si este tribunal es competente. Proceso
