José Meléndez
El libre ejercicio del periodismo podría ser una de las bajas claves de la guerra que el gobierno de El Salvador intensificó contra las maras o pandillas.
Tras imponer por 30 días y a partir del 27 de marzo anterior un estado de excepción para combatir a la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio o Mara 18 (M-18), el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lanzó anteayer su aplanadora política en la Asamblea Legislativa y reformó el Código Penal y una ley de antimaras para criminalizar a los medios salvadoreños radiofónicos, televisivos, escritos o digitales al prohibirles reproducir «mensajes originados o presuntamente originados por pandillas» e imponerles hasta 15 años de cárcel si violan la nueva legalidad.
Los periodistas y los jerarcas de medios serán encarcelados si difunden «cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las pandillas», como «textos, pinturas, dibujos, grafitis» o «las que tengan como finalidad aludir a control territorial de dichos grupos», según las reformas. «Esta es una clara, definitiva e inequívoca ley mordaza. Viola el derecho ciudadano esencial de saber qué pasa en el país», denunció el periodista salvadoreño Fabricio Altamirano, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director-editor de El Diario de Hoy, uno de los principales rotativos de El Salvador: «Ahora es un crimen hablar de las maras por esta ley mordaza que nos impide a periodistas y medios analizarlas abiertamente. ¿Por qué no se puede hablar de lo que colinda con más de medio millón de personas de ese globo social de unos 70 mil mareros y sus núcleos familiares y otros nexos?», adujo a este periódico.
«Bukele quiere criminalizar cualquier opinión o pregunta adversa a la narrativa oficial. La mordaza nos impide hablar de lo que sufre, vive y es la realidad de más o menos 10% o más de la población. Los periodistas no podemos referirnos a esa realidad social gigantesca», lamentó.
Al justificar las reformas, Bukele tuiteó: «Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas».
«Bukele no camina al autoritarismo. Va corriendo hacia el autoritarismo», advirtió el abogado, politólogo y exguerrillero izquierdista salvadoreño Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (VIDAS), grupo (no estatal) de El Salvador de defensa de derechos humanos. Al aducir que lo que hizo Alemania (Federal) «no fue contra el periodismo», sino contra los promotores del nazismo, Cuéllar dijo a EL UNIVERSAL que las reformas «son un paquete que tampoco puede verse aislado: ocurre desde el 1 de mayo de 2021. Ya no es una deriva autoritaria. Hay que decirlo como realmente es: esto es autoritarismo».
Con su partido Nuevas Ideas, Bukele ganó los comicios parlamentarios de febrero de 2021 y en mayo, con apoyo de las fuerzas militares y policiales, se apoderó del mando legislativo y luego de los poderes Judicial y Electoral y de la Fiscalía General.
«Nos remite a décadas pasadas», señaló Cuéllar, y acusó que «Bukele es un cabeza dura y cerrada que tiene controladas todas las instituciones (…) Sólo le falta la represión abierta y descarada. Criminaliza al periodismo que pone el dedo en la llaga. Con dejar de mencionarlas por estas reformas, las maras tampoco desaparecerán. Desaparecerán cuando las causas que las originan se ataquen en serio».
Con el estado de excepción, que suspendió garantías constitucionales, Bukele autorizó al gobierno a violar telecomunicaciones y correspondencias sin tener orden judicial y limitó los derechos de asociación, reunión, defensa y detención. El gobernante arreció el ataque a la prensa independiente salvadoreña en septiembre de 2020, cuando se reveló que, tras asumir en 2019, abrió negociaciones con los jefes encarcelados de las maras para darles ventajas carcelarias a cambio de que ordenaran reducir los homicidios y promovieran votar por Nuevas Ideas. Bukele negó esos reportes e inició un asedio tributario sobre varios medios salvadoreños de prensa.
«Lo que se quiere es la autocensura», tuiteó el abogado chileno José Miguel Vivanco, consultor internacional de derechos humanos y exdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW). «Vivimos en el reino de populistas autoritarios (…) Una desgracia», afirmó, en reacción a las reformas. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que se amenaza con cárcel a medios y periodistas que reporten sobre una realidad que, «obsesionada con la propaganda y la tergiversación», la administración Bukele «busca esconder». Sun
