Alejandro Gutiérrez
Madrid.- El gobierno de España está en una encrucijada, sin lograr articular una respuesta al informe de Citizen Lab, los expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, que documentó que los teléfonos celulares de 63 líderes independentistas de Cataluña y dos políticos nacionalistas vascos sufrieron la intromisión ilegal del software espía Pegasus entre 2017 y 2020.
El actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y sus tres predecesores, Quim Torra, Carles Puigdemont (que vive exiliado en Bélgica) y Artur Mas son los políticos electos más importantes que fueron espiados. En entrevista con Proceso, Aragonès es directo: “Ningún Estado democrático tendría que espiar a la disidencia política”.
Es muy crítico con la clase política española que asume que contra el movimiento independentista vale cualquier cosa. “Se han rebasado todos los límites. Hemos visto cómo se encarcelaba a miembros del gobierno catalán, cómo se intervenía la autonomía (de la comunidad), cómo se provocaba el exilio de un presidente y otros dirigentes, cómo se afectaba su patrimonio personal, y ahora se añade un espionaje masivo.
El informe –publicado por The New Yorker– señala que también fueron espiados dos presidentes del Parlament catalán, Roger Torrent (el primero que se supo era espiado) y Laura Borràs; cuatro parlamentarios del Congreso de los Diputados; cinco eurodiputados, entre ellos el propio Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Diana Riba y Jordi Solé, y el exvicepresident Oriol Junqueras. El espionaje alcanzó a cuatro abogados representantes jurídicos de líderes independentistas –violando el derecho de defensa de sus clientes–, activistas y periodistas.
Espías en la mira
El abogado Gonzalo Boyé, otro de los espiados, adelanta a Proceso que esta semana su despacho presentará una batería de 20 a 25 denuncias en diversos juzgados de Cataluña y Madrid, sitios donde se ubicaban sus clientes al momento de sufrir los ataques de Pegasus, intromisión que se dio al recibir SMS de la Seguridad Social, de Hacienda o mensajes de WhatsApp, como si fueran de amigos o familiares.
La próxima semana Boyé presentará más denuncias en tribunales de Francia, Suiza, Bélgica, Alemania y Luxemburgo, donde estaban algunos afectados al momento en que sus teléfonos fueron espiados.
Esta estrategia de denunciar en varios países se anunció inicialmente el 19 de abril, en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, en una reunión que encabezaron Puigdemont y el exvicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, una imagen inédita porque los dos políticos habían seguido caminos distintos tras el fracaso del referéndum y la persecución del Estado español.
En entrevista, el abogado aclara que aunque muchos políticos espiados centran sus sospechas en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la redacción de sus denuncias está dirigida contra la empresa israelí NSO Group Technologies, la propietaria de Pegasus. El objetivo es conocer qué organismo del Estado español habría pagado los servicios para el espionaje a las 65 personas hackeadas.
La estrategia es ir contra Q Cyber Technologies LTD y sus subsidiarias NSO Group Technologies LTD (creadora del spyware Pegasus), en Israel, y OSY Technologies SARL, en Luxemburgo.
Las actuaciones legales incluirán a los socios de estas compañías Niv Karmi, Shalev Hulio, Omri Lavie y otros. Estos empresarios antes fueron agentes del cuerpo de ciberinteligencia del ejército de Israel, y en 2010 fundaron NSO Group, en la ciudad de Herzliya.
Boyé explica que en su caso, su teléfono sufrió 18 intentos de intrusión, entre marzo y octubre de 2020, por medio de mensajes de textos disfrazados de actualizaciones de Twitter y sitios de noticias.
La Ministra y “The New Yorker”
El espionaje a Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, uno de los líderes sociales más influyentes, habría tenido lugar en 2017, durante el referéndum de independencia de octubre de 2017, en el gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, el informe de Citizen Lab arroja que la mayoría de ataques a los celulares de los independentistas son posteriores a junio de 2018, tras la investidura de Pedro Sánchez, en especial cuando tuvo lugar el juicio y sentencia del procés –en octubre de 2019–, e incluso en fechas posteriores.
“Son dos momentos clave, de una intensidad política muy importante. La sospecha que tenemos es que querían tener información confidencial para tener un tipo de ventaja, ya sea política o de otra índole.”
Aunque Citizen Lab no señala qué organismo del gobierno español podría estar detrás del espionaje, las sospechas se centraron principalmente en el CNI, pero también en las “cloacas” de la Policía Nacional.
Los partidos independentistas catalanes y vascos, de la mano de Unidas Podemos, Más País, Compromís y BNG (partido gallego) firmaron una declaración conjunta exigiendo una comisión de investigación, por la “vulneración flagrante” de derechos y libertades. “Los indicios apuntan a la implicación directa del CNI bajo control de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sin descartar la autoría o participación de otros organismos estatales”.
Ronan Farrow, autor del reportaje en The New Yorker (Cómo las democracias espían a sus ciudadanos), posteó un comentario irónico en su cuenta de Twitter, que dejó muy mal parada a la ministra: “Hola, excelentísima señora Margarita Robles, ministra de Defensa, aquí tiene más información sobre la revista The New Yorker”, e incluía una liga. Farrow, ganador de un Pulitzer, hijo de Mia Farrow y Woody Allen, está considerado un referente del periodismo cultural estadunidense. Proceso
