Por: Claudia Villegas y Gabriela Amador
Ciudad de México.- Aunque el plan antiinflación anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo 4 de mayo evoca a los pactos y los controles de precios impulsados por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, politólogos, economistas y analistas aseguran que este gobierno no enfrenta los problemas estructurales que padecía la economía mexicana entre 1987 y 1989.
En 2022 las estructuras económicas del país están sometidas a una escalada inflacionaria importada que debería mitigarse con más acciones de política pública, política monetaria y vigilancia frente a la especulación, no mediante pactos más simbólicos que efectivos. Los oligopolios son, además, un factor determinante en los precios históricamente altos que pagan los consumidores mexicanos, por lo que el combate a acuerdos colusivos sería otra forma de combatir la inflación.
Si bien son varios los factores externos que influyen en las alzas –energéticos caros, la guerra Rusia-Ucrania, los efectos pospandemia–, la economía mexicana padece altas concentraciones de mercado en distintos sectores e industrias que históricamente han impedido que existan más participantes como para que “las fuerzas del mercado” hagan su tarea y provoquen disminuciones de precios.
Esas concentraciones resultan favorable en los acuerdos que pretende concretar el gobierno para controlar precios, pues implica que deberá negociar con pocos actores en cada mercado/producto.
De acuerdo con el estudio Poder de mercado y bienestar social, de la Comisión Federal de Competencia Económica, la concentración en los mercados de la tortilla, pan, pollo y huevo, carne de res, lácteos, frutas, verduras, transportes aéreo y terrestre de pasajeros y materiales de construcción ha provocado que los hogares mexicanos paguen en promedio mil 500 pesos de sobreprecios.
Esto equivale a pagar un impuesto por falta de competencia o por menor competencia, lo que tiene un efecto negativo mayor en los hogares de más bajos ingresos, pues para ellos representa casi 31% de su gasto mensual, en tanto que para los de mayores ingresos ese “impuesto” se reduce a poco menos de 6%.
“Los sobreprecios derivados del ejercicio del poder de mercado no sólo perjudican a todos los hogares, sino que dañan más a las familias más pobres, es decir, contribuyen de forma importante a acentuar la desigualdad del país”, establece el estudio elaborado por el académico Andrés Aradillas López, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Estatal de Pensilvania.
Ahora, además, la economía nacional está sometida a un choque externo de precios provocado por los problemas de suministro de combustibles y granos, como el trigo. Por esa razón, un plan antiinflacionario dedicado a proteger una veintena de productos que integran la XSZcanasta básica no tendrá impacto alguno en el rumbo de los precios ni en la trayectoria de la inflación, que no cederá durante los próximos trimestres y que podría extenderse hasta 2024. Por eso, el plan contra la inflación es un acto simbólico del gobierno lopezobradorista, cuyo principal objetivo es enviar a sus audiencias y a sus electores el mensaje político de que a su gobierno sí le preocupa el efecto pernicioso de la inflación sobre la economía de las clases menos favorecidas.
Dos bloques
Frente a una tendencia inflacionaria no experimentada en las últimas dos décadas, el gobierno mexicano se vio obligado a comunicar que tomará medidas urgentes que permitan a los consumidores mexicanos mantener su poder adquisitivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 27 de abril que lanzará un programa antiinflacionario para combatir la actual escalada de precios.
Las medidas propuestas se dividen en dos bloques: de un lado están las que tienen que ver con la importación de productos, mediante la eliminación de aranceles, abrir cupos de importación, reducir trámites y quitar cuotas compensatorias (las que se imponen en casos de dumping). Por otro lado está la negociación directa con las empresas para establecer “precios de garantía” o precios máximos, con el objeto de lograr su reducción en 24 productos de la canasta básica.
El primer bloque, el que se refiere a la eliminación de barreras a la entrada de productos importados (leche en polvo, quesos, café, carnes y despojos comestibles, grasas animales, papas, frijoles, trigo, cebada, maíz, azúcar y productos con alto contenido de azúcar, son algunos de los alimentos gravados), podría tener un efecto positivo en el combate a la inflación, pues habría una mayor oferta, lo que podría provocar una reducción de precios en favor de los consumidores.
Sin embargo deberá tenerse cuidado en la eliminación de cuotas compensatorias, pues podrían afectarse los procedimientos antidumping (aquellos que buscan compensar la entrada de bienes producidos con subsidios y/o con precios discriminatorios), explica Miguel Flores Bernés, abogado especialista y presidente de la Comisión de Competencia Económica de la Cámara Internacional de Comercio México.
Fausto Hernández, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), reiteró que la inflación anualizada de 7.7% que ahora sufre la economía es un problema que viene de las disrupciones externas, que no podrán contenerse, mitigarse y mucho menos evitarse con un plan interno. Por medio de ese pacto, “el gobierno intenta enviar el mensaje de que le preocupa la inflación, pero no será efectivo”.
El Pacto de Solidaridad Económica (PSE) de Miguel de la Madrid, anunciado en diciembre de 1987 como un acuerdo político y empresarial, fue calificado en su momento como poco ortodoxo, en la antesala de la apertura comercial que se buscaba en América del Norte. Sin embargo, en ese momento aparecía como la única salida ante una escalada de precios que sí tenía un origen local, provocada por un fuerte déficit fiscal y por la pérdida de credibilidad en los mercados internacionales. En aquel momento, recordó Fausto Hernández, nadie creía en el gobierno, la desconfianza y el temor contaminaban las expectativas. El PSE en el gobierno de De la Madrid buscaba anclar expectativas y evitar la llamada inflación autovalidada.
Por eso a finales de los ochenta se firmaron pactos en los que empresarios, gobierno y trabajadores se comprometían a confiar para anclar las expectativas. Así lo impulsó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a partir del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Los pactos de Salinas de Gortari y de De la Madrid buscaban también estimular la producción agrícola interna a través del crédito. Esta es una de las pocas coincidencias con el plan antiinflacionario del régimen lopezobradorista.
Ahora, tras dos años de pandemia y en una economía con gran apertura y bajo endeudamiento, aun a costa de los menores apoyos para enfrentar la emergencia sanitaria, las causales de la inflación –explica Hernández– son totalmente distintas. Proceso
