Layda Negrete
Investigadora en Justicia Penal
La ruta más rápida y directa para reducir los homicidios en contra de mujeres en el país es a través del combate de delitos tipificados como violencia familiar. Esto es así, porque la mayoría de los feminicidios son perpetrados por personas cercanas a la víctima, su pareja, su expareja o un miembro de su familia. Además, la mayoría de estos casos presentan antecedentes de violencia no letal que es denunciada a las autoridades, lo que genera la oportunidad de una intervención pública. Nuestras policías y fiscalías suelen actuar tarde y mal ante estos casos. Estas lamentables experiencias permiten hacer conciencia de que existen todavía oportunidades para ensayar nuevas formas de acción institucional.
El asesinato de Jetcibe, documentado recientemente por Raúl Torres, corresponsal de EL UNIVERSAL en Nayarit, ejemplifica los errores comunes de muchas fiscalías. (http://eluni.mx/rs96bu)
Jetcibe denunció a su expareja, en Nayarit en 2019, por violencia psicológica. En México es común la falta de respuesta institucional en las etapas tempranas de violencia interpersonal entre conocidos. Son incidentes que a nuestras fiscalías les parecen poca cosa, poco crimen. Se tratan con descuido o se ignoran por completo. Sin embargo, es en estos momentos donde la conducta de una autoridad podría evitar un feminicidio más. Y es que en el fenómeno de la violencia familiar sucede algo muy distinto de lo que ocurre con otros delitos: se conoce la identidad del agresor; las autoridades pueden ubicarlo y tienen la capacidad de recolectar información crítica para confeccionar una respuesta idónea. No se trata simplemente de hacer una recomendación o buscar una reconciliación para darle carpetazo, sino darle un seguimiento puntual para desactivar el escalamiento de la violencia. No es una intervención barata, pero pueden ser acciones particularmente efectivas y, sobre todo, preventivas.
En mayo de 2019, cuando Jetcibe acudió a la autoridad, a esta debió de haberle parecido un incidente superfluo; ella lo sintió como una situación de grave riesgo. Nadie acude al Ministerio Público gratuitamente cuando esta institución se ubica entre los primeros lugares en percepción de corrupción e ineficacia. Jetcibe, entonces, sin un rasguño en el cuerpo, debió estar convencida de que la única forma de protegerse era pidiendo la ayuda del Estado.
Ocho meses después, en diciembre de 2019, Jetcibe regresó con golpes en su cuerpo. El Ministerio Público nayarita intervino y obtuvo una orden de aprehensión la cual derivó en una imputación y, eventualmente, en una suspensión condicional del proceso que exigía terapia. La fiscalía de Nayarit dejó de dar seguimiento a este caso. Pasó todo el año del 2020, dejaron correr también el año del 2021 entero, es en 2022 cuando el agresor volvió a encontrarse con Jetcibe. Él ya no venía a golpearla, vino a matarla y lo logró. No fue la única víctima, la encontraron quemada en su casa, al lado del cuerpo de su hijo de cinco años y de un adulto varón. La historia muestra el aspecto expansivo de la violencia familiar y su persistencia en el tiempo, fuegos que no se apagan por sentencia.
Los representantes de la Fiscalía de Nayarit estarán muy acongojados con la noticia del asesinato de Jetcibe. Es muy tarde para ella, pero no es tarde para revisar nuestras prioridades de persecución penal y diseñar intervenciones que sean verdaderamente preventivas en materia de feminicidio en el país. Sun
