lunes, agosto 15, 2022
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INDICADOR POLÍTICO

Guardia Nacional, Tercer Eje
de la Seguridad Constitucional
Carlos Ramírez

Si se entienden bien los mensajes respecto a la fundación y consolidación de la Guardia Nacional, su creación hace tres años con el apoyo de todos los partidos políticos fue un paso estratégico para consolidar una nueva política de seguridad del Estado mexicano y no solo suponer la creación de una nueva policía federal más.
En sus tres años de funcionamiento, la Guardia ha tenido más resultados positivos que las policías federales del pasado porque -como lo recordó el general secretario Luis Cresencio Sandoval González en la ceremonia del jueves pasado- su origen, desarrollo y consolidación ha estado bajo la supervisión de los criterios, principios y disciplinas de las Fuerzas Armadas.
En este contexto, la aprobación de una reforma para incorporar de manera formal a la Guardia bajo los espacios de supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional sería el último paso para interrelacionar las tres seguridades del Estado: pública, interior y nacional.
La adscripción de la Guardia a la Sedena evitaría que el nuevo cuerpo de seguridad padeciera los jaloneos normales de una institución civil sujeta a los vaivenes políticos. Las Fuerzas Armadas pasaron la prueba de fuego de la institucionalidad cuando se dieron las tres alternancias partidistas en la Presidencia de la República: del PRI al PAN en el 2000, del PAN al PRI en el 2012 y del PRI a Morena en el 2018, con comportamientos institucionales castrenses.
La tarea de la seguridad pública que involucra de manera prioritaria a la Guardia no se agota solo en la función policiaca de perseguir maleantes, sino que se define en función de la seguridad interior que tiene mandato constitucional y cuya falta de reglamentación legal ha sido uno de los pasivos en los más de 200 años de doctrina constitucional: asumir la seguridad ciudadana como la responsabilidad del Estado para garantizar la democracia, el bienestar social y la tranquilidad ciudadana.
El desarrollo contradictorio de la delincuencia ha tenido que ir impactando en los principios de la seguridad. De las tareas de persecución de delincuentes, la seguridad interior tiene que ver con la garantía de la estabilidad nacional dentro de las fronteras ante agresiones de grupos delictivos, ahora muchos de ellos articulados en verdaderas organizaciones criminales trasnacionales. Los principios de seguridad asumen la seguridad interior con objetivos que tienen que ver con las tareas del Estado:
La seguridad interior es la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
En este principio contenido en las doctrinas militares se basa el papel de la Guardia más allá de las funciones policíacas en sentido estricto y crean obligaciones del Estado para vincular la defensa del patrimonio de los ciudadanos como una garantía de bienestar social, además de que asume la seguridad interior como una salvaguarda del desarrollo nacional.
De ahí la importancia de vincular las tareas de seguridad interior de la Guardia Nacional con el concepto de democracia o gobernabilidad democrática que reconoce como obligación el artículo tercero constitucional, donde se considera a “la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Es decir, que la garantía de la democracia y el bienestar pasa por su articulación con el objetivo del bienestar de la sociedad y no solo la tranquilidad policiaca en las calles.
La participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo social a obras de gobierno ha liquidado cualquier sombra de duda con respecto al viejo concepto de la militarización como el temor de la substitución de la sociedad política-sociedad civil por funcionamientos de carácter militar que solo tienen validez en tanto que responden a funciones limitadas a tareas de seguridad. A mayor participación de las Fuerzas Armadas en apoyo obras del Gobierno ha correspondido un aumento en el grado de control civil sobre el cuerpo castrense para evitar desviaciones de autoridad.
Los criterios de la oposición hace tres años para fundar la Guardia son válidos hoy para aprobar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Política Para Dummies: La política es, por definición, civil.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
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En sus tres años de funcionamiento, la Guardia ha tenido más resultados positivos que las policías federales del pasado porque -como lo recordó el general secretario Luis Cresencio Sandoval González en la ceremonia del jueves pasado- su origen, desarrollo y consolidación ha estado bajo la supervisión de los criterios, principios y disciplinas de las Fuerzas Armadas.
En este contexto, la aprobación de una reforma para incorporar de manera formal a la Guardia bajo los espacios de supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional sería el último paso para interrelacionar las tres seguridades del Estado: pública, interior y nacional.
La adscripción de la Guardia a la Sedena evitaría que el nuevo cuerpo de seguridad padeciera los jaloneos normales de una institución civil sujeta a los vaivenes políticos. Las Fuerzas Armadas pasaron la prueba de fuego de la institucionalidad cuando se dieron las tres alternancias partidistas en la Presidencia de la República: del PRI al PAN en el 2000, del PAN al PRI en el 2012 y del PRI a Morena en el 2018, con comportamientos institucionales castrenses.
La tarea de la seguridad pública que involucra de manera prioritaria a la Guardia no se agota solo en la función policiaca de perseguir maleantes, sino que se define en función de la seguridad interior que tiene mandato constitucional y cuya falta de reglamentación legal ha sido uno de los pasivos en los más de 200 años de doctrina constitucional: asumir la seguridad ciudadana como la responsabilidad del Estado para garantizar la democracia, el bienestar social y la tranquilidad ciudadana.
El desarrollo contradictorio de la delincuencia ha tenido que ir impactando en los principios de la seguridad. De las tareas de persecución de delincuentes, la seguridad interior tiene que ver con la garantía de la estabilidad nacional dentro de las fronteras ante agresiones de grupos delictivos, ahora muchos de ellos articulados en verdaderas organizaciones criminales trasnacionales. Los principios de seguridad asumen la seguridad interior con objetivos que tienen que ver con las tareas del Estado:
La seguridad interior es la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
En este principio contenido en las doctrinas militares se basa el papel de la Guardia más allá de las funciones policíacas en sentido estricto y crean obligaciones del Estado para vincular la defensa del patrimonio de los ciudadanos como una garantía de bienestar social, además de que asume la seguridad interior como una salvaguarda del desarrollo nacional.
De ahí la importancia de vincular las tareas de seguridad interior de la Guardia Nacional con el concepto de democracia o gobernabilidad democrática que reconoce como obligación el artículo tercero constitucional, donde se considera a “la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Es decir, que la garantía de la democracia y el bienestar pasa por su articulación con el objetivo del bienestar de la sociedad y no solo la tranquilidad policiaca en las calles.
La participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo social a obras de gobierno ha liquidado cualquier sombra de duda con respecto al viejo concepto de la militarización como el temor de la substitución de la sociedad política-sociedad civil por funcionamientos de carácter militar que solo tienen validez en tanto que responden a funciones limitadas a tareas de seguridad. A mayor participación de las Fuerzas Armadas en apoyo obras del Gobierno ha correspondido un aumento en el grado de control civil sobre el cuerpo castrense para evitar desviaciones de autoridad.
Los criterios de la oposición hace tres años para fundar la Guardia son válidos hoy para aprobar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
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En sus tres años de funcionamiento, la Guardia ha tenido más resultados positivos que las policías federales del pasado porque -como lo recordó el general secretario Luis Cresencio Sandoval González en la ceremonia del jueves pasado- su origen, desarrollo y consolidación ha estado bajo la supervisión de los criterios, principios y disciplinas de las Fuerzas Armadas.
En este contexto, la aprobación de una reforma para incorporar de manera formal a la Guardia bajo los espacios de supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional sería el último paso para interrelacionar las tres seguridades del Estado: pública, interior y nacional.
La adscripción de la Guardia a la Sedena evitaría que el nuevo cuerpo de seguridad padeciera los jaloneos normales de una institución civil sujeta a los vaivenes políticos. Las Fuerzas Armadas pasaron la prueba de fuego de la institucionalidad cuando se dieron las tres alternancias partidistas en la Presidencia de la República: del PRI al PAN en el 2000, del PAN al PRI en el 2012 y del PRI a Morena en el 2018, con comportamientos institucionales castrenses.
La tarea de la seguridad pública que involucra de manera prioritaria a la Guardia no se agota solo en la función policiaca de perseguir maleantes, sino que se define en función de la seguridad interior que tiene mandato constitucional y cuya falta de reglamentación legal ha sido uno de los pasivos en los más de 200 años de doctrina constitucional: asumir la seguridad ciudadana como la responsabilidad del Estado para garantizar la democracia, el bienestar social y la tranquilidad ciudadana.
El desarrollo contradictorio de la delincuencia ha tenido que ir impactando en los principios de la seguridad. De las tareas de persecución de delincuentes, la seguridad interior tiene que ver con la garantía de la estabilidad nacional dentro de las fronteras ante agresiones de grupos delictivos, ahora muchos de ellos articulados en verdaderas organizaciones criminales trasnacionales. Los principios de seguridad asumen la seguridad interior con objetivos que tienen que ver con las tareas del Estado:
La seguridad interior es la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
En este principio contenido en las doctrinas militares se basa el papel de la Guardia más allá de las funciones policíacas en sentido estricto y crean obligaciones del Estado para vincular la defensa del patrimonio de los ciudadanos como una garantía de bienestar social, además de que asume la seguridad interior como una salvaguarda del desarrollo nacional.
De ahí la importancia de vincular las tareas de seguridad interior de la Guardia Nacional con el concepto de democracia o gobernabilidad democrática que reconoce como obligación el artículo tercero constitucional, donde se considera a “la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Es decir, que la garantía de la democracia y el bienestar pasa por su articulación con el objetivo del bienestar de la sociedad y no solo la tranquilidad policiaca en las calles.
La participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo social a obras de gobierno ha liquidado cualquier sombra de duda con respecto al viejo concepto de la militarización como el temor de la substitución de la sociedad política-sociedad civil por funcionamientos de carácter militar que solo tienen validez en tanto que responden a funciones limitadas a tareas de seguridad. A mayor participación de las Fuerzas Armadas en apoyo obras del Gobierno ha correspondido un aumento en el grado de control civil sobre el cuerpo castrense para evitar desviaciones de autoridad.
Los criterios de la oposición hace tres años para fundar la Guardia son válidos hoy para aprobar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
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