jueves, diciembre 8, 2022
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INDICADOR POLÍTICO

Ayotzinapa fue el Tlatelolco
del PRD de Los Chuchos

Por Carlos Ramírez

A raíz de la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de una autorización constitucional sobre el asesinato de campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer renunció a su cargo en 1996, pero exigió que como interino quedará el priista Ángel Aguirre Rivero para que le cuidara las espaldas.
El gobernador guerrerense en funciones hace ocho años –el 2014 de Ayotzinapa– era el entonces ya neoperredista Ángel Aguirre Rivero, quién se había pasado del PRI al PRD por gestiones políticas operadas por el entonces jefe capitalino de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, en una maniobra que demostraba en su momento que el partido del sol azteca había perdido sus referentes ideológicos y era un cascarón al servicio de intereses caciquiles.
El PRD tenía el control del Gobierno estatal y de espacios municipales, entre ellos Iguala, durante los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de hace ocho años cuando 43 estudiantes radicales de la normal de Ayotzinapa fueron detenidos por la Policía Municipal de Iguala por instrucciones directas del alcalde perredista José Luis Abarca fueron entregados al crimen organizado para que diera cuenta de ellos.
El origen de la crisis de Ayotzinapa estuvo en un PRD guerrerense copado por los intereses caciquiles del PRI, comenzando por las relaciones del priista Ángel Aguirre Rivero con el cacicazgo de los Figueroa en la entidad. Aguirre cumplió su papel para darle carpetazo al asesinato de campesinos en Aguas Blancas y proteger al entonces exgobernador Figueroa Alcocer de cualquier responsabilidad gubernamental. En este contexto, Aguirre se hizo perredista en 2011 para ser candidato a gobernador con una biografía pública de todas sus andanzas y compromisos priístas.
En este contexto puede decirse que el asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa debe acreditarse en primera instancia a los políticos que ejercían el poder en nombre del PRD entonces dirigido por Carlos Navarrete Ruiz, pero ya bajo el control estricto, desde entonces, de los Chuchos: Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano, el primero proveniente del PST echeverrista y el segundo formado en las filas del ala dura del viejo Partido Comunista Mexicano que le entregó su registro legal a la Corriente Democrática del neocardenismo priista para fundar el partido del Sol azteca en 1989.
A raíz del crimen de Ayotzinapa, el fundador y expresidente del PRD Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano discutió en público con Navarrete Ruiz sobre la crisis de Ayotzinapa y solicitó la renuncia de toda la directiva del partido para que se aclarara la responsabilidad política del partido en los incidentes con los estudiantes de la normal. El PRD de los Chuchos ya se había alejado de López Obrador y había abandonado los enfoques cardenistas por la participación del PRD chuchista en el Pacto por México del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012 donde se estableció la privatización del sector petrolero. Cárdenas renunció al PRD en noviembre de 2014 por, entre otras razones, la crisis de Ayotzinapa.
Ante la presión política por los señalamientos de su presunta responsabilidad como gobernante guerrerense, Aguirre Rivero fue obligado a solicitar licencia de su cargo de gobernador el 23 de octubre del 2014, como una forma de facilitar las investigaciones sobre la crisis de los gobiernos perredistas estatal y municipal en la desaparición y asesinato de los estudiantes de la normal.
Unos días antes, también por presiones de la investigación pericial, el alcalde de iguala, José Luis Abarca, había solicitado licencia a su cargo municipal el 30 de septiembre y pasó a la clandestinidad hasta que el 5 de noviembre fue arrestado en una casa en Iztapalapa, después de haberse liberado una orden de aprehensión por evidencias de que estaba involucrado de manera directa en el secuestro de los 43 estudiantes y presuntamente había dado la orden de entregarlo al grupo de los Guerreros Unidos para su desaparición.
Toda la investigación posterior a la verdad histórica del entonces procurador peñista Jesús Murillo Karam estuvo a cargo en la administración actual del subsecretario Alejandro Encinas, quien en 2014 era senador del PRD por la circunscripción del Estado de México y aparecía muy cercano a la dirección perredista de Carlos Navarrete Ruiz y los Chuchos.
En la fase actual de la investigación bajo la cobertura de la Comisión de la Verdad, el PRD no tiene ningún involucramiento, a pesar de que las autoridades municipales y estatales pertenecían a ese partido.
Política para dummies: La política es la responsabilidad acreditable que no se ejerce contra la responsabilidad escondida.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
[email protected]
http://elindependiente.com.mx
@carlosramirezh
Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

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A raíz de la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de una autorización constitucional sobre el asesinato de campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer renunció a su cargo en 1996, pero exigió que como interino quedará el priista Ángel Aguirre Rivero para que le cuidara las espaldas.
El gobernador guerrerense en funciones hace ocho años –el 2014 de Ayotzinapa– era el entonces ya neoperredista Ángel Aguirre Rivero, quién se había pasado del PRI al PRD por gestiones políticas operadas por el entonces jefe capitalino de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, en una maniobra que demostraba en su momento que el partido del sol azteca había perdido sus referentes ideológicos y era un cascarón al servicio de intereses caciquiles.
El PRD tenía el control del Gobierno estatal y de espacios municipales, entre ellos Iguala, durante los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de hace ocho años cuando 43 estudiantes radicales de la normal de Ayotzinapa fueron detenidos por la Policía Municipal de Iguala por instrucciones directas del alcalde perredista José Luis Abarca fueron entregados al crimen organizado para que diera cuenta de ellos.
El origen de la crisis de Ayotzinapa estuvo en un PRD guerrerense copado por los intereses caciquiles del PRI, comenzando por las relaciones del priista Ángel Aguirre Rivero con el cacicazgo de los Figueroa en la entidad. Aguirre cumplió su papel para darle carpetazo al asesinato de campesinos en Aguas Blancas y proteger al entonces exgobernador Figueroa Alcocer de cualquier responsabilidad gubernamental. En este contexto, Aguirre se hizo perredista en 2011 para ser candidato a gobernador con una biografía pública de todas sus andanzas y compromisos priístas.
En este contexto puede decirse que el asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa debe acreditarse en primera instancia a los políticos que ejercían el poder en nombre del PRD entonces dirigido por Carlos Navarrete Ruiz, pero ya bajo el control estricto, desde entonces, de los Chuchos: Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano, el primero proveniente del PST echeverrista y el segundo formado en las filas del ala dura del viejo Partido Comunista Mexicano que le entregó su registro legal a la Corriente Democrática del neocardenismo priista para fundar el partido del Sol azteca en 1989.
A raíz del crimen de Ayotzinapa, el fundador y expresidente del PRD Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano discutió en público con Navarrete Ruiz sobre la crisis de Ayotzinapa y solicitó la renuncia de toda la directiva del partido para que se aclarara la responsabilidad política del partido en los incidentes con los estudiantes de la normal. El PRD de los Chuchos ya se había alejado de López Obrador y había abandonado los enfoques cardenistas por la participación del PRD chuchista en el Pacto por México del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012 donde se estableció la privatización del sector petrolero. Cárdenas renunció al PRD en noviembre de 2014 por, entre otras razones, la crisis de Ayotzinapa.
Ante la presión política por los señalamientos de su presunta responsabilidad como gobernante guerrerense, Aguirre Rivero fue obligado a solicitar licencia de su cargo de gobernador el 23 de octubre del 2014, como una forma de facilitar las investigaciones sobre la crisis de los gobiernos perredistas estatal y municipal en la desaparición y asesinato de los estudiantes de la normal.
Unos días antes, también por presiones de la investigación pericial, el alcalde de iguala, José Luis Abarca, había solicitado licencia a su cargo municipal el 30 de septiembre y pasó a la clandestinidad hasta que el 5 de noviembre fue arrestado en una casa en Iztapalapa, después de haberse liberado una orden de aprehensión por evidencias de que estaba involucrado de manera directa en el secuestro de los 43 estudiantes y presuntamente había dado la orden de entregarlo al grupo de los Guerreros Unidos para su desaparición.
Toda la investigación posterior a la verdad histórica del entonces procurador peñista Jesús Murillo Karam estuvo a cargo en la administración actual del subsecretario Alejandro Encinas, quien en 2014 era senador del PRD por la circunscripción del Estado de México y aparecía muy cercano a la dirección perredista de Carlos Navarrete Ruiz y los Chuchos.
En la fase actual de la investigación bajo la cobertura de la Comisión de la Verdad, el PRD no tiene ningún involucramiento, a pesar de que las autoridades municipales y estatales pertenecían a ese partido.
Política para dummies: La política es la responsabilidad acreditable que no se ejerce contra la responsabilidad escondida.
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El gobernador guerrerense en funciones hace ocho años –el 2014 de Ayotzinapa– era el entonces ya neoperredista Ángel Aguirre Rivero, quién se había pasado del PRI al PRD por gestiones políticas operadas por el entonces jefe capitalino de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, en una maniobra que demostraba en su momento que el partido del sol azteca había perdido sus referentes ideológicos y era un cascarón al servicio de intereses caciquiles.
El PRD tenía el control del Gobierno estatal y de espacios municipales, entre ellos Iguala, durante los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de hace ocho años cuando 43 estudiantes radicales de la normal de Ayotzinapa fueron detenidos por la Policía Municipal de Iguala por instrucciones directas del alcalde perredista José Luis Abarca fueron entregados al crimen organizado para que diera cuenta de ellos.
El origen de la crisis de Ayotzinapa estuvo en un PRD guerrerense copado por los intereses caciquiles del PRI, comenzando por las relaciones del priista Ángel Aguirre Rivero con el cacicazgo de los Figueroa en la entidad. Aguirre cumplió su papel para darle carpetazo al asesinato de campesinos en Aguas Blancas y proteger al entonces exgobernador Figueroa Alcocer de cualquier responsabilidad gubernamental. En este contexto, Aguirre se hizo perredista en 2011 para ser candidato a gobernador con una biografía pública de todas sus andanzas y compromisos priístas.
En este contexto puede decirse que el asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa debe acreditarse en primera instancia a los políticos que ejercían el poder en nombre del PRD entonces dirigido por Carlos Navarrete Ruiz, pero ya bajo el control estricto, desde entonces, de los Chuchos: Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano, el primero proveniente del PST echeverrista y el segundo formado en las filas del ala dura del viejo Partido Comunista Mexicano que le entregó su registro legal a la Corriente Democrática del neocardenismo priista para fundar el partido del Sol azteca en 1989.
A raíz del crimen de Ayotzinapa, el fundador y expresidente del PRD Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano discutió en público con Navarrete Ruiz sobre la crisis de Ayotzinapa y solicitó la renuncia de toda la directiva del partido para que se aclarara la responsabilidad política del partido en los incidentes con los estudiantes de la normal. El PRD de los Chuchos ya se había alejado de López Obrador y había abandonado los enfoques cardenistas por la participación del PRD chuchista en el Pacto por México del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012 donde se estableció la privatización del sector petrolero. Cárdenas renunció al PRD en noviembre de 2014 por, entre otras razones, la crisis de Ayotzinapa.
Ante la presión política por los señalamientos de su presunta responsabilidad como gobernante guerrerense, Aguirre Rivero fue obligado a solicitar licencia de su cargo de gobernador el 23 de octubre del 2014, como una forma de facilitar las investigaciones sobre la crisis de los gobiernos perredistas estatal y municipal en la desaparición y asesinato de los estudiantes de la normal.
Unos días antes, también por presiones de la investigación pericial, el alcalde de iguala, José Luis Abarca, había solicitado licencia a su cargo municipal el 30 de septiembre y pasó a la clandestinidad hasta que el 5 de noviembre fue arrestado en una casa en Iztapalapa, después de haberse liberado una orden de aprehensión por evidencias de que estaba involucrado de manera directa en el secuestro de los 43 estudiantes y presuntamente había dado la orden de entregarlo al grupo de los Guerreros Unidos para su desaparición.
Toda la investigación posterior a la verdad histórica del entonces procurador peñista Jesús Murillo Karam estuvo a cargo en la administración actual del subsecretario Alejandro Encinas, quien en 2014 era senador del PRD por la circunscripción del Estado de México y aparecía muy cercano a la dirección perredista de Carlos Navarrete Ruiz y los Chuchos.
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