Juan Ramón de la Fuente y Pablo Arrocha
(Misión Permanente de México en las Naciones Unidas)
El 1 de diciembre de 2019, tras las declaraciones del entonces presidente Trump, en las que decía que pondría en marcha un proceso para designar a las organizaciones mexicanas del crimen organizado como grupos terroristas, publicamos en este espacio un artículo bajo el mismo título (EL UNIVERSAL,12/01/19). Ahí nos referimos a las diferencias que hay entre ambos conceptos y explicamos por qué pretender equipararlas no solamente no solucionaría el problema, sino que lo agravaría. La respuesta de México fue entonces y sigue siendo categórica: no se admitirá acción alguna que atente contra la soberanía nacional.
Pero no debe sorprender que una vez más nos topemos con el mismo debate. El tema se usa con fines político-electorales y la idea de una posible intervención militar en nuestro país, por perversa que sea, resulta atractiva para algunos. Los senadores republicanos Lindsey Graham (Carolina del Sur) y John Kennedy (Louisiana) han planteado un supuesto plan de dos puntos: designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y la autorización del uso de la fuerza militar en su contra. El planteamiento se hizo con toda intencionalidad. Se trata de ganar adeptos. Resulta imposible pensar que ignoran que su dicho rebasa los límites establecidos en el derecho internacional. Pura politiquería, pues.
Pero por eso mismo es pertinente reiterar algunos puntos, para no caer en la provocación ni hacerles el juego, pero tampoco dejarlos pasar como si nada hubiese ocurrido.
La designación unilateral por parte de Estados Unidos de organizaciones terroristas extranjeras, se da como resultado de un proceso interno que está regulado por leyes de ese país, tales como el Acta de Inmigración y Nacionalidad o el Acta de Autorización de Relaciones Extranjeras.
Por lo mismo, conviene rescatar lo dicho por la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el pasado 3 de marzo: «tal designación no es necesaria ni aporta mayores facultades a las ya existentes para abordar el combate al narcotráfico, incluidas sanciones a individuos y entidades».
Ahora bien, no designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no significa minimizar la gravedad del problema. Se trata de definir con precisión y llamar por su debido nombre al tipo de actividad delictiva de la que se trata. Sólo así se podrán reforzar los mecanismos legales nacionales e internacionales que correspondan, para enfrentarlo con mayor eficacia.
Asumir que la designación de organizaciones del crimen organizado como grupos terroristas va a justificar el uso de la fuerza es, pues, un planteamiento falso y contrario al derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas en su Artículo 2, reconoce el principio de la igualdad soberana de los Estados y señala además que «los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas».
Al respecto, cabe recordar que sólo existen dos excepciones a la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de la ONU: cuando así lo autoriza el Consejo de Seguridad, al amparo del Capítulo VII, o cuando se actúa en legítima defensa de conformidad con el Artículo 51. Ninguna acción militar destinada a llevar a cabo ataques dirigidos contra organizaciones criminales en México podría justificarse bajo estas excepciones.
Otra dimensión ineludible del problema, que fue omitida por los senadores republicanos, es la del vínculo existente entre el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Se trata de un asunto que requiere de respuestas internacionales y multisectoriales.
Tanto el terrorismo como la delincuencia organizada, independientemente de su categorización, son fenómenos muy violentos, que conllevan actos criminales, y que afectan y lastiman de manera profunda a nuestras sociedades. Una lección fundamental que México ha aprendido, como consecuencia de las estrategias exclusivamente represivas, es que la violencia conlleva más violencia. Siempre será un error crear un monstruo para tratar de vencer a otro.
Los planteamientos del Gobierno de México han sido muy claros: mejorar la colaboración y la cooperación internacionales. No podemos olvidar que el principal mercado de consumo de drogas, con un valor de cientos de millones de Dólares anuales, está precisamente en Estados Unidos. A eso se suma que más de 200,000 armas de fuego son traficadas anualmente de manera ilegal hacia nuestro país. Al menos el 80% de las armas incautadas al crimen organizado provienen de Estados Unidos. Ante este grave problema, la cancillería mexicana optó por la vía del derecho y presentó en 2021, una demanda innovadora contra algunas de las mayores empresas fabricantes de armas en ese país. El proceso sigue su curso por la vía judicial.
Cooperación sí, toda la que se requiera; intervencionismo no, bajo ninguna circunstancia. Sun
