Pablo Necoechea
El año 2024 se perfila como uno clave. A seis años de la fecha límite de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de la Naciones Unidas, el 2024 se caracteriza por una integración más profunda de la sustentabilidad en las estrategias nacionales e internacionales como respuesta a los crecientes riesgos sociales, de salud y ambientales. Esta situación marca una renovación en la relación entre sustentabilidad, tecnología y regulación, redefiniendo los sistemas actuales, haciéndoles más resilientes.
Adicionalmente, México tendrá su mayor proceso democrático en 2024. Se llevarán a cabo elecciones tanto a nivel federal como en las 32 entidades federativas. Según los datos proporcionados por el INE, las elecciones de 2024 marcarán un hito en la historia de la democracia de México, donde las elecciones más grandes del país se llevarán a cabo con alrededor de 98 millones de votantes e implicarán la elección del Presidente, 128 Senadores, 500 Diputados federales, 8 Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la renovación de 31 Congresos Locales.
Además de su importancia, las próximas elecciones son cruciales debido a la polarización política predominante en el país, así como las implicaciones que conlleva un cambio de gobierno en un país con un presidencialismo tan fuerte.
Sin embargo, no se debe perder de vista al cambio climático, que de acuerdo con Foro Económico Mundial es uno de los mayores riesgos que enfrentan los seres humanos, y que tendrá efecto sobre las siguientes generaciones. El cambio climático ha sido identificado por importantes organismos internacionales como un peligro global financiero y no financiero. Los riesgos relacionados con el cambio climático se manifiestan cada vez más con un rápido aumento respecto al volumen y la escala de los fenómenos meteorológicos extremos que causan daños físicos y perturban a la sociedad.
El impacto del cambio climático se ha hecho cada vez más indiscutible por una serie de fenómenos meteorológicos extremos que han ocurrido alrededor del mundo. La integridad de las personas, organizaciones y sistemas se ve cada vez más expuesta a fenómenos ambientales extremos, entre los que se cuentan inundaciones, sequías severas, incendios masivos, huracanes y olas de calor con mayor severidad nunca antes registradas.
En ese sentido, enfrentar los problemas del medio ambiente es también una misión del Estado, sobre todo del democrático, que busca satisfacer las necesidades de la población y no de quien ejerce el poder. Es por ello que la atención a los problemas medioambientales no puede ser ajena a la deliberación democrática. La fragilidad de los sistemas naturales en las regiones más diversas del orbe es resultado directo de factores antropogénicos, los cuales derivan directamente de la actividad humana, como la deforestación, la ganadería, el uso de combustibles fósiles, etc.
México es uno de los países más vulnerables al cambio climático. La ubicación geográfica, topográfica e hidrológica del país crean condiciones vulnerables a eventos hidrológicos o meteorológicos extremos. Como resultado, los ecosistemas y las personas son particularmente vulnerables a daños significativos debido al cambio climático. La falta de interés en la agenda climática evidencia mayor vulnerabilidad frente a los impactos derivados del calentamiento global.
Sin embargo, México muestra áreas de oportunidad en cuanto a su agenda climática. Muchos partidos políticos o gobiernos delegan la formulación y la ejecución de las políticas públicas medioambientales a otro nivel de gobierno o a la iniciativa privada, prefiriendo centrarse en medidas más inmediatas y convencionales. El país presenta una falta de ambición en compromisos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (mediante contribuciones nacionalmente determinadas).
La falta de ambición y compromiso que muestra el país representa un retroceso en materia de cambio climático, y en la progresividad cooperativa para lo establecido en el Acuerdo de París. Así como retrasos en el cumplimiento al marco legal existente a nivel nacional en materia de Ley General de Cambio Climático (LGCC), que desde el 2012 establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en México. Cabe recordar que atender los problemas del medio ambiente implica modificar comportamientos e intereses en todos los sectores que componen la economía, lo que lo convierte en un tema político que busca representar el interés mayoritario. Sun
