Jorge Islas
No termina por resolverse la apelación de la ley de Texas, mejor conocida como SB4, en la que se determinará próximamente su constitucionalidad, cuando dos legislaturas estatales ya aprobaron legislaciones similares en cuanto a que son notoriamente inconstitucionales, xenófobas, discriminatorias y prejuiciosas en contra de toda persona que no sea físicamente parecida a un anglosajón o bien que no hable inglés con acento local.
Se trata del Senate File 2340 de Iowa, que permite que autoridades locales deporten a migrantes no documentados, invadiendo con ello las facultades que tiene asignado el gobierno federal en materia migratoria.
De igual manera, en Tennessee, se presentó la H2124/SB2576 (House Bill 2124/ Senate Bill 2576). Su legislación es un poco más cuidada, ya que simula que las fuerzas policiales locales podrán apoyar a las fuerzas federales para identificar, aprehender, detener y deportar a todo migrante no documentado, en realidad lo que busca es evadir el desafío de las competencias asignadas tanto para la federación como para los estados, pero básicamente es otra legislación xenófoba.
El problema, como ha sido ya tratado con la legislación SB4, radica en los criterios con los que las autoridades estatales tendrían que proceder para aplicar la ley. La misma jefatura de policía en Iowa se afirma incapacitada, no financiada ni preparada para proceder a la aplicación de una ley que, en principio, pretende asumir responsabilidades que corresponden al Gobierno Federal.
¿Y qué instancia judicial está lista para proteger el acceso al debido proceso de ley cuando hay una legislación que se rige bajo principios de discriminación? La autoridad que presente a los migrantes ante un Juez, tendría que basarse, después de todo, en percepciones subjetivas suscritas en la manera de hablar, el color de la piel, entre otras características físicas.
No recuerdo precedente alguno que permita criminalizar o sancionar a una persona por su aspecto étnico. De igual manera, no recuerdo ninguna regulación o sentencia que establezca como delito un tema sancionado por la vía administrativa como lo es la materia migratoria.
No se necesita ser un genio para advertir lo que van a detonar este tipo de legislaciones en contra de los derechos de las minorías, sean migrantes documentados o no, dado que las autoridades encargadas de implementar dichas normas no están capacitados para un tema que les es ajeno y por razón de prejuicio e ignorancia, podrían detener a ciudadanos americanos de origen latino, pero por el color de su piel, los van a estereotipar como hispanos no documentados.
La ley en este sentido discrimina, crea divisiones y fragmenta a una sociedad cuya fuerza históricamente radica en la unidad de sus integrantes. No entiendo cómo se puede justificar la creación de una ley para beneficio del interés público cuando se intimida y hostiga al migrante que hace grandes aportaciones económicas al lugar en donde reside, y en general a la comunidad con la que vive y trabaja.
Los migrantes son, por hecho y efecto, parte fundamental de la sociedad norteamericana desde que se formó como una república basada en los principios de que todos los hombres han sido creados iguales y todos tienen la misma igualdad frente a la ley.
Por lo que dice expresamente la ley, así como los precedentes judiciales en la materia, es poco probable que estas leyes obtengan una resolución favorable a menos que la autoridad estatal pase por encima de la Constitución (…) No falta mucho para que sepamos por parte de la Corte de Apelaciones la procedencia o no de estas leyes antimigrantes.
Obviamente en temporada electoral escasean los grandes espíritus, los que han hecho posible un mejor momento para toda persona que busca mejores oportunidades y no estereotipos que los condenen por su apariencia física. Sun
Cónsul General de México en Nueva York.
