Nueva Policía Federal en la
SSPC Perfila un FBI Mexicano
Carlos Ramírez
La Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana esperó el cerrojazo legislativo para la reforma del artículo 21 constitucional para operar su lanzamiento como nueva policía de investigación, complementaria a la del Ministerio Público Federal y a la de la Guardia Nacional.
El operativo Enjambre en el Estado de México para desarticular -y este es el principal mensaje de seguridad- las estructuras políticas, administrativas y de seguridad municipales fueron los primeros golpes del secretario Omar García Harfuch, ya investido con la autorización de convertir a su dependencia en policía federal con dos tareas centrales: investigación e inteligencia.
La estrategia de seguridad del secretario García Harfuch se convirtió en una tercera etapa en el sangriento período 2006-2024: la primera fue la guerra contra el narcotráfico ordenada por el presidente Calderón sin mecanismos de inteligencia, y luego vino el ciclo de “abrazos, no balazos” que apelaba al modelo de gobernanza criminal para que los grupos delictivos se comprometieran a no generar violencia en las comunidades, pero ninguna de las dos atendió el punto nodal del auge del crimen organizado: ninguna banda criminal-delictiva puede existir y consolidarse sin la complicidad de las autoridades políticas de los tres niveles de Gobierno.
La operación Enjambre definió el rumbo de la tercera etapa de la crisis de seguridad de los últimos 20 años y mandó mensajes muy precisos de los nuevos mecanismos de las autoridades responsables: primero, la capacidad de investigar sobre la configuración no de las bandas en sí mismas, sino las instancias de complicidad con las autoridades locales; segundo, el realineamiento de las instancias de inteligencia paratemas de seguridad interior que habían venido operando de manera aislada; y tercero, en la parte más importante, la capacidad de operación de resultados a través de cuerpos de seguridad que no sean copados o cooptados por los delincuentes.
Enjambre, el pasado fin de semana en el Estado de México, colocó mensajes muy directos y entre ellos el más importante: la forma de debilitar al crimen organizado se encuentra en la desarticulación de sus relaciones políticas y de poder. En la lista de funcionarios mexiquenses detenidos con cargos de extorsión, secuestro y homicidio se dejaron ver los hilos de poder con cárteles locales y organizaciones criminales federales, y no debe dejar de atenderse los espacios de operación de esos funcionarios: oficinas de seguridad municipal, oficinas del DIF y desde luego, el arresto de la Presidenta Municipal de Amanalco.
La estrategia de Calderón puso como objetivos a los grandes capos y la política de seguridad de López Obrador le apostó a la no-confrontación, pero ambas decisiones permitieron que el crimen organizado avanzara en la captura territorial e institucional de porciones de la soberanía del Estado, es decir, consintieron que estructuras de poder pasaron a formar parte de la red de relaciones políticas delictivas.
El golpe de la Secretaría de García Harfuch fijó mensaje muy directo: si la autoridad del Estado ejerce su poder para impedir que estructuras institucionales se pongan al servicio de los delincuentes, la cadena de complicidades se romperá en los eslabones que representan la capacidad de poder político e institucional de las bandas delictivas.
Y si bien se entiende la operación, entonces la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum y García Harfuch comenzará a ver resultados efectivos destrozando el corazón del poder político del crimen organizado, que representan las Alcaldías y las oficinas municipales de seguridad.
Y si la operación Enjambre queda como un mecanismo permanente, los operativos de seguridad contra Alcaldías aliadas al crimen serán el primer gran paso para combatir en serio la delincuencia.
Política Para Dummies: la política es, por sí misma, una acción de seguridad del Estado.
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