Ricardo Homs
Las investigaciones recientes nos refieren de la inacción de autoridades frente al descubrimiento de campos de entrenamiento militar de diversos grupos delincuenciales, aun teniendo información puntual. Estas son omisiones criminales que han sido toleradas por altos funcionarios gubernamentales, lo cual ha estimulado la impunidad.
Estas omisiones han permitido que miles de personas hayan perdido la vida a manos de estos grupos de delincuentes y ello debiese tener consecuencias.
Por complicidad, irresponsabilidad, -o simplemente la indiferencia de autoridades-, mucha gente sigue desapareciendo y muchos de ellos están perdiendo la vida.
Responsabilizar sólo al Gobierno del Estado de Jalisco, -como lo ha hecho el fiscal general de la república, Gertz Manero-, significa politizar el problema desviando las responsabilidades de los «de casa», capitalizando políticamente una tragedia.
Una característica de nuestras autoridades es su tendencia a realizar un show mediático para castigar a unos chivos expiatorios que calmen la tormenta. Sin embargo, mientras no se instrumenten nuevas estrategias para actuar con eficiencia, el problema persistirá y mucha gente morirá
No actuar aun teniendo evidencias, -e incluso información privilegiada-, tiene un alto costo para la sociedad.
Tener que esperar a que una víctima denuncie el delito para empezar a actuar representa una aberración en un país donde campea el miedo a las represalias de los victimarios y por ello no se levantan denuncias, -y cuando estas se presentan-, bien sabemos que puede haber funestas consecuencias.
La ausencia de denuncias en casos de evidente certeza del delito es aprovechada por los funcionarios corruptos, -y por los negligentes-, para no actuar.
Es necesario realizar un ajuste legislativo para eliminar el requisito de la denuncia de la víctima cuando las evidencias sean incuestionables o exista flagrancia. El delito debe perseguirse de oficio.
Parece ser que la presidenta Sheinbaum a través del «super» secretario García Harfuch está tomando el camino correcto. Incluso existe el rumor de que la UIF pueda quedar bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de encauzar los esfuerzos de esta institución en el combate a la delincuencia organizada a través de seguir la huella del dinero, lo cual puede traer grandes e inesperadas sorpresas.
Sin embargo, mientras no se penalice la inacción gubernamental frente a las evidencias del delito castigando seriamente, -y no sólo con despedir e inhabilitar para ejercer cargos en la administración pública al funcionario denunciado por negligencia-, sino con cárcel, como corresponde a las graves consecuencias derivadas de su inacción, -o confabulación con los criminales-, no se resolverá el problema de la violencia desmedida que campea por todo el territorio nacional.
Tranquiliza saber que las nuevas estrategias contra el crimen organizado van en el camino correcto, pero mientras no se castigue de forma radical a quienes propician que los delincuentes continúen operando en impunidad, -sean del color político que sean-, el enemigo dentro de casa seguirá saboteando los esfuerzos.
Víctima por partida doble.
Los asesinatos de «madres buscadoras» representan el intento del crimen organizado por negar a las familias de sus víctimas el derecho a conocer el paradero de su familiar.
La muerte de Teresita González Murillo, madre buscadora de Jalisco, -quien quería conocer el destino de su hermano secuestrado en septiembre del 2024-, y recibió un balazo en la cabeza al resistirse a ser secuestrada en su propio hogar, retrata el drama de estas heroínas anónimas y de los héroes que les apoyan.
Triste el destino de quienes exigen públicamente justicia para la desaparición de un familiar y operan en condiciones de total vulnerabilidad.
Las madres buscadoras trabajan bajo la amenaza constante de los criminales y la indiferencia, -y a veces los obstáculos-, que les ponen las autoridades que debieran protegerlas.
López Obrador no sólo las ignoró al inicio de su gobierno, sino que al final las acusó de utilizar su tragedia para desestabilizar a su gobierno. Hasta hoy siguen ignoradas no obstante que están realizando una labor que debe ser responsabilidad del Estado.Sun
