Alfonso Pérez Daza*
El 15 de septiembre del 2023, Ovidio Guzmán López fue extraditado a los Estados Unidos de América. A diferencia del sistema penal mexicano, en el que una vez que se pone al imputado a disposición de un juez debe iniciarse el proceso penal en un plazo no mayor a 6 días en los casos de delincuencia organizada, en el vecino país trascurrieron casi dos años para que el acusado, sin que hubiera un juicio donde se presentaran pruebas ante un jurado, se declarara culpable sólo de cuatro de los 12 cargos por los que se le acusaba.
Concretamente, Ovidio Guzmán aceptó haber cometido los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso ilegal de armas de fuego.
Lo anterior fue el resultado de una negociación entre la Fiscalía de Estados Unidos y el acusado quien, previa asesoría de su defensa, aceptó colaborar como testigo protegido o testigo colaborador en cualquier proceso penal en el que sea requerido respecto de hechos que le constan durante su actividad criminal dentro de la organización criminal identificada como Cártel de Sinaloa.
La diferencia con el procedimiento abreviado de México, donde también se puede obtener el beneficio de una pena menor a cambio de reconocer su culpabilidad sin que exista un juicio en su contra, es que el sistema estadounidense siempre busca el aseguramiento y decomiso de todos los bienes o activos del crimen organizado. En este caso, Ovidio Guzmán se comprometió a pagar 80 millones de Dólares al gobierno de Estados Unidos como parte del acuerdo.
Desde hace muchos años las leyes de los Estados Unidos permiten la negociación entre los presuntos criminales y las fiscalías. Teóricamente se conoce como el «principio de oportunidad», que tiene como finalidad reducir el rezago de las fiscalías en la atención de los miles de casos. Se trata de un concepto legal que permite decidir al Ministerio Público si ejercita o no la acción penal a pesar de que se haya cometido un delito o, como en el caso de Ovidio Guzmán, se solicita al juez la reducción de las penas que le corresponden.
Esto permite que se resuelvan de una manera más eficiente los casos, al conseguir una sentencia condenatoria. Además, les permite obtener información, pruebas o evidencias para detener y procesar a otros miembros del crimen organizado.
Por lo pronto, aún no sabemos qué pena será la que le impongan a Guzmán López, pero es un hecho que hubo negociación.
En mi opinión este caso es un resultado exitoso para el gobierno de los Estados Unidos porque lograrán la sentencia condenatoria en contra de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, recibirán un pago de mil seiscientos millones de pesos, y el delincuente proporcionará información valiosa para la investigación de delitos mayores.
En cambio, en nuestro país seguimos cuestionando ese tipo de salidas alternas para resolver un conflicto penal, no obstante, la crisis de inseguridad que estamos enfrentando. Sun
*Académico de la UNAM
