*Auditoria Superior de la Federación Detecta Irregularidades.
Tapachula, Chiapas. 06 septiembre.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el uso y destino de los recursos destinados para el combate de la pobreza en más de 2 mil 200 millones de pesos, que manejó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal.
Las investigaciones señalan que esa dependencia tuvo recursos en el orden los 555 millones de pesos (mdp), para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, como parte de la estrategia creada por el Gobierno federal para combatir la pobreza extrema.
Esos apoyos eran para las familias con pobreza alimentaria que se ubican en los polígonos de alta marginación en once estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.
De acuerdo a la ASF, solo se entregó el 7 por diento de las despensas que se habían comprado.
Así también, no se encontraron los soportes necesarios para certificar que los programas y beneficios restantes llegaron a los beneficiados pero, por lo contrario, hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.
Según las auditorías practicadas, funcionarios de esa dependencia firmaron, a nombre de la Sedesol, convenios con universidades autónomas, como la de Morelos y la Estado de México, que hoy se sabe sirvieron de intermediarias para supuestamente cometer esas irregularidades.
En la revisión de la Cuenta Pública de dos años consecutivos de la Sedesol, se reportaron al menos diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 mdp, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.
Sin embargo, no hay elementos que así lo comprueben y, por lo contrario, se cree que ambas instituciones educativas no dieron ningún servicio y solo se prestaron para la operación, que se sospecha fue a través de una comisión de 215.4 millones de pesos.
Pero el resto del dinero, poco más de dos mil mdp, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.
Entre esas empresas hay tres que definitivamente no existen, de las llamadas popularmente fantasmas. Otras tres están bajo investigación por operaciones irregulares; seis no cumplen con un requisito indispensable para operar, una más que fue desmantelada apenas se recibió el dinero; otra no fue localizada por la ASF, domicilios falsos, entre otros.
CESADOS 493 POR PROGRAMA PARA ABUELITOS
Por si todo eso no fuera suficiente, en las auditorías que el Gobierno Federal ordenó que se hicieran a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se detectó también infinidad de irregularidades en el Programa de Pensión para Adultos Mayores en diversas regiones del país.
En el informe, se detalla que el Órgano Interno de Control detectó hechos presumiblemente constitutivos de faltas administrativas y conductas delictivas cometidas por personas que tenían como responsabilidad el registro de los adultos mayores en el padrón, así como la acreditación de su supervivencia.
Por lo mismo, según el Gobierno Federal, han sido suspendidos 493 promotores sociales en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de que se desarrollen las investigaciones pertinentes, sin poner en riesgo la adecuada ejecución del Programa.
Además se hizo la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se iniciaron siete averiguaciones previas en contra de quienes resulten responsables.
En las investigaciones realizadas hasta ahora, se ha encontrado la incorporación irregular en beneficiarios, principalmente en los Estados de Veracruz y Tabasco.
Esas acciones pretenden confirmar que los recursos de ese y del resto de los programas de la Sedesol sean destinados exclusivamente para los beneficiarios, y ejercidos con la mayor transparencia posible.
Paralelamente, se instruyó que se pongan en marcha una nueva estrategia que permita evitar cualquier mal manejo del Programa de Pensión Para Adultos Mayores e impulsar el bienestar de más de 5.5 millones de mexicanos de 65 años y más que reciben ese beneficio.
Supuestamente, la verificación de los datos de cada uno de los beneficiarios sería casa por casa, en donde además se actualizarían los datos de manera digital y en tiempo real.
CHIAPAS… EN LA LISTA DE LAS INVESTIGACIONES
Las primeras seis denuncias penales son en contra de personal de la Sedesol en el Estado de México, Tabasco, Coahuila y Veracruz.
Mientras que la séptima fue por diversas irregularidades detectadas en otras Entidades, como el caso de Chiapas.
Esa averiguación previa está relacionada con el uso y destino de 19 millones de pesos y tres mil 989 registros presuntamente falsos, en los que los promotores se habrían hecho pasar por beneficiarios para cobrar el dinero de la pensión.
En las investigaciones judiciales se está utilizando también un dictamen pericial en materia de informática, para confrontar las huellas digitales de los promotores cesados con las de quienes cobraron los apoyos, que podrían ser los mismos.
Se espera que una vez desahogadas las investigaciones, se adopten sanciones que pueden implicar la inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública federal, así como económicas y, en su caso, las penales que determine el poder judicial. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
