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Pánico en el Soconusco por la Llegada de más Reos Peligrosos al Cefereso 15

* A DOS AÑOS Y MEDIO DE INICIAR ACTIVIDADES EL PENAL FEDERAL DE VILLA COMALTITLÁN, SE INCREMENTARON ALARMANTEMENTE LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 26 de Noviembre.- Al menos ocho organizaciones sociales de los municipios de la Costa de Chiapas han solicitado la urgente intervención del Senado y de la Cámara de Diputados, para frenar la llegada de reos de alta peligrosidad al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 15, con sede en Villa Comaltitlán.
El argumento, de manera coincidente, es que desde el mes de Septiembre del 2015, cuando entró en operaciones ese penal, los índices de inseguridad en las regiones Istmo, Costa, Sierra y Soconusco, los índices de inseguridad han ido incrementándose de manera alarmante, hasta hoy en día.
Fernando “N”, de la Unión de Comerciantes de Puestos Fijos y Semifijos “Santa Anita”, dijo que en lugar de recibir respuestas positivas, siguen llegando los internos de alta peligrosidad.
Puso de ejemplo que los últimos 20 que arribaron, purgaban sus condenas en una cárcel de Ciudad Victoria Tamaulipas, y aún cuando la identidad de los detenidos fue manejado con mucho hermetismo, señalan que familiares de algunos internos comentaron que entre ellos iban varios acusados de los delitos de secuestro, extorsión y tráfico de drogas.
Los reclusos, dijo, llegaron primero al Aeropuerto Internacional de Tapachula, en una aeronave tipo Boeing 727, con matrícula XC-NP, y de ahí fueron trasladados vía terrestre bajo un impresionante operativo de seguridad, hasta llegar al reclusorio federal.
Reconoció que entre la población hay pánico porque se están dando cuenta de que en dicho penal se están juntando a reos acusados de delitos graves, con los del orden común.
Así también, con la llegada de internos considerados de alta peligrosidad, seguirán llegando a la región Soconusco, miembros de mafias y delincuencia organizada.
Esto se agrava porque los internos de ese penal, que se calcula ya son más de mil, deben ser trasladados constantemente hacia los juzgados ubicados en Tapachula, para declarar o escuchar los avances de sus casos, ya que por alguna razón se les olvidó construir esas oficinas en el interior de la cárcel, como ocurre en el resto del país.
Cada que eso ocurre, elementos federales, armados con metralletas y cubiertos del rostro para que los delincuentes no los identifiquen, arman operativos en las inmediaciones de esos juzgados, ubicados a unos metros de un Jardín de Niños, donde los padres de familia y sus hijos tienen que correr para todos lados, por temor de perder la vida.
Ya son casi dos años y medio de que ese penal entró en funciones, a pesar de infinidad de protestas por parte de la sociedad al considerar que ese lugar pone en riesgo la estabilidad social del Estado.
Aunque suene irónico, el Soconusco, considerado dentro de las regiones más pobres y marginadas en el país, tiene como única obra federal de relevancia a esa cárcel, que había sido destinada para Yucatán, pero como sus pobladores se opusieron, la rediseñaron para Chiapa de Corzo y, al final de cuentas, para Villa Comaltitlán.
Hoy, se teme que el crimen organizado haya extendido su centro de operación hacia la Frontera Sur y que ésta zona ya esté en garras de la delincuencia.
Ese penal fue construido en el sexenio del exgobernador Juan Sabines Guerrero, de quien se cree intervino para que no se edificara en Chiapa de Corzo, porque podría afectar al turismo del centro del Estado.
Cabe recordar también que el Gobierno Federal firmó un acuerdo para que a partir del sábado 30 de Marzo del 2014, el Cefereso No. 15 fuera incorporado al Sistema Penitenciario Federal.
Con ello, ya podía entra en operaciones en cuanto lo determinara la Comisión Nacional de Seguridad y la de Prevención y Readaptación Social Federal, lo cual se cumplió en a mediados 2015.
Eso ha sido tema de protesta de Cámaras empresariales, Colegios, iglesias, instituciones educativas, legisladores, principalmente este rotativo, entre muchos otros que advirtieron que ese penal traería problemas de inestabilidad social y de inseguridad a la región.
Casualmente, en estos dos años, personas de otras regiones del país se han dedicado a comprar ranchos, viviendas, lotes, y hasta comercios enclavados cerca de ese penal, cuyas propiedades no estaban en venta ni nadie las quería, porque realmente nada producen.
Los compradores han pagado en efectivo y presionado a quienes se resisten a vender, según lo han expresado en eventos con autoridades.
En Chiapas, el Estado más pobre del país, los impuestos recaudados a los mexicanos sirven para pagar anualmente mil 70 millones de Pesos, es decir, casi tres millones de Pesos diarios, a una empresa privada por la manutención de los reos de ese penal.
El contrato de prestación de servicios para ese penal, conformado por once convenios, fue firmado el 27 de Diciembre del 2010 y concluirá a finales del 2033.
Se cree que desde hace cuatro años, sin que hubiera un solo reo en ese lugar, ya se estaba pagando los 3 millones de Pesos diarios a la empresa privada que tiene concesionadas las instalaciones.
El penal, con 105 mil metros cuadrados de construcción en 140 hectáreas, completamente concluido, tuvo un costo de 4 mil 426 millones de Pesos.
Con esos recursos se hubiera resuelto gran parte de sus problemas en desnutrición, analfabetismo, miseria y marginación, cuyos índices mantiene a la Entidad en los primeros lugares a nivel nacional.
Tapachula…Sólo Para Poner un Ejemplo.
Precisamente en los últimos dos años, los índices de inseguridad se han incrementado de manera alarmante, así como la desconfianza de la sociedad a sus autoridades, porque consideran que pudiera haber complicidad con los delincuentes.
De acuerdo a cifras oficiales, de Septiembre del 2015 al mes pasado, en Tapachula se han asesinado a 126 personas.
El informe de seguridad nacional, confirma que en Tapachula también hubo cinco secuestros denunciados durante ese mismo periodo.
En el balance de lo ocurrido, hay además contabilizadas 75 carpetas de investigación por el delito de extorsión y 862 por robo de vehículos, o sea, los delincuentes se llevan -en promedio- más de un vehículo diario.
Mientras que en torno al robo en casa-habitación, hubo hasta hace un mes, 605 denuncias formales.
El asalto y robos a los comercios establecidos en el municipio -muchos a mano- también han sido una constante. En estos dos años se ha contabilizado 608 casos documentados en el municipio, sin incluir los que no presentaron sus denuncias.
De igual forma, en Tapachula se iniciaron 685 averiguaciones previas por lesiones; así como 189 por violaciones sexuales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

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