Edi Francisco López Díaz, el declarante.
* EN GUATEMALA LOS ESTÁN QUEMANDO.
* EN EL SALVADOR EFECTÚAN UNA MEGAREDADA CONTRA LAS PANDILLAS.
* EN HONDURAS MILES DE DESPLAZADOS POR TEMOR A LAS MARAS.
Tapachula, Chiapas; 13 de Abril.- La Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) pidió este sábado al Gobierno de México poner en marcha las estrategias que sean necesarias para garantizar la seguridad, la paz y el estado de derecho de los mexicanos, luego de que un éxodo de miles de delincuentes se dirige hacia territorio nacional y entraría por la frontera sur en las próximas horas.
Además, que se sumen esfuerzos con los Gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, para aplicar medidas de seguridad internacional que permitan identificar a esos delincuentes y evitar que utilicen los flujos de migrantes para poder desplazarse sin ser detenidos.
El organismo, a través de su representante en Chiapas, Edi Francisco López Díaz, dijo que la intención es evitar que, a su paso, esas pandillas de delincuentes lleven a cabo delitos por los que son buscados por las autoridades, como homicidios, extorsión, asalto a mano armada, robo, terrorismo, ataques sexuales, entre otros.
En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que tienen informes de que los países del Triángulo Norte de Centroamérica emprendieron operativos antipandillas en dos vertientes. Una que comparte información y acciones, mientras que la otra en tareas individuales.
“Eso está provocando que miles de pandilleros hayan decidido migrar de esas regiones para no ser detenidos por las autoridades y desplazarse hacia Chiapas”, indicó.
Puso de ejemplo que, tan solo este fin de semana en El Salvador, la policía detuvo a 117 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) por esos y otros delitos.
El informe del director de la Policía de esa nación, Howard Cotto, se señala que los pandilleros fueron capturados principalmente por homicidio y extorsión en contra de comerciantes.
En la pesquisa se detuvieron también a 10 líderes de esa organización delictiva, en uno de los operativos más grandes que se tengan registrados en la historia de ese país, que se efectuaron con la participación de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en los Departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate.
Según los datos que les han proporcionado a la CIDH, los pandilleros detenidos pertenecen a 11 clicas (células) de la MS-13 que operan en el centro de San Salvador, donde se les acusa de extorsiones y de al menos 16 homicidios cometidos a últimas fechas.
Además, que las autoridades de El Salvador consideran que las pandillas juveniles cuentan con unos 70 mil miembros en ese país, de los que casi 17 mil se encuentran encarcelados.
Dio a conocer que esa zona de Centroamérica, en el año pasado se registraron 3 mil 340 homicidios; y que su tasa de 51 asesinatos por cada cien mil habitantes en ese lapso, la mantienen como uno de los países sin guerra más violentos del mundo.
La Sociedad los Está Quemando Vivos.
López Díaz reconoció que la sociedad, cansada de la violencia, las extorsiones y de que sus autoridades no cumplan con su responsabilidad de garantizarles seguridad, ha empezado a tomar la justicia por sus propias manos.
Recordó lo ocurrido hace unos días en Guatemala, donde un grupo de taxistas detuvo a dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, a quienes señalaban de ser sicarios y de estarlos extorsionando, y en lugar de entregarlos a la policía decidieron quemarlos vivos.
Apegado a un informe sobre ese caso, comentó que todo inició con el asesinato de un taxista en el boulevard El Naranjo, en la zona 4 de la capital; donde varios transportistas persiguieron, detuvieron y arremetieron a golpes a los inculpados, para que al final les prendieran fuego.
Los presuntos delincuentes fueron identificados como Roger Ronald Gómez, de 23 años, y a Edwin Herrera, de 19, y según las autoridades, fallecieron a consecuencia del linchamiento.
“Nunca estaremos de acuerdo que se utilice la violencia como una medida para la paz, aún cuando sea contra de un transgresor, porque para eso sirven las leyes. Pero estamos viendo que ya no son actos aislados sino cada vez más frecuentes en los que la sociedad los está quemando vivos, por estar hartos de las injusticias”, abundó.
También cito datos de la Organización de Derechos Humanos del Grupo de Apoyo Mutuos, que refiere que, durante los últimos diez años en Guatemala, se han registrado 656 linchamientos, de los cuales 360 fallecieron en manos de pobladores enardecidos, y 14 durante los primeros tres meses de este año.
Miles de Familias Huyen de las Maras,
Pero Vienen Tras Ellos.
Edi Francisco también habló de lo que ocurre en Honduras, en donde dijo que las amenazas de las pandillas es uno de los motivos, además de la extorsión y la inseguridad, por los que miles de familias se desplazan de manera forzada hacia otras naciones, principalmente a México.
Consultando datos oficiales, mencionó que en ese país hay alrededor de 250 mil personas desplazadas en los últimos 14 años, principalmente por el terror de ser asesinadas por los maras.
Las pandillas utilizan las amenazas y los asesinatos para ir causando pánico entre la población y así extorsionarlas, además de que, a los jóvenes de ambos sexos, los obligan a unirse a sus filas.
Comentó además que las iniciativas emprendidas por el Gobierno, como el anteproyecto de ley para proteger a los desplazados presentado esta semana, deben traducirse en hechos concretos y reales para que el problema sea tratado de la manera más concreta posible.
Son infinidad de familias que acuden todos los días a organismos defensores de los derechos humanos para pedir la intervención ante Gobiernos de varios países y les otorguen status de asilo o refugiados por razones humanitarias, poniendo como factor principal la persecución que aseguran son sometidos por pandillas, señaló.
“La actual realidad es que miles de familias huyen de los maras en Centroamérica, pero vienen tras de ellos”, apuntó al señalar que la recomendación no busca criminalizar a nadie, sino advertir que podrían desatarse actos de violencia en perjuicio de la población, como ocurrió entre el 2002 y 2004 en Chiapas.
Puntualizó que, en las estrategias que se vayan a ocupar en materia de seguridad en la frontera sur para frenar la llegada de delincuentes, debe tratarse con sumo cuidado para no hacer detenciones de inocentes o violar los derechos de los presuntos que sean asegurados. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello
