*MÁS DE 12 MIL AVIADORES SIGUEN EN EL SECTOR EDUCATIVO: GUSTAVO DE HOYOS. LA CORRUPCIÓN, INSEGURIDAD E IMPUNIDAD IMPIDEN EL DESARROLLO DEL PAÍS, DESTACO
Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre.- De acuerdo al presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, la corrupción, la inseguridad y la impunidad, no sólo persisten y han crecido, sino que también impiden el desarrollo del país y laceran la economía de todos los mexicanos.
En gira de trabajo por la región, se refirió a la inseguridad en México, como uno de los graves problemas que tiene el país, aunque lo incluyó en el apartado de las deficiencias y fragilidades del Estado de Derecho, donde van inmersos, además, la certidumbre jurídica, la corrupción y la impunidad.
Aseguró que han sido insistentes en que se revise el diseño de la estructura de combate a la inseguridad, “porque al principio de este sexenio se concentraron esas tareas en la Secretaría de Gobernación y, hay que decirlo con claridad, fue un error”.
El propósito es que en la próxima administración, sin importar quién la encabece, se construya una secretaría de seguridad o del interior, que retomé esa manera, pero de manera autónoma, o se fortalezca, “porque nos queda claro que el combate a la inseguridad, que sigue siendo uno de los grandes problemas del Estado Mexicano, no puede estar en una más de las responsabilidades de un secretario”.
Desde su punto de vista, hubo un error grave de diagnóstico y una medida que fue inadecuada, y por ello los resultados no fueron los esperados, “incluso, éste 2017 está haciendo el año más violento desde el 2008, que fue el pico en materia de inseguridad”.
Ante ello recalcó que es urgente que se revise el diseño estructural sobre las tareas en materia de seguridad, y mencionó que los empresarios están a favor de que el Senado retome la iniciativa desechada hace unos días, que tienen que ver con la carrera policial, el mando mixto, el modelo policial y la coordinación entre los estados y los municipios.
También se refirió al tema de la seguridad interior, “en donde consideramos que se necesita una ley que regule de manera eficaz, la participación de las fuerzas armadas que mucho reconocemos en las tareas de seguridad”.
Esa legislación, dijo, tiene que ser enriquecida, “porque hasta ahora tiene varios conceptos que por su imprecisión pueden generar dudas de parte de organizaciones de derechos humanos, sobre tentaciones autoritarias que nos podían incurrir la autoridad, además de que está plagada de criterios contrarios a los principios de transparencia”.
A la par de esas decisiones estructurales que son indispensables y que tardan tiempo para dar resultados, afirmó que se requiere de acciones precisas y bien definidas para combatir los ilícitos, que cada vez están causando más daños en el país, tanto a las personas como a los patrimonios.
En el caso de la frontera sur, el dirigente nacional indicó que el comercio ilegal internacional que se está dando, es un daño para el país en su conjunto y no sólo para una empresa, puesto que está violentando el sistema aduanero.
“Los que salimos dañados somos todos. El Estado Mexicano tiene que hacer una tarea mucho más eficaz para evitar que se esté dando ese tránsito de mercancías, pero también se están moviendo drogas, armas, y tráfico de personas, y por eso concluimos que las tareas en esa materia, no están dando los resultados esperados”, apuntó.
LA CORRUPCION SE HA CONVERTIDO EN EPIDEMIA
Entrevistado durante una gira de trabajo que sostuvo éste miércoles en Tapachula, donde se reunió con los integrantes del Centro Empresarial de la Costa de Chiapas y con sectores productivos de la región, dijo que la corrupción en México es un mal que pasó de ser una enfermedad, para convertirse en una epidemia y después en una pandemia.
“Hoy se ha extendido a todo el país y está afectando a todos los partidos políticos, a los distintos órganos de gobierno y ya llegó el tiempo de que la acabemos de fondo y no solamente con paliativos”, dijo al recalcar que el Gobierno Federal y en varios Estados, en estos 5 años han sido un factor para que se propagara la corrupción.
Dijo que el organismo empresarial que él dirige está impulsando el Sistema Nacional Anticorrupción, para que funcione y se consolide, “ya que todavía hay un largo camino por recorrer, pero se puede empezar a combatir este mal endémico, porque sino abatimos la corrupción, no habrá presupuesto que alcance”
Aseguró que está plenamente demostrado que la corrupción es profundamente regresiva, y aunque afecta a las grandes obras y las acciones de infraestructura, en donde más pega es en las familias de la menor capacidad económica.
Calculó que en las clases populares y menos favorecidas, entre el 10 o el 15 por ciento de sus ingresos, son en pagos extraordinarios para obtener un servicio o no ser molestados.
De igual forma, que alrededor del 10 por ciento de las ventas de las empresas establecidas en territorio nacional, sirven para actos de corrupción, “que es un dinero que literalmente se saca de la economía legal y va a parar a la informal, y por eso tenemos que frenarla, porque es un grave problema para todo el país”.
Aseguró que, en ese tema, le ha solicitado formalmente al Gobierno Federal, que presente muestras del compromiso que aseguran tienen para combatir la corrupción, “pero les hemos dicho que eso implica -entre otras cosas- que los funcionarios del primer círculo del Presidente, que han sido señalados por actos de corrupción, sean los primeros separados de su cargo, investigarlos y después procesados adecuadamente”.
Luego se refirió a las carpetas de investigación en contra de ex gobernadores e, incluso, en funciones, que son indispensables y todavía no son suficientes, “ya que ha habido múltiples señalamientos de funcionarios en activo, que deben ser ampliamente investigados y, si se encuentran elementos, procesarlos conforme a derecho.
Aún cuando no hizo algún señalamiento en específico, afirmó que “hay dudas severas sobre la honestidad con la que se conducen los presupuestos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal”.
En la propuesta que la Coparmex ha presentado a las autoridades federales, según de Hoyos, es que de entrada se aplique la ley en contra de aquellos servidores que han utilizado de manera ilegal el patrimonio público, para que sean enviados a la cárcel.
Así también, que se aplique una sanción política para que esas personas que, al concluir un proceso justo y resulten condenados, no puedan participar en el futuro en otros cargos, ya sea por asignación o por elección popular.
Aprovechó para mencionar a las reformas al Sistema de Justicia Penal, del que dijo es un paso en la dirección correcta, “aunque han habido deficiencias en la ejecución de los recursos y también probablemente un exceso en el garantismo de los derechos humanos de los procesados”.
Por lo mismo proponen que se analice cuáles de los delitos que están considerados en la legislación, merecen prisión preventiva y no gozar el proceso en libertad, “porque lo que está ocurriendo es que hay decenas de delincuentes que los dejan libres, aún cuando cometieron delitos que requieren su encarcelamiento.
En el acto, Gustavo de Hoyos estuvo acompañado del presidente y del secretario de la Coparmex en el Soconusco, José Antonio Toriello Elorza y Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, respectivamente, así como el presidente del Consejo Regulador de la Marca Chiapas, Octavio Marín de la Torre, y del ex presidente del Centro Empresarial de la Costa, Rafael Rojo Galnares.
Dentro de la agenda que tienen contemplado para las próximas horas, están los recorridos por la ZEE de Puerto Chiapas y del Parque Agroindustrial. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
