Tapachula, Chiapas; 30 de septiembre del 2020.- 175 reos de alta peligrosidad procedentes del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 2 de Puente Grande, en Jalisco. fueron trasladados este miércoles hacia el penal de Villa Comaltitlán, en la región Soconusco.
Y es que apenas esta misma semana fue cerrada esa cárcel en el estado tapatío, famosa por albergar a reos muy peligrosos y porque ahí estuvo detenido Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo», quien logró escapar de ese lugar en el 2001.
Sobre los trabajadores del penal, se dio a conocer este día que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales.
Aun cuando se desconocen las identidades de los internos que enviaron a Chiapas, había la posibilidad que llegaran Miguel Félix Gallardo, ‘jefe de jefes’, líder del Cártel de Guadalajara; y Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, mejor conocido como ‘El Mochomito’, hijo del jefe del Cártel de los Beltrán Leyva.
En este mismo año se habían registrado en esa cárcel federal jalisciense diversos actos violentos, como el asesinato del director suplente; además de que fue reportado que muchos de los reclusos habían enfermado de Covid-19.
Por eso se ordenó la readscripción de más de 400 reos peligrosos, entre los que se cuentan a los líderes de los cárteles de los Zetas, Zodiaco, y Jalisco Nueva Generación.
Se sabe que la Secretaría de Salud fue obligada, por amparo, a efectuar 500 pruebas a los reclusos federales, pero no concluyó el proceso. Se reportaron 151 casos positivos y, posteriormente, otros 38, entre internos y personal; así como nueve decesos.
De este éxodo de reclusos que arribaron en las últimas horas a la Costa de Chiapas, se indicó que dos aviones de la Guardia Nacional aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Tapachula carca de las 16:00 horas.
Se trataba de las aeronaves con matrícula XC-MPF y XC-OPF, ambas procedentes de Guadalajara Jalisco.
El primero de ellos llevaba como pasajeros a 86 reclusos y el otro 89, haciendo un total de 175, los mismos que fueron trasladados vía terrestre, unos 40 minutos después, hacia el Cefereso de Villa Comaltitlán.
Apenas hace unos días, habían trasladado a ese mismo penal a Rubén Velázquez Aceves alias “El Ingeniero”, quien había sido capturado en Zapopan, Jalisco.
De acuerdo a las autoridades federales, el detenido era buscado por ser requerido por una corte de California de los Estados Unidos, por asociación delictuosa en la modalidad de distribución de droga y lavado de dinero.
Una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) establece que el implicado se encargaba de la distribución de drogas en ciudades como Los Ángeles y Chicago, ambas en la nación norteamericana.
Por si fuera poco, y en plena crisis por la pandemia, hace dos meses unos 20 reos considerados de alta peligrosidad, procedentes del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fueron trasladados al de Villa Comaltitlán.
En un avión de la Policía Federal con matrícula XC-NPF, arribaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula y de ahí, trasladados al Cefereso bajo custodia de la Gendarmería, Policía Federal, División de Seguridad Regional y de Protección Federal.
En tres autobuses se realizó el traslado por carretera de los reos acusados por delitos de secuestro, contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros.
Por esas fechas llegó también al Centro Federal de Chiapas, José Dolores, alias “El iraquí”, uno de los líderes de los denominados “Nuevos Aztecas”, un grupo delincuencial que se separó de la pandilla “Los Aztecas”, en Ciudad Juárez Chihuahua y que hizo alianza con el cártel de La Línea en tareas de narcomenudeo.
Esa persona también se dedicaba al tráfico de personas, especialmente indocumentados con la finalidad de cruzarlos a Estados Unidos.
EL CEFERESO Y LOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD
Al inicio de operaciones del Cefereso de Villa Comaltitlán, los políticos aseguraban que ahí solamente habría reos de baja peligrosidad, aunque en realidad hay desde secuestradores, narcotraficantes, homicidas, extorsionadores y por otros delitos graves.
Desde dos años antes del inicio de operaciones del Cefereso (18 de enero del 2014), los sectores productivos de la región, colegios, asociaciones civiles, alcaldes, diputados, representantes religiosos, transportistas y el Gobierno del Estado, habían protestado públicamente.
Esto en contra de la ubicación de esa cárcel concesionada a una empresa privada para que los mexicanos le paguemos la atención a los reclusos.
No valió de mucho aquella declaración en agosto del 2013 por parte del Inspector General de la Comisión Nacional de Seguridad, Carlos Humberto Toledo Moreno, cuando dijo que el gobierno federal había iniciado una investigación sobre la construcción de ese Cefereso, en atención a la solicitud del Gobierno de Chiapas y de la demanda de miles de familias del Soconusco.
Además, que se llegaría al fondo del asunto y que, de confirmarse las irregularidades, no entraría en operaciones y se procedería contra quien o quienes resultaran responsables. Hoy sabemos que todo eso fue solo un discurso, pero nada más.
Mientras tanto, el 13 de Septiembre del 2013, cientos de estudiantes, amas de casa, transportistas, empresarios, profesionistas, líderes de sectores productivos, entre otros, clausuraron de manera simbólica las instalaciones de ese Centro Federal de Reinserción Social, pero tampoco nada pasó.
Se presentaron muchas pruebas en torno a infinidad de irregularidades, incluyendo la compra de los terrenos y la obra en sí, donde se sospecha de millonarios actos de corrupción.
En su oportunidad, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles solicitó formalmente al Comisionado de Seguridad Pública en México, impedir el establecimiento de esa cárcel en el Soconusco.
La misiva estaba firmada por Armando de la Cruz Uribe Valle, dirigente nacional de ese organismo empresarial que representa a más de 7 mil establecimientos y a más de cien asociaciones filiales, pero tampoco fue tomada en cuenta.
Esa obra, que se calcula necesitó una inversión cercana a los tres mil millones de pesos, fue diseñada para poco más de dos mil internos.
Las quejas también se presentaron ante la Comisión Nacional e los Derechos Humanos y otros organismos similares, pero no fructificaron.
Paralelamente se hizo un documento firmado por los entonces Secretarios Estatales, de Economía; de Seguridad y Protección Ciudadana; y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como de más de mil funcionarios y representantes de la sociedad.
Se agregaron después comerciantes, maestros, dirigentes sindicales y de diversos partidos políticos, hasta sumar más de siete mil rúbricas.
Desde entonces y con la llegada de esos alrededor de 2 mil internos, se ha señalado que también arribaron bandas delictivas y se incrementaron los índices de criminalidad e inseguridad en la región, tal y como ha ocurrido coincidentemente en otras regiones del país en donde hay ese tipo de reclusorios federales.
Con ello, la región del Soconusco no solo se ha convertido en el traspatio de México, en donde mantienen encapsulados a decenas de miles de migrantes que no pueden seguir su camino hacia ninguna parte, y ahora con los reos más peligrosos del país. ¿Qué sigue? EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
