* Incluido el Penal de Villa Comaltitlán.
Tapachula, Chiapas; 04 de julio del 2021.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una profunda investigación para esclarecer supuestos actos de corrupción e irregularidades en la compra de los terrenos y la edificación del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, además de otros ubicados en seis estados.
A raíz de ello, de acuerdo a lo establecido en la Causa Penal 45/2021, se ha llamado a comparecer a 20 exfuncionarios federales y estatales, incluso algunos de ellos continúan en activo en esos o en otros cargos. El llamado judicial es para deslindar su probable participación en contratos fraudulentos en los ceferesos de los estados de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Morelos, Michoacán y Chiapas.
Las actuales autoridades, al empezar a realizar las indagatorias, han encontrado que al menos siete de los contratos se pactaron el 27 de diciembre del 2010, que, en el caso de Chiapas, fue en el periodo en que fue gobernador, Juan Sabines Guerrero. Otro de los contratos se habría consolidado el 18 de marzo del 2011.
De acuerdo a la actual administración federal, esos penales tuvieron un costo proyectado de alrededor de 270 mil millones de pesos que, según lo pactado en aquellos tiempos, el gobierno iría pagando en abonos hasta el 2037.
La comparecencia de los exfuncionarios será en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
Los presuntos inculpados son; Sergio M.F; Arturo S.V.; Marco Antonio V.G.; Gonzalo V.G.; Paulo U.A.; Miguel V.H.; Oscar M.V.; Raúl Gerardo L.S.; Antonio M.D.; Miriam M.S.; Celina O.P.; Saúl C.C.; Sergio Alberto M.C.; Alma Delia S.O.; Salvador C.A.; Raúl R.G.; Lidia A.V.; Antonio C.R.; Ariel M.L; y Javier H.A.; con motivo de su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como un delito.
El cefereso de Chiapas entró en operaciones en la primera semana del mes de septiembre del 2015, un mes antes del décimo aniversario de la llegada del huracán Stan.
La sociedad exigía que ese lugar fuera utilizado en una academia o en cualquier otra cosa que no pusiera en riesgo la estabilidad social del Estado. En lugar de ello, llegaron los primeros 385 reos peligrosos, entre ellos 64 por delitos del fuero federal y 351 del común. Estos aún purgan condenas por delitos contra la salud, portación de armas de fuego, tráfico de indocumentados, entre otros.
Desde entonces, la población en general temía que, con el inicio de operaciones de ese Cefereso, el crimen organizado extendería sus centros de operación hacia la frontera sur y que esta zona podrá caer en las garras de la delincuencia, casualmente como ocurre ahora.
Cabe recordar que, a pesar de varios años de protestas de parte de los sectores productivos de Chiapas, el Gobierno Federal firmó un acuerdo para que, a partir del sábado 30 de marzo del 2014, el Cefereso No.15 fuera incorporado al Sistema Penitenciario Federal.
Con ello, ya podía entra en operaciones en cuanto lo determinara la Comisión Nacional de Seguridad y la de Prevención y Readaptación Social Federal, lo cual se cumplió en ese mes de septiembre.
Desde entonces se supo que los mexicanos, incluyendo a los chiapanecos, pagarían anualmente mil 70 millones de pesos, es decir, casi tres millones de pesos diarios, a una empresa privada por la manutención de los reos del Centro Federal de Readaptación de Chiapas.
De acuerdo al contrato OADPRS/DGA/S083/2010, la compañía beneficiada como proveedor fue Makobil S de RL de CV; en tanto que las empresas claves fueron Promotora de Infraestructura Carcelaria, así como Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, además de la constructora Arendal.
El contrato de prestación de servicios –conformado por once convenios- para ese penal fue firmado el 27 de diciembre del 2010. Según esos documentos, la prestación de los servicios inició el 1 de diciembre del 2013 y concluyen a finales del 2033.
Eso quiere decir que mientras que las autoridades del Gobierno Federal y del Estado de ese entonces pactaban los acuerdos con una empresa privada para la operación de esa cárcel, les decían a los representantes de los sectores productivos en Chiapas que sus reclamos para impedir la apertura del Cefereso serían atendidos, aunque todo era falso.
Se cree que, sin que hubiera un solo reo en ese lugar, ya se estaba pagando los 3 millones de pesos diarios a la empresa privada que aún tiene concesionadas las instalaciones.
El penal, con 105 mil metros cuadrados de construcción en 140 hectáreas, completamente concluido, tuvo un costo de 4 mil 426 millones de pesos.
Fue construido en Chiapas, el Estado más pobre del país, que con esos recursos hubiera resuelto gran parte de sus problemas en desnutrición, analfabetismo, miseria y marginación, cuyos índices mantiene a la Entidad en los primeros lugares a nivel nacional.
Hasta hoy en día se desconoce quién o quiénes se beneficiaron con la venta de esos terrenos y cómo se lograron obtener los permisos de construcción, si esa zona fue devastada por el huracán Stan en octubre del 2005 y por lo mismo fue declarada como zona de alto riesgo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
