Tapachula, Chiapas 22 de Abril del 2026.– La falta de respuesta oportuna en los procesos de regularización migratoria está generando un escenario de vulnerabilidad que expone a cientos de personas en movilidad a redes de tráfico y corrupción, denunció el abogado litigante José Luis Pérez Jiménez, especialista en materia migratoria.
El jurista señaló que persisten omisiones y negativas en trámites fundamentales, como la expedición del Número Único de Trámite (NUT) o la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias, lo que obliga a los migrantes a recurrir a amparos para hacer valer sus derechos. Sin embargo, advirtió que incluso estos recursos legales enfrentan retrasos y, en muchos casos, son desechados por juzgados federales.
“Hay suspensiones concedidas desde hace meses que no se cumplen. Ni las autoridades migratorias ni los órganos encargados de refugio resuelven, y cuando se insiste legalmente, la respuesta es que hay carga excesiva de trabajo”, explicó.
Pérez Jiménez acusó que esta ineficiencia institucional no solo retrasa los procesos, sino que abre la puerta a prácticas irregulares. Afirmó que existen intermediarios que, presuntamente coludidos con funcionarios, ofrecen agilizar trámites mediante mecanismos legales que sí son atendidos con rapidez, generando un sistema desigual.
Desde una perspectiva social, esta situación profundiza la incertidumbre de los migrantes, quienes permanecen varados durante meses sin acceso a empleo formal, salud o estabilidad. En el ámbito económico, la falta de regularización limita su integración productiva, obligándolos a subsistir en condiciones precarias o a endeudarse para continuar su tránsito.
El abogado también cuestionó el actuar de algunos juzgados de distrito en Tapachula, al señalar que una gran proporción de los amparos en materia migratoria son desechados o sujetos a prevenciones, lo que prolonga aún más los procesos.
Ante este panorama, hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para revisar el desempeño de las instancias involucradas y establecer mecanismos que garanticen el acceso efectivo a la justicia.
“La falta de respuesta institucional no solo retrasa trámites, también empuja a los migrantes hacia opciones riesgosas. Hoy están más expuestos a traficantes y redes ilegales que aprovechan su necesidad”, concluyó. EL ORBE/ Mesa de Redacción.





