Ciudad de México, mayo 11.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, dio reversa junto con los 32 secretarios estatales de Educación al acuerdo para adelantar al 5 de junio el fin del ciclo escolar 2025-2026 y resolvió mantener vigente el calendario oficial, por lo que las clases concluirán el próximo 15 de julio, una rectificación que especialistas, académicos y organizaciones civiles consideraron necesaria para garantizar el derecho a aprender de millones de estudiantes.
La decisión fue tomada durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), luego de que las autoridades educativas estatales realizaron un análisis del impacto territorial que tendría adelantar el cierre del ciclo escolar.
La SEP informó que bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana se determinó mantener el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025 y preservar los 185 días efectivos de clase establecidos en la Ley General de Educación. El acuerdo también contempla que los estados puedan realizar ajustes regionales ante condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o requerimientos logísticos por el Mundial de Futbol, siempre que se garantice el cumplimiento de planes y programas de estudio.
Marco Fernández, especialista en educación de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, dijo a EL UNIVERSAL que «prevaleció la sensatez», aunque lamentó el «desgaste innecesario» provocado por una decisión que, dijo, evidenció la poca seriedad con la que se pretendía modificar el calendario escolar. Señaló que la medida generó desacuerdos incluso entre autoridades educativas estatales afines al gobierno y cuestionó quiénes fueron realmente los actores que solicitaron adelantar el cierre del ciclo escolar, como inicialmente sostuvo la SEP.
También criticó que las decisiones se hayan tomado «a puertas cerradas», pese a que la propia Ley General de Educación establece un mínimo de 185 días de clases.
Fernández sostuvo que junio es un periodo clave para evaluaciones finales, entrega de certificados y cierre pedagógico del ciclo escolar, por lo que minimizar su importancia reflejó desconocimiento del funcionamiento del sistema educativo. Afirmó que la reversa deja una lección sobre la necesidad de defender públicamente el derecho a la educación y evitar decisiones arbitrarias que afecten los tiempos de aprendizaje y la organización familiar. «El derecho a aprender se debe defender y exigir», advirtió.
Desde la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la directora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (Cecrige), Michelle Gama, señaló que el intento de adelantar el cierre de clases también habría provocado una crisis de cuidados, especialmente para mujeres trabajadoras y madres de familia. Explicó que retirar a millones de estudiantes de las escuelas más de un mes antes de lo previsto implicaba impactos económicos, laborales y de seguridad para las familias, además de exponer a los niños a situaciones de vulnerabilidad al quedarse sin espacios seguros.
La académica sostuvo que la decisión evidenció contradicciones dentro del propio gobierno federal, pues mientras por un lado se impulsa una agenda de Sistema Nacional de Cuidados y corresponsabilidad, por otro se pretendía aprobar una medida que aumentaría la carga a las mujeres cuidadoras. Consideró que la rectificación era inevitable y llamó a que futuras decisiones educativas no se tomen de manera unilateral, sino con diálogo previo con especialistas, organizaciones civiles y comunidades escolares.
La organización civil Mexicanos Primero respaldó la decisión de mantener sin cambios el calendario escolar y advirtió que ninguna medida educativa puede colocarse por encima del interés superior de los menores, y subrayó que el calendario escolar no sólo organiza los tiempos administrativos, sino que permite desarrollar evaluaciones de logro académico y procesos de acompañamiento pedagógico para medir aprendizajes.
Recordó que la SEP tiene la obligación legal de garantizar el cumplimiento de los 185 días efectivos de clase y evitar que las últimas semanas del ciclo se conviertan en periodos inactivos. También alertó que las «decisiones de escritorio» suelen ignorar la realidad que enfrentan diariamente docentes y directivos escolares, quienes terminan implementando cambios sin las condiciones necesarias.
Por su parte, Paulina Amozurrutia, fundadora y coordinadora nacional de Educación con Rumbo, celebró que la presión de madres, padres y organizaciones civiles obligara a la SEP a modificar una decisión que calificó de errática.
Señaló que el intento de reducir el calendario escolar ignoraba no sólo el marco legal vigente, sino también las condiciones de vulnerabilidad en que podrían quedar millones de niños ante la falta de cuidados y acompañamiento familiar.
Amozurrutia sostuvo que el episodio demuestra la necesidad de fortalecer mecanismos de participación como el Consejo Nacional de Participación Escolar, para evitar decisiones unilaterales en materia educativa.
También cuestionó que se pretendiera justificar el adelanto del cierre escolar por el Mundial de Futbol, cuando persisten problemas estructurales como rezago educativo, falta de infraestructura, escuelas sin agua potable y crisis de aprendizaje.
Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Israel Sánchez, afirmó que pesaron más los argumentos legales, pedagógicos y sociales que la presión política. Consideró que adelantar el cierre del ciclo escolar era una medida «improvisada» y sin sustento técnico, metodológico ni didáctico, que habría perjudicado tanto a estudiantes como a docentes y familias.
Sánchez aseguró que durante los últimos días organizaciones, especialistas, maestros y directivos coincidieron en que el 5 de junio era una fecha inviable para concluir clases, especialmente en un contexto de rezago educativo y deserción escolar.
Añadió que la decisión de mantener el calendario representa «una victoria social» y un primer paso para exigir mejoras de fondo en la educación. SUN





