En cumbre celebrada en Puebla.
Ciudad de México.- Procuradores y fiscales generales de América Latina manifestaron su “enérgico” rechazo a cualquier tipo de corrupción y acordaron hacer un frente común contra ese problema, en el marco de la cumbre que concluyó hoy en Puebla.
Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) destacó la intención de “cerrar el paso” a prácticas ilegales en sector público y privado y subrayó que lo único que los califica como procuradores y fiscales ante la sociedad “son los resultados”.
En el segundo y último día de la cumbre participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela, así como invitados especiales de España, Estados Unidos y Canadá, que estuvieron presentes vía Internet.
Al término de los trabajos los países participantes acordaron reconocer los beneficios de los sistemas penales acusatorios, así como la necesidad de establecer mecanismos desformalizados para eficientar las tareas de la Procuración de Justicia.
Rechazar “de manera enérgica” cualquier tipo de expresión de corrupción en todos los ámbitos; intercambiar experiencias y buenas prácticas para instrumentar acciones contundentes, a fin de erradicar el delito de corrupción transnacional, “sin excepción alguna en la región, incluyendo tanto a la corrupción pública como la privada”.
Asimismo, promover sistemas desformalizados de cooperación jurídica internacional en materia penal, que permitan generar esquemas operativos en las actividades cotidianas, a fin de combatir “de manera eficaz” a la corrupción, delincuencia organizada transnacional y sus delitos conexos.
Los procuradores y fiscales pactaron además establecer grupos técnicos para la coordinación en el intercambio de información en materia de corrupción y delincuencia organizada transnacional, así como sus delitos conexos, y generar acciones concretas en materia de investigación estratégica y operativa, con especial énfasis en los contextos sociales, geográficos, económicos y culturales relacionados con la investigación penal, a fin de generar documentos estratégicos que sean entregados a las asociaciones internacionales regionales pertinentes.
Finalmente, reconocer las capacidades de cada una de las partes en materia de investigación criminal, a efecto de que a través de sus Instituciones se ejecuten directamente acciones encaminadas a la colaboración entre los diferentes actores que participan en el esclarecimiento de los hechos delictivos, particularmente en la práctica de diligencias de identificación genética o antropológica. APRO
