Yanet Aguilar Sosa
La industria editorial mexicana debería arrancar la próxima semana el proceso de producción de alrededor de 37 millones de ejemplares de libros de texto de secundaria, que el Estado mexicano adquiría a las editoriales para distribuirlos entre 5.5 millones de alumnos de más 30 mil escuelas públicas de todo el país; sin embargo, el tiempo se agotó y termina abril sin que los editores privados hayan sido convocados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), para participar en un programa de adquisición de libros que implicaba ingresos a la industria editorial por casi mil 500 millones de pesos.
En un escenario ideal -como lo fue durante 25 años hasta el año pasado-, en abril los editores tenían en sus manos las listas de libros seleccionados por los maestros, así como comprados los insumos -como papel y tinta-, para comenzar la producción editorial de los títulos que entre febrero y marzo llegaban a la SEP para su visto bueno, y se ponían en línea en la plataforma de la Conaliteg para que los maestros de secundaria seleccionaran los títulos que mejor iban con su modelo de enseñanza.
De haber continuado el programa de adquisición de libros de texto de secundaria para el ciclo escolar 2023-24, ya con las listas en mano y los convenios firmados, entre mayo y junio -es decir, a partir de la próxima semana-, las editoriales iniciarían la impresión, pero eso ya no será así, al menos ese es el mensaje que con su silencio les manifiesta la SEP y, en particular, la Dirección General de Materiales Educativos, a cargo de Marx Arriaga, encargado del rediseño de libros que la Cuarta Transformación denomina Nueva Escuela Mexicana.
Hugo Setzer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial (Caniem), afirma que los editores «no han tirado la toalla» y que están en la mejor disposición de activarse si la Conaliteg los convoca a continuar el programa. Sin embargo, la realidad es que hace medio año la comunicación desde la SEP se cerró con los editores y hace casi cinco meses tuvieron la última reunión con Victoria Guillén, directora de la Conaliteg. Desde entonces, a pesar de tocar puertas y enviar comunicaciones, sólo han recibido silencio.
Los Hechos.
En febrero pasado, a través de un webinario, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, aseguró que la Conaliteg ya no iba a tercerizar a imprentas y a editoriales la producción de los libros de texto de secundaria, y acusó que de las 28 editoriales que participaban en el programa, sólo cuatro, SM, Castillo-MacMillan, Santillana y Trillas, «acaparan las principales compras hacia el Estado» y las que habían sido beneficiadas durante las administraciones anteriores.
Incluso apuntó que, tras analizar los contratos en la plataforma de transparencia, «vemos que de esas 28 editoriales son cuatro las que acaparan casi el total de las transacciones en la compra de los libros de texto de secundaria: SM con un promedio de 58% del total de aquellos mil 500 millones; Castillo, ahora fusionada con MacMillan Publishers, un 32%; Santillana, un 4%; y Trillas, 4%. Es decir, de las 28 editoriales, cuatro son las que acaparan las principales compras hacia el Estado, entonces no es un gasto parejo».
En el mismo webinario citó datos de la Auditoría Superior de la Federación de la Conaliteg en 2021. Apuntó que el presupuesto de la Comisión fue de 3 mil 522 millones 260 mil 200 pesos, por lo que los mil 488 millones 200 mil pesos en libros de Caniem al Estado implica que el 42% del presupuesto de la Conaliteg se lo entregó a Caniem. «Así es como acostumbra el Estado tercerizar en la compra de los libros de texto a editoriales privadas», dijo Arriaga.
Citó otro dato de la Auditoría: que de los 183 millones de los libros producidos para el ciclo escolar 2021-2022 la planta industrial de la Conaliteg contribuyó con apenas 2.9% y que la producción privada, fuera de la Federación, alcanzó el 97.1%, «los libros ya no los imprime el Estado sino se imprimen a través de imprentas privadas», e insistió en que la tarea de diseño, impresión y distribución debe ser del Estado, tal como lo mandata el Art. 3 de la Constitución y la Ley General de Educación. Sun
