Enrique Gómez y Luis Carlos Rodríguez, Enviado y Reportero
La creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración, propuestos en la reforma constitucional del presidente López Obrador, puede propiciar una fragmentación peligrosa del Poder Judicial y provocar multiplicidad y disfuncionalidades, señalaron expertos durante el quinto foro organizado por la Cámara de Diputados.
En la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, magistradas y abogados dieron detalles de las sanciones que ha impuesto el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para justificar su existencia y no sea reemplazado por el Tribunal antes mencionado.
En contraparte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que el CJF actúa con opacidad y «actúa como juez y parte en los procesos disciplinarios y administrativos».
Detalló que de 106 sanciones a servidores públicos del PJF, casi la totalidad fueron administrativas, y ello desincentiva la presentación de denuncias.
«El 0.6 corresponde a sanciones económicas y 99.4 a sanciones administrativas, más de 30% fueron sólo amonestaciones. El consejo actúa solamente como una barrera que protege a los infractores», manifestó.
Y denunció que desde 2017, el consejero Felipe Borrego denunció nepotismo en el Poder Judicial, mediante un informe.
En su turno, Manlio Fabio Casarín, doctor en Derecho Público, dijo que la creación del tribunal y el órgano de administración, además de provocar un mayor costo financiero, afectará la interlocución con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). «Esta reforma pretende crear dos estructuras orgánicas paralelas, con diferentes cabezas, lo cual sumado a la que detenta la Corte puede propiciar una fragmentación peligrosa del Poder Judicial, traducida en una multiplicidad y disfuncionalidades».
Enrique Galicia López, del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, dijo que la austeridad afecta a los trabajadores porque no se sustituyen muchas licencias médicas, y ello representa una sobrecarga de trabajo.
Por lo que consideró que crear un órgano de administración judicial puede ser una oportunidad para tener mejores condiciones de trabajo y un aumento salarial anual.
Por su parte, Hortencia María Emilia Molina de la Puente, magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dijo que la creación del Tribunal de Disciplina implica «una amenaza latente para las personas juzgadoras que atentaría directamente contra la independencia judicial».
Planteamiento que fue apoyado por Mónica López Benítez, magistrada consejera del CJF, quien dijo que el Tribunal de Disciplina «no debe revisar el criterio jurisdiccional, pues existe todo un sistema con instancias y mecanismos de impugnación. Pretender lo contrario constituiría al Tribunal de Disciplina en un órgano inquisitorio y de persecución».
Además, atenta «contra los principios constitucionales y tratados internacionales que establecen la obligación de los estados de garantizar la independencia judicial».
Gabriela Rolón Montaño, secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, expuso que actualmente sí se permiten impugnaciones ante las decisiones del CJF, lo que no está contemplado en la iniciativa que crea el Tribunal de Disciplina.
Finalmente, Nadia Villanueva Vázquez, magistrada de Circuito en Xalapa, expresó que el CJF publica en su página las sanciones que emite contra actos de corrupción dentro del Poder Judicial, y eso no ocurre en el Ejecutivo o el Legislativo.
«Ha sido de dominio público cómo también en el Ejecutivo, familiares de nuestro actual Presidente de la República están involucrados en este tipo de actos, no sabemos cuáles son las sanciones que se han llevado a cabo. Sin embargo, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación se nos han hecho señalamientos simplemente genéricos, y por eso se quiere llevar a cabo una destitución o cese de más de mil 700 juzgadores federales». Sun
