*Recibirá Más Atribuciones en Materia de Seguridad.
Tapachula, Chiapas; 25 de Junio de 2025.– El reciente traspaso operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) marca un giro determinante en el rumbo de la seguridad pública en México. Aunque el proceso aún debe ser formalizado por el Senado y los congresos estatales, la intención del Ejecutivo federal para consolidar esta fuerza bajo el mando militar ha encendido alarmas entre especialistas, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.
Así lo dio a conocer el abogado Manuel Márquez, quien recordó que la Guardia Nacional fue creada en 2019 con la promesa de ser una corporación civil que sustituyera a la cuestionada Policía Federal, en un intento por recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. No obstante, el actual gobierno ha optado por integrar plenamente esta fuerza a la estructura de la Sedena, lo que implica un cambio sustancial en su naturaleza y operación.
Ante este escenario, diversas voces críticas advierten que esta medida podría traducirse en mayores riesgos de abuso de poder y restricción de libertades individuales. “Bajo el nuevo modelo, la Guardia Nacional recibiría facultades que incluyen operativos con amplias atribuciones, como el ingreso a domicilios sin orden judicial, lo que ha despertado serias preocupaciones sobre los derechos humanos”, agregó.
A nivel local, el despliegue de la Guardia Nacional ya se ha consolidado en varios estados, incluido el Estado de México. Sin embargo, la percepción ciudadana es ambivalente, aunque algunos sectores ven con buenos ojos una presencia más firme del Estado frente al crimen, otros manifiestan desconfianza, especialmente entre niños y jóvenes, quienes relacionan las patrullas con intimidación más que con protección.
Además, expertos advierten que esta centralización de la seguridad podría debilitar las capacidades y la autonomía de las policías estatales y municipales, que históricamente han sido las más cercanas a las comunidades.
Puntualizó que mientras el Senado y los congresos locales discuten la reforma, las organizaciones civiles hacen un llamado urgente a supervisar el proceso con atención. “No se trata solo de un reacomodo institucional, sino de una redefinición del equilibrio entre el derecho a la seguridad y las libertades civiles que deben regir en un Estado democrático”, sentenció. EL ORBE/Nelson Bautista
