Tapachula Chiapas; 10 de Diciembre 2025.- El avance de la nueva Ley del Agua en México abre un debate urgente sobre la distribución y el uso responsable del recurso hídrico, especialmente en regiones agrícolas como el Soconusco.
Jorge Aguilar Reyna, coordinador comercial del Centro Agroecológico San Francisco de Asís y representante de productores de la Red Maya, advierte que el país enfrenta un punto crítico donde las concesiones históricas, el crecimiento de la agroindustria y el cambio climático están generando tensiones cada vez más frecuentes con las comunidades.
Explica que por años se pidió atender los efectos del cambio climático, pero hoy sus consecuencias son una realidad palpable, sequías prolongadas, disminución de caudales y falta de agua para la población.
A ello se suma el consumo intensivo de grandes empresas agrícolas e industriales que operan no sólo en Chiapas, sino en todo el país. El problema es que las concesiones están chocando con el derecho de las poblaciones a tener agua, afirma.
Cita como ejemplo el caso de Tecate, en la zona norte del país, donde una planta cervecera pretendía instalarse aprovechando su cercanía con Estados Unidos. Aunque generaría inversión y empleo, su operación habría comprometido el suministro de agua para la comunidad.
Si se autorizaba esa concesión, iban a dejar sin agua a la población, este tipo de conflictos, agrega, se ha vuelto cada vez más común.
En el Soconusco, la situación se agrava por la veda existente para la perforación de nuevos pozos, una medida relacionada con las modificaciones en los ríos de la región. El enderezamiento de cauces para ganar superficie cultivable ha reducido la capacidad natural de recarga de los mantos acuíferos. Investigadores como el doctor Tovilla, de Ecosur, han advertido que la eliminación de meandros disminuye la retención de humedad y acelera la pérdida de agua, obligando a perforar pozos cada vez más profundos.
También menciona la controversia en torno a las tarifas preferenciales de electricidad para riego agrícola. Aunque programas como Sembrando Vida contemplan apoyos, muchos pequeños productores no pueden acceder a ellos porque no cuentan con pozos regularizados o concesionados.
Con sequías recurrentes, creciente demanda industrial y poblaciones que ven reducir su acceso al agua, el conflicto es evidente: desarrollo económico versus derecho humano al agua.
Por ello, llama a que el Estado recupere su papel rector para equilibrar intereses. Se necesita garantizar tanto el derecho de la población a contar con agua como el de producir alimentos, enfatiza. EL ORBE/Nelson Bautista
Nueva Ley del Agua Abre Debate Sobre el Uso del Vital Líquido
