Tapachula, Chiapas 5 de febrero de 2026.– Un conflicto social estalló este miércoles en las colonias Confeti, San Román y Pedregal San Ángel, luego de que el propietario de un predio iniciara trabajos para cercar el terreno, acción que fue rechazada por vecinos que aseguran se trata de un área verde de uso común.
El señor Manuel Vargas Rojas, quien se identifica como legítimo dueño de una fracción ubicada en la colonia Pedregal San Ángel, denunció públicamente haber sido víctima de agresiones y actos vandálicos cuando intentó delimitar su propiedad con postes y alambre.
Con documentos en mano, afirmó que el terreno forma parte de una herencia que recibió hace décadas y negó que se trate de un espacio destinado a donación o equipamiento urbano.
Yo heredé esta parte desde que era joven. Hoy estoy enfermo y necesito recursos para mis medicamentos y gastos médicos. Por eso decidí cercarlo y vender por partes, expresó.
El propietario explicó que cuenta con el respaldo legal de la licenciada Isabel Méndez, quien lo asesora para acreditar la situación jurídica ante el Ayuntamiento.
Asimismo, sostuvo que nunca cedió el terreno como área verde y que existe una escritura global que respalda su patrimonio, además de otras fracciones que en su momento vendió a particulares.
Vargas Rojas acusó a líderes locales, entre ellos Belisario Solís Espinoza, de incitar a los colonos en su contra debido a conflictos personales del pasado.
Según su versión, durante el altercado fueron retirados los postes recién colocados y cortado el alambre. Incluso denunció que el conductor de una camioneta intentó embestir a las personas que realizaban los trabajos.
La situación generó momentos de tensión y movilizó a habitantes de las colonias Pedregal San Ángel, Confeti y Quinta Don Ramón, quienes se organizaron para frenar el cercado.
Por su parte, vecinos sostienen que el predio ha sido utilizado durante años como zona de recreación y convivencia, principalmente para niñas y niños del sector.
Argumentan que han dado mantenimiento al lugar y que cumple una función social.
El presidente del Comité de Vigilancia calificó lo ocurrido como un “rojo amanecer” y planteó la posibilidad de que el terreno pudiera estar dentro de una franja federal, debido a su cercanía con antiguas vías férreas.
Buscamos que la autoridad revise los planos y determine la situación legal. No es un interés personal, es un asunto comunitario, señalaron colonos.
Ante la polarización, ambas partes coincidieron en solicitar la intervención de autoridades municipales y, de ser necesario, federales, para realizar una revisión catastral y jurídica que determine con claridad el estatus del predio.
El caso pone en el centro del debate la certeza legal de la tierra y la necesidad de mecanismos institucionales que eviten confrontaciones entre particulares y comunidades, especialmente cuando confluyen necesidades económicas, derechos de propiedad y uso social del suelo. EL ORBE/Nelson Bautista





