Tapachula, Chiapas; 2 de Julio del 2026.- Mientras el discurso oficial insiste en la inclusión, la realidad que enfrentan diariamente las personas con discapacidad en diversos edificios públicos dista mucho de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
La comerciante Brenda Gisel Mérida Ramírez, persona con discapacidad, denunció ante las cámaras de rotativo EL ORBE, las dificultades que representa acudir a la Unidad Administrativa de Tapachula para realizar trámites, debido a que el elevador permanece fuera de servicio, obligando a quienes necesitan acceder a las oficinas ubicadas en los niveles superiores, a depender de terceros o, simplemente, desistir de sus gestiones.
Recientemente acudió a tramitar actas de nacimiento y tuvo la fortuna de que el módulo correspondiente se encuentra en la planta baja; sin embargo, señaló que, si hubiera necesitado acudir a alguna oficina del segundo nivel, no habría podido hacerlo por sus propios medios.
«El elevador no funciona y deberían repararlo. También podrían habilitar un módulo especial para atender a las personas con discapacidad. Deben pensar más en nosotros, porque aunque yo soy independiente, hay muchas personas que dependen de alguien más para poder moverse», expresó.
La entrevistada señaló que, cuando un edificio carece de accesibilidad, se ve obligada a solicitar ayuda para subir escaleras, una situación que considera indigna y contraria al derecho de todas las personas a acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos.
Además, lamentó que, pese a que constantemente se habla de inclusión, humanismo y atención a los grupos vulnerables, todavía existen inmuebles gubernamentales donde faltan rampas funcionales, elevadores en operación y condiciones mínimas de accesibilidad.
Como contraste, reconoció que el Palacio Municipal de Tapachula ya cuenta con un elevador en funcionamiento, lo que representa un avance para garantizar el acceso a las oficinas ubicadas en la planta alta.
No obstante, cuestionó que la Unidad Administrativa continúe en el abandono, con un elevador descompuesto desde hace años y sin una solución visible.
«Hay personas que ayudan y otras que simplemente te ven y no hacen nada. Lo que necesitamos es no depender de la buena voluntad de alguien, sino que existan condiciones de accesibilidad para todos», afirmó.
Brenda Gisel hizo un llamado a las autoridades para dejar de ver la accesibilidad como un favor y asumirla como una obligación legal y un derecho humano. Consideró urgente reparar el elevador y dar mantenimiento permanente al inmueble, ya que diariamente cientos de ciudadanos acuden a realizar trámites.
La falta de infraestructura accesible no solo limita la movilidad de las personas con discapacidad, sino que representa una barrera que vulnera su derecho a la igualdad, a la autonomía y al acceso a los servicios públicos, evidenciando que la inclusión debe reflejarse en acciones concretas y no únicamente en el discurso institucional. EL ORBE/ Mesa de Redacción
Personas con Discapacidad Exigen Accesibilidad Real en la Unidad Administrativa
