* Por Anomalías Durante Proceso Electoral.
Tapachula, Chiapas; 8 de Julio.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) informó que en los últimos cuatro años se han detectado mil 25 casos de corrupción cometidos por funcionarios de los tres niveles de Gobierno y partidos políticos con registro nacional y local.
Sólo en relación al delito de corrupción, la Fiscalía dijo que de los mil 24 expedientes que se abrieron, 26 por ciento están relacionados a funcionarios municipales, 19 por ciento a estatales, 19 por ciento a federales y, el resto, a partidos políticos.
De acuerdo a esa autoridad en materia electoral, el PRI encabeza la lista con 327 expedientes; seguido por el PAN, con 134; el PRD con 76; y Morena, con 47; PVEM con 30; Movimiento Ciudadano con 11 y, finalmente Encuentro Social y el PT con 3 expedientes abiertos en su contra.
Asimismo, el informe señala que hay también 16 investigaciones contra partidos locales y 10 contra independientes.
Los Estados que concentran más de la mitad de los expedientes en los últimos tres años son: Puebla con 207, la Ciudad de México con 117, Veracruz con 87, Oaxaca con 79 y el Estado de México con 74.
De 2014 a la fecha la Fiscalía ha abierto en total 8 mil 843 expedientes por conductas ilegales en el marco de lo electoral, de los cuales, el 11.4 por ciento están relacionados a delitos de corrupción de partidos políticos; de esos expedientes, 171 han derivado en averiguaciones previas.
Asimismo, se detectaron delitos como: coacción del voto por parte de funcionarios, utilización de programas sociales con fines electorales, desviación de recursos de funcionarios, condicionamiento de recursos para beneficiar a candidatos, así como los casos de los Exgobernadores que desviaron recursos hacia partidos políticos.
Según el informe, en los años que hubieron procesos electorales aumentaron exponencialmente los delitos electorales, por ejemplo, en 2014 solo se abrieron 13 expedientes, mientras que en 2015 (año electoral), aumentaron a 161 y en 2016, año en que hubo elección de 12 Gobernadores, se abrieron 624 expedientes.
En el caso del 2018, que también es electoral, aún no se cierra la contabilidad de las denuncias presentadas.
La Fepade informó, además, que se abrieron 265 averiguaciones contra funcionarios de todos los niveles de Gobierno, por haber cargado la balanza contra algún candidato. De ese total, 177 tiene que ver con coacciones a subordinados en términos de participación en eventos proselitistas, así como para votar por un aspirante en particular.
No Hay Castigo Para los Culpables.
La justicia en materia de delitos electorales cometidos en el país enfrenta una evidente falta de efectividad en su labor de dar solución a las denuncias que se presentan, luego de las elecciones más grandes de la historia de México.
Según datos del quinto informe de actividades de la Fepade, el organismo contaba con 3 mil 580 averiguaciones previas en curso.
De esos, el año pasado, la Fepade sólo obtuvo 542 consignaciones, lo que representa el 15 por ciento; 50 sentencias condenatorias, lo que no equivale ni al 2 por ciento del total, y logró 167 órdenes de aprehensión de un Juez que significan sólo el 5 por ciento
Además, en 443 averiguaciones se dictó el no ejercicio de la acción penal, 44 casos se reservaron y en 16 se declaró incompetencia.
Por si fuera poco, esa Fiscalía acarrea, hasta antes de las elecciones del domingo pasado, un rezago anual en promedio de 3 mil 800 asuntos sin resolver.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) contempla castigos por delitos como la compra del voto, el condicionamiento de programas sociales o por dar aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un candidato, que van de 6 meses hasta 15 años de prisión y sanciones económicas que oscilan de 50 hasta 5 mil días de multa por Unidad de Medida (UMA), en donde una unidad equivale a 80 Pesos.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha hecho su labor en lo que a investigar se refiere, sin embargo, cuando se trata de aplicar castigos, su trabajo ha dejado mucho que desear
Los delitos considerados más relevantes por su impacto, al menos en las elecciones a Gobernador realizadas entre el 2016 y el 2017, fueron el condicionamiento del voto mediante programas sociales, el turismo electoral y las conductas delictivas en el financiamiento de campañas, según el estudio “Dinero bajo la mesa” elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad e Integralia Consultores.
En la investigación se detalla que el condicionamiento del voto con respecto a la entrega de apoyos mediante programas sociales entre el periodo señalado, se dio en mayor medida en las zonas más marginadas del país.
El estudio también revela que existe una correlación entre el ilícito de condicionar los programas sociales a cambio de votos y la pobreza de algunas comunidades, ya que en las seis entidades más marginadas del país son en las que se presentaron cifras más altas de este delito.
La Compra Descarada del Voto
y la Sumisión Gubernamental.
De acuerdo a lo que se hizo público a nivel nacional, el miércoles 6 y el jueves 7 de Junio, cientos de personas hicieron fila afuera de la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la colonia Buenavista de la Ciudad de México.
Los asistentes llegaron en camiones de diversas partes de la zona metropolitana, principalmente del Estado de México para -presuntamente- recibir 500 Pesos a cambio de una copia de su credencial de elector.
Al salir, las personas que recibieron el dinero traían consigo sus aparatos celulares envueltos en cinta adhesiva que, de acuerdo con diversos medios, era para evitar que al interior del inmueble priista se tomaran fotos.
Sin embargo, a lo largo del proceso electoral de éste año, varios partidos políticos han sido acusados de utilizar recursos públicos para “convencer” al electorado y así pudieran garantizar la victoria de las elecciones del 1º de Julio.
El 11 de Junio, el consejero electoral Marco Antonio Baños dijo a medios de circulación nacional que el Instituto Nacional Electoral (INE) estaba investigando el acto efectuado en las oficinas del PRI tras una queja.
Sin embargo, el PRI no ha sido el único partido acusado de tratar de comprar votos.
El 14 de Junio, la candidata al Senado por el Revolucionario Institucional, Beatriz Pagés, acusó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al PRD de comprar votos con recursos que no registraron y que deberían de ser objeto de una investigación sobre el origen de los mismos.
Ante este tipo de hechos, la Fepade dio a conocer un comunicado -un día después- en donde se comprometió a trabajar para fortalecer el combate a los delitos en materia penal electoral.
Cabe recordar que la Fepade surgió tras la elección de 1988, como producto de los reclamos ante el presunto fraude que dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari.
La compra del voto en las elecciones de este 1º de Julio fue un acto descarado como muchas otras irregularidades que demostraron cínicamente que todo, supuestamente, estaba arreglado para hacer ganar a los candidatos de un sólo partido político, bajo la sumisión gubernamental. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
